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Franco-en el centro-con algunos militares y un obispo
"Creemos que el Estado español, a través de su judicatura, debe juzgar las desapariciones forzadas", señaló Ariel Dulitzky, miembro de este grupo, en una rueda de prensa para informar de las observaciones preliminares al culminar su visita a España, iniciada el 23 de septiembre.
La visita responde a la reivindicación de los familiares de las víctimas, que piden conocer que ocurrió a los más de 100.000 desaparecidos y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Franco (1939-1975), sucesos que décadas después aún no han sido ni investigados ni condenados.
Según el grupo de trabajo, este hecho se debe, entre otros factores, a la ley de Amnistía aprobada en 1977 y a la interpretación de la justicia española de que estos presuntos crímenes están prescritos.
En este sentido, Dulitzky recordó que "en el contexto de ataques generalizados a la población civil como los que ocurrieron durante la guerra civil y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional y por lo tanto deben ser consideradas imprescriptibles".
Además, urgió al Gobierno español a derogar la ley de Amnistía de 1977, que "no puede servir como una barrera a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos", afirmó.
Durante su estancia en España, en la que visitaron Madrid, Barcelona, Sevilla y el País Vasco, el grupo de trabajo se reunió con autoridades políticas así como con centenares de familiares de víctimas que expresaron "su profunda frustración" con las dificultades que se encuentran para conocer la suerte de los desaparecidos.
"Dado el transcurso del tiempo y la avanzada edad de muchos de los testigos y familiares, es urgente que el Estado atienda a la demanda de verdad como una inmediata prioridad", apremió el grupo en un comunicado.
El informe final de la visita será publicado el próximo año y presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La visita responde a la reivindicación de los familiares de las víctimas, que piden conocer que ocurrió a los más de 100.000 desaparecidos y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Franco (1939-1975), sucesos que décadas después aún no han sido ni investigados ni condenados.
Según el grupo de trabajo, este hecho se debe, entre otros factores, a la ley de Amnistía aprobada en 1977 y a la interpretación de la justicia española de que estos presuntos crímenes están prescritos.
En este sentido, Dulitzky recordó que "en el contexto de ataques generalizados a la población civil como los que ocurrieron durante la guerra civil y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional y por lo tanto deben ser consideradas imprescriptibles".
Además, urgió al Gobierno español a derogar la ley de Amnistía de 1977, que "no puede servir como una barrera a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos", afirmó.
Durante su estancia en España, en la que visitaron Madrid, Barcelona, Sevilla y el País Vasco, el grupo de trabajo se reunió con autoridades políticas así como con centenares de familiares de víctimas que expresaron "su profunda frustración" con las dificultades que se encuentran para conocer la suerte de los desaparecidos.
"Dado el transcurso del tiempo y la avanzada edad de muchos de los testigos y familiares, es urgente que el Estado atienda a la demanda de verdad como una inmediata prioridad", apremió el grupo en un comunicado.
El informe final de la visita será publicado el próximo año y presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
