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Política
El tránsito de la norma no ha sido sencillo. La norma original, la Ley N° 27806, dejaba sin precisión aspectos básicos, especialmente los relacionados al manejo de la información reservada por lo que el Parlamento debió modificar la ley antes que la Defensoría del Pueblo demande su inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, asimismo, ha fortalecido la ley a través de varias sentencias, una de las cuales señala que se afecta el derecho de acceso a la información cuando la información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada.
A 10 años de promulgada la norma se puede afirmar que con ella se ha empezado la ardua tarea de erradicar la cultura del secreto público y la apropiación de la información que produce, gestiona y recoge el Estado. Durante este tiempo, la norma ha sido utilizada en oportunidades cruciales por los ciudadanos y por la sociedad civil organizada, generándose un procedimiento de acceso a la información que a fuerza de aplicarse se convierte en cultura.
A la Defensoría del Pueblo le cabe en ello un rol que debe ser reconocido, por haber puesto en marcha arreglos institucionales a través de su Programa de Descentralización y Buen Gobierno con indicadores de cumplimiento de la ley a nivel nacional, regional y local. En el mismo sentido ha cumplido un papel destacado el Consejo de la Prensa Peruana, que desde el mismo año 2002 lleva a cabo acciones de monitoreo de la ley, expresadas en el Proyecto Municipios Transparentes en varias regiones del país.
Los datos disponibles permiten el optimismo. Según la Presidencia del Consejo de Ministros, hasta el año 2010 se había recibido en el gobierno más de 68 mil pedidos de información, de los cuales habían sido respondidos el 95%; del mismo modo se ha reportado que entre el año 2003 y 2011 los recursos de Hábeas Data llegados al Tribunal Constitucional fueron casi 10 mil.
Sin embargo, el proceso está lleno de desafíos y el principal de ellos sigue siendo la renuencia de los funcionarios a entregar la información a la que están obligados. La Defensoría del Pueblo reporta que el año 2011 recibió 1. 118 quejas por incumplimiento para acceder a solicitudes de información y en lo que va del presente año, 665 quejas. Otros problemas añadidos son la pérdida de información, el cambio de autoridades, la escasa claridad de los contenidos y, sobre todo, la falta de difusión de las normas para un uso más frecuente y oportuno. A pesar de ello, esta es una buena oportunidad para evaluar los avances y demandar su desarrollo.
