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Política
Los generales Franco-centro-, y Mola-derecha-, en 1936.
"Traté de aplicar la misma dinámica, las mismas normas, que había aplicado en otros casos como el de Argentina, el de Chile, el del Sáhara (Occidental) y como otros tantos amparados en el principio de jurisdicción universal", afirmó este lunes Garzón en una entrevista con la radio pública Radio Nacional de España (RNE).
El juez Garzón se encuentra suspendido en sus funciones desde mayo pasado, cuando el Tribunal Supremo español decidió juzgarle por un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ndlr) por haber intentado investigar la suerte de los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39) y el franquismo (1939-75) sin tener competencias para ello.
Garzón, de 56 años, se hizo mundialmente famoso en 1998 al ordenar la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet y posteriormente investigó en España los crímenes cometidos durante las dictaduras chilena (1973-1990) y argentina (1976-1983).
El magistrado insistió en que hay que investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo para superar esa época "no con una falsa reconciliación, sino dando respuesta a las víctimas, una respuesta integral que incluya la verdad, justicia y reparación".
"No es bueno que éste (su juicio por prevaricación) sea el resultado final (de las investigaciones sobre los crímenes del franquismo), lo cual no quiere decir que si yo he podido cometer alguna irregularidad, que responda de ella, creo que no, y no al nivel que se imputa de prevaricación", insistió.
Garzón, quien, tras su suspensión como juez en España, trabaja como asesor externo de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), insistió en que piensa que se le suspendió "injustamente, aunque eso es lo que marca la ley" cuando se dicta juicio contra un magistrado.
Todavía no hay una fecha para el juicio de Garzón, que probablemente podría tener lugar para el final del verano (boreal) y en el que, si resultara condenado, significaría en la práctica el fin de su carrera como juez, ya que podría ser inhabilitado hasta por 20 años para ejercer como juez.
"Aunque acabara mi carrera como juez en España nunca acabaría mi vinculación con la administración de justicia y con lo que es y ha sido mi profesión que es la de ser juez y trabajar siempre en defensa de las víctimas por aquello que creo que es justo", insistió, dando a entender que podría seguir activo en otros ámbitos judiciales internacionales.
Además del juicio por el franquismo, Garzón está siendo también investigado por el Tribunal Supremo por un caso de pagos indirectos por el banco Santander de conferencias sobre el terrorismo que dio en Nueva York en 2005 y en 2006 y en un tercero, por supuestamente haber ordenado unas escuchas ilegales durante la investigación de un caso de corrupción.
Durante el proceso que abrió Garzón por los crímenes del franquismo, imputó como acusados a los generales del ejército que dieron el golpe de estado en 1936, entre ellos los generales Francisco Franco y Emilio Mola, por lo que pidió al registro una copia del certificado de defunción de cada uno de ellos. Así, una vez tuvo las copias de los certificados, confirmó que estaban muertos y, por lo tanto, quedaba extinta la responsabilidad penal. Por ello, según Garzón, sólo faltaría buscar las fosas de fusilados, abrirlas y exhumar los cuerpos. Algunas asociaciones españolas de izquierdas criticaron este paso, argumentando que aún quedan franquistas vivos, a los que se podría juzgar, aunque no fuesen generales u oficiales del ejército, sino mandos medios del ejército, de la policía o del partido único de la dictadura, la Falange.
El juez Garzón se encuentra suspendido en sus funciones desde mayo pasado, cuando el Tribunal Supremo español decidió juzgarle por un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ndlr) por haber intentado investigar la suerte de los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39) y el franquismo (1939-75) sin tener competencias para ello.
Garzón, de 56 años, se hizo mundialmente famoso en 1998 al ordenar la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet y posteriormente investigó en España los crímenes cometidos durante las dictaduras chilena (1973-1990) y argentina (1976-1983).
El magistrado insistió en que hay que investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo para superar esa época "no con una falsa reconciliación, sino dando respuesta a las víctimas, una respuesta integral que incluya la verdad, justicia y reparación".
"No es bueno que éste (su juicio por prevaricación) sea el resultado final (de las investigaciones sobre los crímenes del franquismo), lo cual no quiere decir que si yo he podido cometer alguna irregularidad, que responda de ella, creo que no, y no al nivel que se imputa de prevaricación", insistió.
Garzón, quien, tras su suspensión como juez en España, trabaja como asesor externo de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), insistió en que piensa que se le suspendió "injustamente, aunque eso es lo que marca la ley" cuando se dicta juicio contra un magistrado.
Todavía no hay una fecha para el juicio de Garzón, que probablemente podría tener lugar para el final del verano (boreal) y en el que, si resultara condenado, significaría en la práctica el fin de su carrera como juez, ya que podría ser inhabilitado hasta por 20 años para ejercer como juez.
"Aunque acabara mi carrera como juez en España nunca acabaría mi vinculación con la administración de justicia y con lo que es y ha sido mi profesión que es la de ser juez y trabajar siempre en defensa de las víctimas por aquello que creo que es justo", insistió, dando a entender que podría seguir activo en otros ámbitos judiciales internacionales.
Además del juicio por el franquismo, Garzón está siendo también investigado por el Tribunal Supremo por un caso de pagos indirectos por el banco Santander de conferencias sobre el terrorismo que dio en Nueva York en 2005 y en 2006 y en un tercero, por supuestamente haber ordenado unas escuchas ilegales durante la investigación de un caso de corrupción.
Durante el proceso que abrió Garzón por los crímenes del franquismo, imputó como acusados a los generales del ejército que dieron el golpe de estado en 1936, entre ellos los generales Francisco Franco y Emilio Mola, por lo que pidió al registro una copia del certificado de defunción de cada uno de ellos. Así, una vez tuvo las copias de los certificados, confirmó que estaban muertos y, por lo tanto, quedaba extinta la responsabilidad penal. Por ello, según Garzón, sólo faltaría buscar las fosas de fusilados, abrirlas y exhumar los cuerpos. Algunas asociaciones españolas de izquierdas criticaron este paso, argumentando que aún quedan franquistas vivos, a los que se podría juzgar, aunque no fuesen generales u oficiales del ejército, sino mandos medios del ejército, de la policía o del partido único de la dictadura, la Falange.
