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Manifestantes contrarios al CETA
"Espero que Bélgica demuestre una vez más que es una verdadera campeona alcanzando compromisos", había subrayado la semana pasada el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una aparente referencia al extendido concepto de 'compromiso a la belga'.
Los políticos del reino de Bélgica, un complejo Estado federal en tensión permanente entre sus diferentes regiones y comunidades lingüísticas, son especialistas en alcanzar enrevesados acuerdos, que todas las partes pueden defender finalmente. Como ejemplo, el acuerdo sobre el CETA.
La firma del acuerdo entre la UE y Canadá, y tras la aprobación de la Eurocámara, implicaría la entrada en vigor provisional y parcial del CETA, a la espera de su ratificación por todos los países del bloque, un proceso que puede llevar años.
Según la declaración común del "Reino de Bélgica", los diferentes parlamentos regionales belgas, que cuentan con amplias competencias reservadas en otros países al gobierno central, procederán "a una evaluación de los efectos socio-económicos y medioambientales" de la aplicación del CETA.
Y, si cualquiera de estos parlamentos comunica al gobierno federal durante este período provisional "su decisión definitiva y permanente de no ratificar el CETA", esto implicaría "la imposibilidad definitiva y permanente" de ratificarlo para Bélgica, que debería comunicarlo en el plazo de un año a la UE.
La defensa del sector agrícola era una de las principales demandas del presidente de la región de Valonia, Paul Magnette. En virtud del compromiso belga, cualquier gobierno belga con competencias en materia agrícola "podrá activar la cláusula de salvaguardia en caso de desequilibrio del mercado".
Sin embargo, la definición de "desequilibrio del mercado" y los umbrales precisos se definirán a lo largo de los 12 meses posteriores a la entrada en vigor provisional del acuerdo.
Bélgica reafirma, además, que "el CETA no afectará a la legislación de la UE respecto a la autorización, la puesta a la venta, el crecimiento y el etiquetado de los Organismos Genéticamente Modificados", así como a la posibilidad de los países del bloque de prohibir los OGM en su territorio.
Uno de los puntos del tratado comercial es la posibilidad para las multinacionales de demandar a los países, si consideran alguna de sus políticas contrarias a sus intereses comerciales, un litigio que debería ser analizado por un controvertido mecanismo de arbitraje.
Los belgas habrían obtenido garantías del ejecutivo europeo y del Consejo de que los jueces de este tribunal de arbitraje, que entraría en vigor tras el proceso de ratificación, serán nombrados por los Estados, para evitar que procedan de los "ambientes de negocios", explicó Magnette.
Además, la Unión Europea y Canadá deberán pagar a estos magistrados de manera permanente, un sistema que deberá avanzar hacia jueces empleados a tiempo completo. "Son precisiones", asegura una fuente europea, para la que "es un trabajo que debería haberse hecho de todas formas".
Bélgica toma nota en su declaración que, una vez definido el principio de este tribunal, pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si este es compatible con los tratados europeos. Además, varios de los parlamentos belgas advierten que "no piensan ratificar el CETA" con el sistema de resolución de litigios previsto actualmente.
Los políticos del reino de Bélgica, un complejo Estado federal en tensión permanente entre sus diferentes regiones y comunidades lingüísticas, son especialistas en alcanzar enrevesados acuerdos, que todas las partes pueden defender finalmente. Como ejemplo, el acuerdo sobre el CETA.
- Aplicación provisional -
La firma del acuerdo entre la UE y Canadá, y tras la aprobación de la Eurocámara, implicaría la entrada en vigor provisional y parcial del CETA, a la espera de su ratificación por todos los países del bloque, un proceso que puede llevar años.
Según la declaración común del "Reino de Bélgica", los diferentes parlamentos regionales belgas, que cuentan con amplias competencias reservadas en otros países al gobierno central, procederán "a una evaluación de los efectos socio-económicos y medioambientales" de la aplicación del CETA.
Y, si cualquiera de estos parlamentos comunica al gobierno federal durante este período provisional "su decisión definitiva y permanente de no ratificar el CETA", esto implicaría "la imposibilidad definitiva y permanente" de ratificarlo para Bélgica, que debería comunicarlo en el plazo de un año a la UE.
- Cláusula de salvaguardia -
La defensa del sector agrícola era una de las principales demandas del presidente de la región de Valonia, Paul Magnette. En virtud del compromiso belga, cualquier gobierno belga con competencias en materia agrícola "podrá activar la cláusula de salvaguardia en caso de desequilibrio del mercado".
Sin embargo, la definición de "desequilibrio del mercado" y los umbrales precisos se definirán a lo largo de los 12 meses posteriores a la entrada en vigor provisional del acuerdo.
Bélgica reafirma, además, que "el CETA no afectará a la legislación de la UE respecto a la autorización, la puesta a la venta, el crecimiento y el etiquetado de los Organismos Genéticamente Modificados", así como a la posibilidad de los países del bloque de prohibir los OGM en su territorio.
- 'Garantías' sobre el arbitraje -
Uno de los puntos del tratado comercial es la posibilidad para las multinacionales de demandar a los países, si consideran alguna de sus políticas contrarias a sus intereses comerciales, un litigio que debería ser analizado por un controvertido mecanismo de arbitraje.
Los belgas habrían obtenido garantías del ejecutivo europeo y del Consejo de que los jueces de este tribunal de arbitraje, que entraría en vigor tras el proceso de ratificación, serán nombrados por los Estados, para evitar que procedan de los "ambientes de negocios", explicó Magnette.
Además, la Unión Europea y Canadá deberán pagar a estos magistrados de manera permanente, un sistema que deberá avanzar hacia jueces empleados a tiempo completo. "Son precisiones", asegura una fuente europea, para la que "es un trabajo que debería haberse hecho de todas formas".
Bélgica toma nota en su declaración que, una vez definido el principio de este tribunal, pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si este es compatible con los tratados europeos. Además, varios de los parlamentos belgas advierten que "no piensan ratificar el CETA" con el sistema de resolución de litigios previsto actualmente.
