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Antonio Barroso, quien descubriò que sus padres le compraron, tras ser robado, es uno de los denunciantes.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), que presentó este jueves una demanda ante la fiscalía general del Estado por el supuesto robo de 261 niños, denuncia la existencia de un verdadero tráfico de bebés durante el franquismo (1939-75) y hasta finales de los años 80.
Estos bebés eran robados al nacer y a las madres les decían en la clínica que habían muerto. Luego eran vendidos a familias que no podían tener hijos por montantes que van desde las antiguas 50.000 pesetas (300 euros) hasta 1 millón de pesetas (6.000 euros).
El objetivo es que las fiscalías regionales abran investigaciones sobre todos los supuestos casos de niños robados, explicó a la AFP el abogado de las víctimas, Enrique Vila.
La demanda "sigue el mismo hilo por lo que luchamos nosotros", celebró Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que reclama que el Estado se encargue de investigar la suerte de los desparecidos del franquismo.
La fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, ya pidió a principios de diciembre al ministerio de Justicia que ayudara a los "niños robados" en el franquismo a recuperar su auténtica identidad proponiendo abrir una oficina encargada de esas investigaciones.
La fiscalía recordaba que las investigaciones sobre los niños robados durante el franquismo no están previstas en la llamada Ley de memoria histórica, aprobada en 2007 y que buscaba rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura de Francisco Franco.
Durante el franquismo, los bebés eran robados "principalmente por razones políticas, a (mujeres) republicanas" y el objetivo "no era ganar dinero", según Vila.
Un decreto de 1940 permitía al régimen franquista tener la guardia de los niños si su "educación moral" estaba en peligro.
Después, la perversión del sistema cambió de dirección. "Médicos o clínicas privadas han visto la posibilidad de hacer negocio" y empezaron a vender a los bebés, añadió Vila.
Hasta 1987 "no había casi control de la administración" sobre el sistema de adopciones, lo que daba "poder a los médicos", según el abogado.
"A veces las clínicas tenían comisarías donde se hacían los trámites" de registro civil de los recién nacidos y "había connivencia policial", según Silva.
Las identidades de los bebés eran falsificadas y el niño "comprado" figuraba en el libro de familia como hijo biológico de la familia.
Es "muy difícil" saber cuántas familias están afectadas, ya que "muchos niños robados no lo saben y probablemente morirán sin saberlo", según Vila.
ANADIR fue creada por Antonio Barroso, de 41 años, quien descubrió en 2008 que su partida de nacimiento había sido falsificada y que no era hijo biológico de sus padres.
Gracias a la mediatización de varios casos, reciben "cada vez más llamadas de personas con sospechas", aseguró Vila.
Hijos que creen haber sido robados "ven claras diferencias físicas con sus padres", pero también padres a quienes les dijeron que su hijo había muerto pero cuyo cadáver nunca vieron, precisó.
Las madres cuyos hijos eran robados eran "mujeres de estrato social económico bajo que se sabía que no iban a tener los medios suficientes para emprender búsquedas en caso de sospecha", según Vila.
Estos bebés eran robados al nacer y a las madres les decían en la clínica que habían muerto. Luego eran vendidos a familias que no podían tener hijos por montantes que van desde las antiguas 50.000 pesetas (300 euros) hasta 1 millón de pesetas (6.000 euros).
El objetivo es que las fiscalías regionales abran investigaciones sobre todos los supuestos casos de niños robados, explicó a la AFP el abogado de las víctimas, Enrique Vila.
La demanda "sigue el mismo hilo por lo que luchamos nosotros", celebró Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que reclama que el Estado se encargue de investigar la suerte de los desparecidos del franquismo.
La fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, ya pidió a principios de diciembre al ministerio de Justicia que ayudara a los "niños robados" en el franquismo a recuperar su auténtica identidad proponiendo abrir una oficina encargada de esas investigaciones.
La fiscalía recordaba que las investigaciones sobre los niños robados durante el franquismo no están previstas en la llamada Ley de memoria histórica, aprobada en 2007 y que buscaba rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura de Francisco Franco.
Durante el franquismo, los bebés eran robados "principalmente por razones políticas, a (mujeres) republicanas" y el objetivo "no era ganar dinero", según Vila.
Un decreto de 1940 permitía al régimen franquista tener la guardia de los niños si su "educación moral" estaba en peligro.
Después, la perversión del sistema cambió de dirección. "Médicos o clínicas privadas han visto la posibilidad de hacer negocio" y empezaron a vender a los bebés, añadió Vila.
Hasta 1987 "no había casi control de la administración" sobre el sistema de adopciones, lo que daba "poder a los médicos", según el abogado.
"A veces las clínicas tenían comisarías donde se hacían los trámites" de registro civil de los recién nacidos y "había connivencia policial", según Silva.
Las identidades de los bebés eran falsificadas y el niño "comprado" figuraba en el libro de familia como hijo biológico de la familia.
Es "muy difícil" saber cuántas familias están afectadas, ya que "muchos niños robados no lo saben y probablemente morirán sin saberlo", según Vila.
ANADIR fue creada por Antonio Barroso, de 41 años, quien descubrió en 2008 que su partida de nacimiento había sido falsificada y que no era hijo biológico de sus padres.
Gracias a la mediatización de varios casos, reciben "cada vez más llamadas de personas con sospechas", aseguró Vila.
Hijos que creen haber sido robados "ven claras diferencias físicas con sus padres", pero también padres a quienes les dijeron que su hijo había muerto pero cuyo cadáver nunca vieron, precisó.
Las madres cuyos hijos eran robados eran "mujeres de estrato social económico bajo que se sabía que no iban a tener los medios suficientes para emprender búsquedas en caso de sospecha", según Vila.
