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Política
El instructor, Manuel Marchena, no cree a Garzón ni a los administradores de la Universidad de Nueva York, que han evaluado esos ingresos en unos 160.000 dólares, rebajados después a unos 135.000, declarados al fisco norteamericano. Marchena sospecha de una posible ocultación, tras conocerse que otras empresas -Endesa, Cepsa, BBVA y Telefónica- también patrocinaron esos cursos. Pero choca que el instructor quiera conocer no solo los ingresos relacionados con los cursos, sino cualesquiera otros percibidos por Garzón entre marzo de 2005 y julio de 2006.
Si, como reconoce, su decisión supone "el sacrificio" del derecho a la intimidad de Garzón, cabría esperar que ese sacrificio fuera el mínimamente indispensable. Que el juez Marchena quiera saber lo cobrado exactamente por Garzón entra posiblemente en su función instructora, pero se aleja del objeto de la querella contra el juez. A Garzón le acusan de prevaricación y cohecho, no por cobrar más o menos en Nueva York, sino por haber archivado una querella contra Emilio Botín, presidente del banco patrocinador de esos cursos.
Esa acusación de dos abogados, perjudicado uno de ellos por el archivo de la querella contra Botín, se enfrenta a un argumento jurídico objetivamente difícil de rebatir: el tribunal que vigilaba la labor instructora de Garzón -la Sala Penal de la Audiencia Nacional- consideró ajustada a derecho la decisión del juez, así como infundada la querella contra Botín. También es irrelevante a los efectos de este proceso que otras empresas hayan patrocinado los cursos de Nueva York. ¿O acaso también se quiere relacionar esos patrocinios con el archivo de la querella contra Botín?
Esos patrocinios, y la mayor o menor labor de intermediación de un juez en activo en su consecución, pueden suscitar críticas legítimas. Pero no es esa labor, penalmente atípica, lo que debe investigar el juez Marchena, sino si Garzón se dejó "comprar" por Botín, favoreciéndole con una resolución contraria a derecho. Lo que, según la Sala Penal de la Audiencia, no es el caso.
Si, como reconoce, su decisión supone "el sacrificio" del derecho a la intimidad de Garzón, cabría esperar que ese sacrificio fuera el mínimamente indispensable. Que el juez Marchena quiera saber lo cobrado exactamente por Garzón entra posiblemente en su función instructora, pero se aleja del objeto de la querella contra el juez. A Garzón le acusan de prevaricación y cohecho, no por cobrar más o menos en Nueva York, sino por haber archivado una querella contra Emilio Botín, presidente del banco patrocinador de esos cursos.
Esa acusación de dos abogados, perjudicado uno de ellos por el archivo de la querella contra Botín, se enfrenta a un argumento jurídico objetivamente difícil de rebatir: el tribunal que vigilaba la labor instructora de Garzón -la Sala Penal de la Audiencia Nacional- consideró ajustada a derecho la decisión del juez, así como infundada la querella contra Botín. También es irrelevante a los efectos de este proceso que otras empresas hayan patrocinado los cursos de Nueva York. ¿O acaso también se quiere relacionar esos patrocinios con el archivo de la querella contra Botín?
Esos patrocinios, y la mayor o menor labor de intermediación de un juez en activo en su consecución, pueden suscitar críticas legítimas. Pero no es esa labor, penalmente atípica, lo que debe investigar el juez Marchena, sino si Garzón se dejó "comprar" por Botín, favoreciéndole con una resolución contraria a derecho. Lo que, según la Sala Penal de la Audiencia, no es el caso.
