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Política
Conforme la Constitución, procede el Estado de Emergencia en caso de invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública. El Gobierno, al decretar un Estado de Emergencia, puede suspender la plena vigencia de ciertos derechos fundamentales, tales como las libertades de hacer lo que la ley no prohíbe, de emisión del pensamiento y de locomoción, así como los derechos a no ser detenido o preso, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden legal librada por autoridad judicial, a la reunión y manifestación pacífica y sin armas, a portar armas y de huelga de los trabajadores del Estado.
Según la alteración a que se enfrente, el Gobierno puede decretar cinco estados de Emergencia: de Prevención, de Alarma, de Sitio, de Guerra y de Calamidad Pública. La finalidad principal de los 4 primeros es restablecer la paz, el orden, la seguridad o el control del Estado, en tanto que la finalidad del Estado de Calamidad Pública es enfrentar catástrofes, calamidades, desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud), y crisis sanitarias (epidemias y situaciones de contaminación graves).
Sin duda, el narcotráfico es un flagelo que padecen sociedades como la nuestra, con elevados índices de impunidad, corrupción y debilidad institucional; y el deber principalísimo del Estado es garantizar a la población la vida, la seguridad, la justicia y la paz.
En nuestra opinión, el Estado de Emergencia no necesariamente es el vehículo más idóneo para combatir el narcotráfico, ya que está previsto para enfrentar específicas alteraciones graves de la normalidad (invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública) y no para resolver problemas preexistentes no resueltos.
Para combatir al narcotráfico, erradicar la impunidad y la corrupción, así como abatir la conflictividad y las causas de la violencia, deben formularse políticas públicas atinentes y consistentes; y, asimismo, elaborarse planes de acción, debidamente financiados, cuyos recursos sean invertidos con eficiencia, transparencia, calidad, rentabilidad mensurable y sin atajos a la ley. Una acción aislada de cortísimo plazo no resuelve un problema de fondo.
Según la alteración a que se enfrente, el Gobierno puede decretar cinco estados de Emergencia: de Prevención, de Alarma, de Sitio, de Guerra y de Calamidad Pública. La finalidad principal de los 4 primeros es restablecer la paz, el orden, la seguridad o el control del Estado, en tanto que la finalidad del Estado de Calamidad Pública es enfrentar catástrofes, calamidades, desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud), y crisis sanitarias (epidemias y situaciones de contaminación graves).
Sin duda, el narcotráfico es un flagelo que padecen sociedades como la nuestra, con elevados índices de impunidad, corrupción y debilidad institucional; y el deber principalísimo del Estado es garantizar a la población la vida, la seguridad, la justicia y la paz.
En nuestra opinión, el Estado de Emergencia no necesariamente es el vehículo más idóneo para combatir el narcotráfico, ya que está previsto para enfrentar específicas alteraciones graves de la normalidad (invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública) y no para resolver problemas preexistentes no resueltos.
Para combatir al narcotráfico, erradicar la impunidad y la corrupción, así como abatir la conflictividad y las causas de la violencia, deben formularse políticas públicas atinentes y consistentes; y, asimismo, elaborarse planes de acción, debidamente financiados, cuyos recursos sean invertidos con eficiencia, transparencia, calidad, rentabilidad mensurable y sin atajos a la ley. Una acción aislada de cortísimo plazo no resuelve un problema de fondo.
