Inicio
Política
La Avenida Bolívar estaba llena de carros que reclamaban con sus bocinas el desvío de ruta que motorizados de Tránsito orientaban con señales de brazos y pitadas, para dar paso a una silenciosa caravana de buses escolares de la que bajaron, con pancartas y banderas, personas que nomás pisaron suelo frente al edificio de la Asamblea Nacional, corrieron a refugiarse en los árboles del vecino parque Luis Alfonso.
A una cuadra de distancia del desembarco, estaba ese pequeño lote verde del parque Pedro Joaquín Chamorro, en la esquina oeste del edificio parlamentario. Desde ahí centenares de hombres y mujeres veían atentos el movimiento, teniendo ante sus ojos un paisaje paupérrimo de “casas” de cartones y plásticos negros que desde entonces se conoce como “Ciudadela Nemagón”. Ahí estaba Lucas Evangelista Roque, sentado en la yerba, bajo la sombra de un mango frondoso, con las piernas extendidas, las zapatillas destartaladas a un lado y con una rama en la mano.
Galería de horror
Tenía una historia alucinante. Había sido obrero de una finca bananera en su juventud y aseguraba que a consecuencia de su exposición de más de diez años al pesticida Nemagón, su sistema nervioso había quedado tan alterado que llevaba años sin dormir.
Él era uno más de una extensa galería de niños, mujeres y hombres de todas edades que contaban y mostraban historias de horror sobre abortos de fetos bicéfalos, niños con huesos deformes, hombres de cuyas panzas brotaban burbujas de aguas negras que reventaban entre hervores fétidos al acercarse a las plantaciones de banano y un sinfin de transformaciones que ellos mostraban en las protestas.
Esa vez Lucas Evangelista era testigo de lo que nunca esperó ver en sus 40 y tantos años: los miembros de una misma desgracia divididos en su búsqueda de justicia.
Eran dos grupos de ex bananeros proclamando la “exclusividad” de ser víctimas del pesticida. Protestaban por separado ante la Asamblea Nacional, en demanda de atención social del gobierno.
Lucas Evangelista, con su cuerpo en ruinas por los desvelos crónicos y sosteniendo como arma una rama tan seca como sus piernas, trataba de “defender” a su grupo de la “invasión” de aquellos ex compañeros de labores que como él, venían a Managua en marchas y caravanas a llamar a gritos la atención de una sociedad que apenas empezaba a horrorizarse de las tragedias de “los del Nemagón”.
Estirpe contaminada
Para entonces, Lucas había perdido toda esperanza de dormir y ganar algún dinero para curar sus dolencias y heredarle “algo” a su hija Clarita, una niña sin juicio que parecía animalita sin domesticar, y última sobreviviente de una estirpe contaminada de la que no escapó Lucas Jeremías, el otro hijo del ex trabajador de las bananeras, que murió a los ocho años en un cuerpo que parecía de seis meses.
El insomnio de Lucas finalizó a inicios de marzo de 2006, cuando sintió sueño repentino y se acostó en una vieja tijera en su rancho de Villa 15 de Julio. Quizás fue mejor para él, porque no hubiera encontrado más ramas con que defenderse de la división de su gremio, ni más coraje para indignarse ante lo que ahora ocurre con esa su causa que lo llevó a dormir eternamente.
Sentencia a muerte
Benjamín Chávez es de esos periodistas de vieja escuela que se comprometen con las causas de sus audiencias.
Por ello se le ha visto por años en marchas, mítines y protestas en Chinandega, gestionando medicinas y ayuda para bananeros enfermos, y arengando desde su programa radial a luchar contra aquellas acciones destinadas, según su visión, a destruir al movimiento.
Pero el gremio agrícola, el mismo que un día apareció por Managua unido y mostrando su músculo en agotadoras jornadas de a pie a lo largo de 140 kilómetros, parece destinado a la muerte producto de las divisiones internas que tienen a la causa campesina, al igual que el veneno que les afectó la vida, con un pie en la tumba.
“El principal golpe de muerte lo dio la juez Victoria Chaney, en abril de 2009”, dice categórico Chávez.
Habla de la sentencia dictada en la Corte de California contra el bufete de Juan José Domínguez y sus socios nicaragüenses, que reclamaban a Dole una indemnización millonaria para los jornaleros nicas.
Quimera de oro
En su sentencia la juez no sólo rechazó la demanda, sino que ordenó una investigación contra los abogados por fraude, llamó a otros jueces para rechazar toda demanda contra Dole y anunció, de modo irreversible, que desde entonces abogaría porque nunca más en Estados Unidos se abrieran juicios con documentos, pruebas y leyes nicaragüenses.
En congelación quedaron reclamos por 21 mil 500 millones de dólares que las firmas de abogados reclamaban en nombre de más de 23 mil campesinos en tribunales de Managua, Chinandega y EU.
El fallo de Chaney tuvo su incidencia. En octubre de 2009, el juez Paul C. Huck, del Distrito de Miami, detuvo la ejecución de una sentencia por 98.5 millones de dólares que el bufete Provost Umphrey peleaba contra Dole y la compañía Dow.
El veredicto se basó en que la corte nicaragüense que emitió la sentencia no tenía jurisdicción en suelo estadounidense, ni satisfacía “normas del derecho internacional”.
¿Racismo judicial?
La sentencia de Chaney, a criterio del abogado nicaragüense Antonio Hernández Ordeñana, fue un rudo golpe para las aspiraciones de miles de personas que esperan, en pobreza y agonía, un pago por los daños provocados por el uso del Nemagón en las plantaciones bananeras.
“Nos golpeó duro la juez, una mujer insensible y racista que mira como lacra a los latinoamericanos, pero aun así vamos a seguir luchando contra ese monstruo”, dijo Hernández Ordeñana
Para Victorino Espinales, quien no está representando en ningún bufete de abogados y negocia junto a otros campesinos de manera directa con Dole, el fallo estadounidense mató de tajo toda posibilidad de justicia en EU.
“Los abogados deberían ser honestos y decirle a la gente que todo se acabó, pero no lo hacen porque quieren seguir engañando a la gente y ellos negociar por debajo con las compañías”, acusó Espinales, otrora líder de la mayoría de bananeros, que hoy están fragmentados en una sopa de siglas y organizaciones que buscan el mismo tesoro.
División tóxica
Al inicio de la lucha, allá por 1998, era sólo la Asociación de Trabajadores y ex Trabajadores Afectados por el Nemagón (Asotraexdan). Luego apareció Aobon: Asociación de Obreros Bananeros de Occidente afectados por el Nemagón. Se sumó la Asociación de Trabajadores Bananeros y ex Bananeros de Nicaragua afectados por el Nemagón (Atben).
Además está la Oficina Legal de los Bananeros, la Asociación de Obreros ex Bananeros Nicaragüenses (Asonef), la Federación de Trabajadores Bananeros de Chinandega (Fetrabach), el grupo Ogesa (Bufete Ojeda, Gutiérrez, Espinoza y Asociados), el grupo del bufete jurídico Provost Umphrey, la Unidad Independiente de José Rodolfo Zeledón y la Alianza Nacional que aglutina a Espinales y otros sectores inconformes con los abogados.
“Yo lideré a esta gente por más de 20 años, los organicé y los respaldé toda la vida. Vi morir a más de 1,500 de mi gente en esos campamentos, en las marchas, en sus ranchos. Sé de miles que ya no pueden caminar y están postrados agonizando, y los abogados los mantienen engañados con el cuento de que pronto van a venir los dólares, pero no se atreven a decirle que ya todo murió”, reclama Victorino, odiado entre miles de campesinos que lo ven como un agente de las transnacionales y como el principal elemento de la división.
Peor que el Nemagón…
“A Victorino lo echamos del campamento el 30 de diciembre de 2007 porque ya no lo soportábamos con su crueldad, era un corrupto y vividor de la lucha de nuestra pobre gente”, dice Altagracia del Socorro Solís, la líder del campamento que sobrevive frente a la Asamblea Nacional y otrora seguidora del dirigente bananero.
“Es cierto, la mayoría estamos sufriendo, tanto allá en las comunidades como aquí en el campamento donde gracias a Dios y al presidente Daniel Ortega, tenemos alimentos, medicina y apoyo, pero si hay un mal peor que el Nemagón en esta lucha, es Victorino”, acusa ella, respaldada por el resto de miembros del mismo campamento donde una vez estuvo sentado Lucas Evangelista, con su insomnio crónico y su rama en la mano, defendiendo la lucha y esperando un dólar, de los miles y miles que le prometieron, y de los cuales ni uno solo ha venido en diez años de espera.
La ambición fue la maldición
Si bien la tragedia del Nemagón inició desde que empezaron a trabajar en las fincas bananeras en los años 70, fue hasta en los 90 que el país empezó a conocer de ellos mediante las crónicas e historias que desde Chinandega contaban los periodistas como Benjamín Chávez, ex corresponsal para EL NUEVO DIARIO.
Según Chávez, aunque la organización de los campesinos para reclamar una indemnización comenzó a mediados de los 90, fue hasta en el año 2000 que comenzó la verdadera batalla legal, con la aprobación de la Ley 364, Ley Especial para la Tramitación de los Juicios Promovidos por las Personas Afectadas por el DBCP (Di-Bromo-Cloro-Propano, composición química del pesticida conocido comercialmente como Nemagón).
La ley establecía una indemnización mínima de 100 mil dólares para trabajador afectado, si un juez así lo determinaba en juicio. Chávez dice que capitanes de campo y abogados empezaron a reclutar a gente que no era afectada ni ex trabajadores para meterlos en las listas de demandantes, a cambio de una comisión de las jugosas demandas contra las transnacionales.
Ambición y maldición
“Eso contaminó la lucha. Duele decirlo, pero fue ya con la ley a nuestro favor que comenzaron las traiciones y divisiones que hoy, por las ambiciones de unos pocos, mantienen las demandas de las víctimas en un pozo sin fondo”, cuenta el periodista chinandegano.
Chávez lleva anotada en sus cuentas a más de 3,000 personas muertas, desde que iniciaron los juicios masivos contra las transnacionales al amparo de la citada ley aprobada el 23 de noviembre del año 2000,
Sus números no se concilian con los reportes de otros grupos. Los abogados Barnard Zavala y Martha Cortés, calculan un poco más de 350 clientes que se les han muerto durante el avance de los juicios y reportan que han elaborado más de 500 testamentos y declaratorias de herederos de sus representados gravemente enfermos.
En el grupo de Ogesa, de acuerdo con Chávez, se reportan más de 400 fallecidos desde 2005.
El veterano periodista citó que antes de 2005 y desde el inicio de los juicios en el año 2000, al menos 300 personas más se les habían muerto durante los procesos judiciales. Ahora estima que hay un grupo de 500 personas afectadas con cáncer e insuficiencia renal crónica que están en estado crítico.
La oficina Legal de los Bananeros reporta casi 380 muertos desde 2002 y unas 500 personas en graves estados de salud y el sindicalista Roberto Ruiz estima en 200 aproximadamente el número de sus muertos.
Desde el municipio de El Viejo, Rodolfo Zeledón, un dirigente sindical que inició sus demandas al frente de un grupo de 180 ex trabajadores de las bananeras, asegura que a la fecha le quedan 160 compañeros vivos y 50 de ellos están gravemente enfermos y con posibilidades de acompañar a Lucas Evangelista en su sueño eterno.
A una cuadra de distancia del desembarco, estaba ese pequeño lote verde del parque Pedro Joaquín Chamorro, en la esquina oeste del edificio parlamentario. Desde ahí centenares de hombres y mujeres veían atentos el movimiento, teniendo ante sus ojos un paisaje paupérrimo de “casas” de cartones y plásticos negros que desde entonces se conoce como “Ciudadela Nemagón”. Ahí estaba Lucas Evangelista Roque, sentado en la yerba, bajo la sombra de un mango frondoso, con las piernas extendidas, las zapatillas destartaladas a un lado y con una rama en la mano.
Galería de horror
Tenía una historia alucinante. Había sido obrero de una finca bananera en su juventud y aseguraba que a consecuencia de su exposición de más de diez años al pesticida Nemagón, su sistema nervioso había quedado tan alterado que llevaba años sin dormir.
Él era uno más de una extensa galería de niños, mujeres y hombres de todas edades que contaban y mostraban historias de horror sobre abortos de fetos bicéfalos, niños con huesos deformes, hombres de cuyas panzas brotaban burbujas de aguas negras que reventaban entre hervores fétidos al acercarse a las plantaciones de banano y un sinfin de transformaciones que ellos mostraban en las protestas.
Esa vez Lucas Evangelista era testigo de lo que nunca esperó ver en sus 40 y tantos años: los miembros de una misma desgracia divididos en su búsqueda de justicia.
Eran dos grupos de ex bananeros proclamando la “exclusividad” de ser víctimas del pesticida. Protestaban por separado ante la Asamblea Nacional, en demanda de atención social del gobierno.
Lucas Evangelista, con su cuerpo en ruinas por los desvelos crónicos y sosteniendo como arma una rama tan seca como sus piernas, trataba de “defender” a su grupo de la “invasión” de aquellos ex compañeros de labores que como él, venían a Managua en marchas y caravanas a llamar a gritos la atención de una sociedad que apenas empezaba a horrorizarse de las tragedias de “los del Nemagón”.
Estirpe contaminada
Para entonces, Lucas había perdido toda esperanza de dormir y ganar algún dinero para curar sus dolencias y heredarle “algo” a su hija Clarita, una niña sin juicio que parecía animalita sin domesticar, y última sobreviviente de una estirpe contaminada de la que no escapó Lucas Jeremías, el otro hijo del ex trabajador de las bananeras, que murió a los ocho años en un cuerpo que parecía de seis meses.
El insomnio de Lucas finalizó a inicios de marzo de 2006, cuando sintió sueño repentino y se acostó en una vieja tijera en su rancho de Villa 15 de Julio. Quizás fue mejor para él, porque no hubiera encontrado más ramas con que defenderse de la división de su gremio, ni más coraje para indignarse ante lo que ahora ocurre con esa su causa que lo llevó a dormir eternamente.
Sentencia a muerte
Benjamín Chávez es de esos periodistas de vieja escuela que se comprometen con las causas de sus audiencias.
Por ello se le ha visto por años en marchas, mítines y protestas en Chinandega, gestionando medicinas y ayuda para bananeros enfermos, y arengando desde su programa radial a luchar contra aquellas acciones destinadas, según su visión, a destruir al movimiento.
Pero el gremio agrícola, el mismo que un día apareció por Managua unido y mostrando su músculo en agotadoras jornadas de a pie a lo largo de 140 kilómetros, parece destinado a la muerte producto de las divisiones internas que tienen a la causa campesina, al igual que el veneno que les afectó la vida, con un pie en la tumba.
“El principal golpe de muerte lo dio la juez Victoria Chaney, en abril de 2009”, dice categórico Chávez.
Habla de la sentencia dictada en la Corte de California contra el bufete de Juan José Domínguez y sus socios nicaragüenses, que reclamaban a Dole una indemnización millonaria para los jornaleros nicas.
Quimera de oro
En su sentencia la juez no sólo rechazó la demanda, sino que ordenó una investigación contra los abogados por fraude, llamó a otros jueces para rechazar toda demanda contra Dole y anunció, de modo irreversible, que desde entonces abogaría porque nunca más en Estados Unidos se abrieran juicios con documentos, pruebas y leyes nicaragüenses.
En congelación quedaron reclamos por 21 mil 500 millones de dólares que las firmas de abogados reclamaban en nombre de más de 23 mil campesinos en tribunales de Managua, Chinandega y EU.
El fallo de Chaney tuvo su incidencia. En octubre de 2009, el juez Paul C. Huck, del Distrito de Miami, detuvo la ejecución de una sentencia por 98.5 millones de dólares que el bufete Provost Umphrey peleaba contra Dole y la compañía Dow.
El veredicto se basó en que la corte nicaragüense que emitió la sentencia no tenía jurisdicción en suelo estadounidense, ni satisfacía “normas del derecho internacional”.
¿Racismo judicial?
La sentencia de Chaney, a criterio del abogado nicaragüense Antonio Hernández Ordeñana, fue un rudo golpe para las aspiraciones de miles de personas que esperan, en pobreza y agonía, un pago por los daños provocados por el uso del Nemagón en las plantaciones bananeras.
“Nos golpeó duro la juez, una mujer insensible y racista que mira como lacra a los latinoamericanos, pero aun así vamos a seguir luchando contra ese monstruo”, dijo Hernández Ordeñana
Para Victorino Espinales, quien no está representando en ningún bufete de abogados y negocia junto a otros campesinos de manera directa con Dole, el fallo estadounidense mató de tajo toda posibilidad de justicia en EU.
“Los abogados deberían ser honestos y decirle a la gente que todo se acabó, pero no lo hacen porque quieren seguir engañando a la gente y ellos negociar por debajo con las compañías”, acusó Espinales, otrora líder de la mayoría de bananeros, que hoy están fragmentados en una sopa de siglas y organizaciones que buscan el mismo tesoro.
División tóxica
Al inicio de la lucha, allá por 1998, era sólo la Asociación de Trabajadores y ex Trabajadores Afectados por el Nemagón (Asotraexdan). Luego apareció Aobon: Asociación de Obreros Bananeros de Occidente afectados por el Nemagón. Se sumó la Asociación de Trabajadores Bananeros y ex Bananeros de Nicaragua afectados por el Nemagón (Atben).
Además está la Oficina Legal de los Bananeros, la Asociación de Obreros ex Bananeros Nicaragüenses (Asonef), la Federación de Trabajadores Bananeros de Chinandega (Fetrabach), el grupo Ogesa (Bufete Ojeda, Gutiérrez, Espinoza y Asociados), el grupo del bufete jurídico Provost Umphrey, la Unidad Independiente de José Rodolfo Zeledón y la Alianza Nacional que aglutina a Espinales y otros sectores inconformes con los abogados.
“Yo lideré a esta gente por más de 20 años, los organicé y los respaldé toda la vida. Vi morir a más de 1,500 de mi gente en esos campamentos, en las marchas, en sus ranchos. Sé de miles que ya no pueden caminar y están postrados agonizando, y los abogados los mantienen engañados con el cuento de que pronto van a venir los dólares, pero no se atreven a decirle que ya todo murió”, reclama Victorino, odiado entre miles de campesinos que lo ven como un agente de las transnacionales y como el principal elemento de la división.
Peor que el Nemagón…
“A Victorino lo echamos del campamento el 30 de diciembre de 2007 porque ya no lo soportábamos con su crueldad, era un corrupto y vividor de la lucha de nuestra pobre gente”, dice Altagracia del Socorro Solís, la líder del campamento que sobrevive frente a la Asamblea Nacional y otrora seguidora del dirigente bananero.
“Es cierto, la mayoría estamos sufriendo, tanto allá en las comunidades como aquí en el campamento donde gracias a Dios y al presidente Daniel Ortega, tenemos alimentos, medicina y apoyo, pero si hay un mal peor que el Nemagón en esta lucha, es Victorino”, acusa ella, respaldada por el resto de miembros del mismo campamento donde una vez estuvo sentado Lucas Evangelista, con su insomnio crónico y su rama en la mano, defendiendo la lucha y esperando un dólar, de los miles y miles que le prometieron, y de los cuales ni uno solo ha venido en diez años de espera.
La ambición fue la maldición
Si bien la tragedia del Nemagón inició desde que empezaron a trabajar en las fincas bananeras en los años 70, fue hasta en los 90 que el país empezó a conocer de ellos mediante las crónicas e historias que desde Chinandega contaban los periodistas como Benjamín Chávez, ex corresponsal para EL NUEVO DIARIO.
Según Chávez, aunque la organización de los campesinos para reclamar una indemnización comenzó a mediados de los 90, fue hasta en el año 2000 que comenzó la verdadera batalla legal, con la aprobación de la Ley 364, Ley Especial para la Tramitación de los Juicios Promovidos por las Personas Afectadas por el DBCP (Di-Bromo-Cloro-Propano, composición química del pesticida conocido comercialmente como Nemagón).
La ley establecía una indemnización mínima de 100 mil dólares para trabajador afectado, si un juez así lo determinaba en juicio. Chávez dice que capitanes de campo y abogados empezaron a reclutar a gente que no era afectada ni ex trabajadores para meterlos en las listas de demandantes, a cambio de una comisión de las jugosas demandas contra las transnacionales.
Ambición y maldición
“Eso contaminó la lucha. Duele decirlo, pero fue ya con la ley a nuestro favor que comenzaron las traiciones y divisiones que hoy, por las ambiciones de unos pocos, mantienen las demandas de las víctimas en un pozo sin fondo”, cuenta el periodista chinandegano.
Chávez lleva anotada en sus cuentas a más de 3,000 personas muertas, desde que iniciaron los juicios masivos contra las transnacionales al amparo de la citada ley aprobada el 23 de noviembre del año 2000,
Sus números no se concilian con los reportes de otros grupos. Los abogados Barnard Zavala y Martha Cortés, calculan un poco más de 350 clientes que se les han muerto durante el avance de los juicios y reportan que han elaborado más de 500 testamentos y declaratorias de herederos de sus representados gravemente enfermos.
En el grupo de Ogesa, de acuerdo con Chávez, se reportan más de 400 fallecidos desde 2005.
El veterano periodista citó que antes de 2005 y desde el inicio de los juicios en el año 2000, al menos 300 personas más se les habían muerto durante los procesos judiciales. Ahora estima que hay un grupo de 500 personas afectadas con cáncer e insuficiencia renal crónica que están en estado crítico.
La oficina Legal de los Bananeros reporta casi 380 muertos desde 2002 y unas 500 personas en graves estados de salud y el sindicalista Roberto Ruiz estima en 200 aproximadamente el número de sus muertos.
Desde el municipio de El Viejo, Rodolfo Zeledón, un dirigente sindical que inició sus demandas al frente de un grupo de 180 ex trabajadores de las bananeras, asegura que a la fecha le quedan 160 compañeros vivos y 50 de ellos están gravemente enfermos y con posibilidades de acompañar a Lucas Evangelista en su sueño eterno.
