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Política
Serrano Súñer, Franco y Mussolini
"Me basé en los pronunciamientos del fiscal Federico Delgado", precisó la jueza, en referencia a una resolución de la fiscalía de fines de abril, que había recomendado desestimar las denuncias con los mismos argumentos.
La denuncia había sido presentada el 14 de abril para que se investiguen los crímenes cometidos en España desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de julio de 1977, cuando fueron convocadas elecciones tras el régimen del general Francisco Franco.
Familiares de víctimas y representantes de organizaciones de derechos humanos de España y de Argentina, anticiparon que apelarán el fallo ante la Cámara Federal.
El fiscal Delgado había recordado que "cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad".
Insistió en que hay causas abiertas en los tribunales de Madrid sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Franco.
"Iniciar un proceso en la República Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor. Eso es incompatible con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos", sostuvo Delgado.
Sin embargo, los abogados querellantes insisten en que las causas en España están cerradas formalmente, al ser acusado de prevaricato el juez investigador, Baltasar Garzón.
Además Ricardo Uñis, uno de los abogados de las víctimas, afirmó que la querella presentada en los tribunales argentinos es diferente de la de España.
"La investigación de Garzón apunta a devolverle a los familiares los restos de sus seres queridos, pero nosotros estamos acusando ministros y generales del franquismo por el delito de genocidio", explicó.
La denuncia en Buenos Aires fue realizada por el español Darío Rivas (90 años), hijo de Severino Rivas, un alcalde gallego ejecutado, y por la argentina Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado en 1936 cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca.
Garzón enfrenta una pena de 20 años de inhabilitación profesional por haber querido, por primera vez en España, investigar sobre los desaparecidos de la Guerra civil y durante el franquismo, a pesar de la ley de amnistía.
"Necesitamos un Garzón en Argentina", había dicho el abogado Carlos Slepoy, uno de los querellantes, cuando se presentó la denuncia en Buenos Aires.
El magistrado español cobró relevancia mundial cuando aplicó el principio de la jurisdicción universal al abrir juicios por terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad en las dictaduras de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990).
La querella de los familiares de víctimas del franquismo tiene el respaldo de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España y entidades argentinas como Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras.
La denuncia había sido presentada el 14 de abril para que se investiguen los crímenes cometidos en España desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de julio de 1977, cuando fueron convocadas elecciones tras el régimen del general Francisco Franco.
Familiares de víctimas y representantes de organizaciones de derechos humanos de España y de Argentina, anticiparon que apelarán el fallo ante la Cámara Federal.
El fiscal Delgado había recordado que "cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad".
Insistió en que hay causas abiertas en los tribunales de Madrid sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Franco.
"Iniciar un proceso en la República Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor. Eso es incompatible con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos", sostuvo Delgado.
Sin embargo, los abogados querellantes insisten en que las causas en España están cerradas formalmente, al ser acusado de prevaricato el juez investigador, Baltasar Garzón.
Además Ricardo Uñis, uno de los abogados de las víctimas, afirmó que la querella presentada en los tribunales argentinos es diferente de la de España.
"La investigación de Garzón apunta a devolverle a los familiares los restos de sus seres queridos, pero nosotros estamos acusando ministros y generales del franquismo por el delito de genocidio", explicó.
La denuncia en Buenos Aires fue realizada por el español Darío Rivas (90 años), hijo de Severino Rivas, un alcalde gallego ejecutado, y por la argentina Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado en 1936 cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca.
Garzón enfrenta una pena de 20 años de inhabilitación profesional por haber querido, por primera vez en España, investigar sobre los desaparecidos de la Guerra civil y durante el franquismo, a pesar de la ley de amnistía.
"Necesitamos un Garzón en Argentina", había dicho el abogado Carlos Slepoy, uno de los querellantes, cuando se presentó la denuncia en Buenos Aires.
El magistrado español cobró relevancia mundial cuando aplicó el principio de la jurisdicción universal al abrir juicios por terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad en las dictaduras de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990).
La querella de los familiares de víctimas del franquismo tiene el respaldo de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España y entidades argentinas como Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras.
