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En esta carrera contrarreloj, el gobierno argentino denunció otra vez ser víctima de una extorsión judicial promovida por esos fondos, a los que califica de "buitres", y aseguró que seguirá pagando su deuda reestructurada pese al fallo del juez federal estadounidense Thomas Griesa que bloquea dinero depositado a ese efecto en Nueva York.
"No se ha alcanzado ninguna solución en el impasse entre las partes", señaló el viernes el mediador Daniel Pollack tras recibir nuevamente a la comitiva argentina durante algo más de una hora luego de una reunión infructuosa el jueves.
Los representantes argentinos "regresarán a Buenos Aires esta noche para informar y buscar más instrucciones de parte de su Gobierno", afirmó Pollack en un comunicado en el que explicó que "habló por teléfono" con los fondos y que "habrá más comunicaciones con las partes antes de la fecha de default", el miércoles 30 de julio.
Del lado argentino, el Ministerio de Economía emitió un breve comunicado indicando que en la reunión "se profundizó sobre los diferentes aspectos del litigio y las diversas alternativas que se presentan".
Los fondos especulativos NML Capital y Aurelius tienen una sentencia a su favor de Griesa para el cobro de 1.330 millones de dólares en concepto de bonos impagos de la deuda soberana argentina que entraron en default en 2001.
El juez bloqueó el pasado 27 de junio un giro de 539 millones de dólares de Argentina a un banco de Nueva York para pagar un tramo de su deuda canjeada en 2005 y 2010, exigiendo el cumplimiento de su sentencia que establece que al mismo tiempo el país debe abonar a los litigantes.
Si ese pago a los bonistas que entraron en las reestructuraciones no se efectúa antes de que venza el plazo de gracia el 30 de julio, el país entraría en un default técnico, diferente al colapso total de fines de 2001 pero de consecuencias imprevisibles para su economía.
- "Extorsión judicial", según Argentina -
Los fondos compraron los títulos de la deuda argentina ya en default y luego litigaron en la justicia estadounidense para cobrar 100% de su valor, rechazando entrar en los canjes que implicaban quitas de hasta un 70% de sus acreencias. Otros acreedores, 92,4% del total, aceptaron los canjes.
Luego de que la Corte Suprema de EEUU rechazara ver en el caso a mediados de junio, la sentencia redactada por Griesa en 2013 quedó vigente.
Desde el gobierno argentino se insiste en que el fallo del magistrado "es una extorsión judicial", como reiteró este viernes el ministro de Economía Axel Kicillof ante el Consejo de Finanzas de Unasur reunido en Buenos Aires.
Kicillof detalló que los fondos especulativos promovieron unos 900 embargos contra bienes de Argentina, entre ellos la "Fragata Libertad", buque insignia de la Marina, las reservas del Banco Central, satélites y hasta sedes diplomáticas.
"¿Díganme si el intento de embargar la embajada argentina en Washington no es un intento de extorsionar al país?", preguntó Kicillof. "Negociar nada, embargar todo", se respondió.
El ministro afirmó que en Argentina "nadie quiere un default, nadie festeja un default". "Estamos dispuestos a dialogar pero no vamos a aceptar la extorsión", dijo.
Argentina pide la suspensión del fallo hasta fin de año para poder negociar con los fondos, ya que debe evitar que se aplique una cláusula de los canjes que le impide mejorar antes de esa fecha la oferta recibida por los acreedores que cambiaron sus bonos, so pena de tener que igualar los pagos.
Desde el estallido de la crisis económica de fines de 2001, Argentina se ha autoexcluido de los mercados de capitales tras el default y las necesidades de financiamiento del gobierno se cubren en buena medida gracias a una política comercial que prioriza el superávit.
