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"La Fiscalía General ha rechazado iniciar una investigación a nivel nacional y pide a cada familia que denuncie ante el juzgado territorial que le corresponda", donde tuvo lugar el supuesto delito, dijo un portavoz de la Fiscalía.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) había presentado el jueves ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, una denuncia para pedir la apertura de una investigación sobre la suerte de 261 bebés probablemente robados.
La Fiscalía justifica su decisión por el hecho de que los presuntos responsables de estos robos no formaban una red delictiva, sino que operaban en varios puntos del territorio español.
Según Anadir, durante la dictadura franquista (1939-1975) y hasta finales de los 80, en España se produjo un auténtico tráfico de bebés, robados a familias sin recursos y entregados o vendidos a padres que no lograban tener hijos.
Durante el franquismo, los bebés eran robados "principalmente por razones políticas, a (mujeres) republicanas", en virtud de un decreto de 1940 que permitía al régimen franquista tener la guardia de los niños si su "educación moral" estaba en peligro, según Enrique Vila, abogado de las víctimas.
Después, la perversión del sistema cambió de dirección. "Médicos o clínicas privadas han visto la posibilidad de hacer negocio" y empezaron a vender a los bebés, añadió Vila.
La fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, ya pidió a principios de diciembre al ministerio de Justicia que ayudara a los "niños robados" en el franquismo a recuperar su identidad proponiendo abrir una oficina encargada de esas investigaciones.
La fiscalía recordaba que las investigaciones sobre los niños robados durante el franquismo no están previstas en la llamada Ley de memoria histórica, aprobada en 2007 y que buscaba rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura de Francisco Franco.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) había presentado el jueves ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, una denuncia para pedir la apertura de una investigación sobre la suerte de 261 bebés probablemente robados.
La Fiscalía justifica su decisión por el hecho de que los presuntos responsables de estos robos no formaban una red delictiva, sino que operaban en varios puntos del territorio español.
Según Anadir, durante la dictadura franquista (1939-1975) y hasta finales de los 80, en España se produjo un auténtico tráfico de bebés, robados a familias sin recursos y entregados o vendidos a padres que no lograban tener hijos.
Durante el franquismo, los bebés eran robados "principalmente por razones políticas, a (mujeres) republicanas", en virtud de un decreto de 1940 que permitía al régimen franquista tener la guardia de los niños si su "educación moral" estaba en peligro, según Enrique Vila, abogado de las víctimas.
Después, la perversión del sistema cambió de dirección. "Médicos o clínicas privadas han visto la posibilidad de hacer negocio" y empezaron a vender a los bebés, añadió Vila.
La fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, ya pidió a principios de diciembre al ministerio de Justicia que ayudara a los "niños robados" en el franquismo a recuperar su identidad proponiendo abrir una oficina encargada de esas investigaciones.
La fiscalía recordaba que las investigaciones sobre los niños robados durante el franquismo no están previstas en la llamada Ley de memoria histórica, aprobada en 2007 y que buscaba rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura de Francisco Franco.
