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"Yo soy inocente ante los ojos de Dios y de mí mismo", dijo en conferencia de prensa un conmovido Patishtán, quien fue recibido por un extenso comité de prensa, diversas ONG nacionales y extranjeras que abogan por los derechos humanos e incluso por personalidades eclesiásticas y artísticas.
Horas antes, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, había "determinado otorgar el indulto al profesor Alberto Patishtán Gómez y notificarle su libertad inmediata", informó el secretario (ministro) de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien reconoció "violaciones graves a derechos humanos, particularmente del debido proceso".
El mandatario ya había anunciado el martes que tomaría esta medida coincidiendo con la entrada en vigor el jueves de una reforma al Código Penal que permite al gobierno indultar a una persona sentenciada cuyos derechos humanos fueran violados durante el proceso y que haya agotado todo sus recursos judiciales en el país.
"No guardo rencor, en mi corazón hay paz. Lo que toca al Estado es del Estado", dijo el profesor en una larga conferencia en la que se le preguntó si solicitará la reparación del daño.
Sin embargo, Pedro Alfaro, representante de la ONG Centro Fray Bartolome de las Casas, dijo que han llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ahora lo impulsarán "con más fuerza".
"¡Al profe Patishtán nadie lo indultó, el pueblo organizado lo liberó!", gritaban sus simpatizantes en la abarrotada conferencia, a la que llegó sonriente, con el puño en alto en señal de victoria, y acompañado de sus dos hijos.
Tras purgar 13 años de cárcel en el estado de Chiapas (sur), Patishtán recibió este jueves su orden de liberación en una residencia hospitalaria de Ciudad de México, adonde había sido trasladado a principios de mes por un tumor en el cerebro.
El profesor de 42 años y de etnia tzotzil fue detenido en 2000 tras la muerte de siete policías en una emboscada de hombres armados en el municipio de El Bosque, una zona montañosa de Chiapas, en un contexto de enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Ese mismo año fue condenado a 60 años de prisión por homicidio pese a que su defensa y grupos civiles alertaron que en el juicio no se tuvieron en cuenta pruebas que demostraban su inocencia, incluidos varios testimonios que aseguran que no estuvo en el lugar de la masacre.
Reclamos a la justicia mexicana
La oficina en México de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos saludó la liberación y señaló que existen altas expectativas de que otras personas sentenciadas, cuyos derechos humanos han sido violados, logren acceder al mismo beneficio.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo "le enmendaron la plana al judicial, que ha incumplido con sus obligaciones", dijo de su lado a la AFP Julio Hernández, experto en derecho de la privada Universidad Iberoamericana.
El pasado 12 de septiembre, un tribunal de Chiapas le denegó a Patishtán el último recurso de apelación ante la justicia mexicana, luego de que la Suprema Corte de Justicia rechazara la competencia del caso.
Amnistía Internacional recordó este jueves que, aunque se haya admitido la injusticia que se cometió con Patishtán, no se trata de un caso aislado en el país.
"Las cárceles de México están pobladas por incontables casos como el de Patishtán", dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional, en un comunicado.
Una de las irregularidades denunciadas en el juicio a Patishtán fue la falta de acceso a un traductor en su lengua, el tzotzil.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena, hay al menos 8.300 encarceladas en México que sólo hablan su lengua autóctona y que en su mayoría han carecido de un defensor y de un interprete al español durante sus procesos judiciales.
Durante su paso por cinco cárceles, una de ellas de máxima seguridad, Patishtán creó dos organizaciones de presos indígenas pobres para protestar por las irregularidades que muchos habían sufrido, con acciones que incluyeron huelgas de hambre.
Sus dos hijos, Gabriela (22 años) y Héctor (17 años) encabezaron una fuerte campaña activista en favor de la liberación de su padre, quien procede de una familia muy humilde y nunca pudo recibir la visita en prisión de su madre por problemas de salud y falta de recursos.
