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Política
Los trabajadores fueron separados de sus funciones por 90 días mientras la Fiscalía y la Procuraduría investigan la denuncia, declaró Sebastián Roldán, ministro de Transparencia (responsable de la lucha anticorrupción).
Con una planta de 6.417 empleados, Petroecuador es la responsable del 59% de la producción de petróleo de Ecuador, el miembro más pequeño de la OPEP.
Roldán explicó que los funcionarios aparecen como accionistas de la empresa Gaspetsa, que firmó un contrato en 2005 por prestación de servicios con la estatal para la elaboración, almacenamiento y distribución de combustible por diez años en el centro y norte del país.
Agregó que la Constitución y el Código de trabajo prohíben suscribir "convenios o contratos con la empresa pública para obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor u obrero".
"Es decir, el negocio redondo de la vida. Yo autorizo el pago y yo como socio me beneficio de esos réditos", señaló Roldán.
Por su parte el dirigente del sindicato de Comité de Empresas de Petroecuador, John Plaza, cuestionó la acusación y señaló que los empleados están analizando la denuncia con sus abogados.
"Es injusta la medida, despiden a casi 700 compañeros (...) En este país la ley no está de lado de los trabajadores sino del gobierno", dijo Plaza a la AFP.
"Deberían investigar primero antes de despedir a los trabajadores", añadió.
Roldán denunció que el convenio con Gaspetsa fue adjudicado "sin licitación alguna" y que las ganancias iban a ser utilizadas para la construcción de un hotel en la provincia de Esmeraldas (norte). El proyecto era publicitado en las instalaciones de Petroecuador invitando a los empleados a ser accionistas.
Según la denuncia "gran parte" de los acusados tampoco incluyeron en su declaración patrimonial "las acciones que tienen en esta empresa", añadió Roldán en declaraciones reproducidas por el portal electrónico oficial.
"De darse el caso de que estos funcionarios y trabajadores estén involucrados en este conflicto de intereses deberán ser sancionados", dijo a su vez el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor.
En mayo el gobierno también denunció que multinacionales petroleras sobornaron a funcionarios del sector para boicotear la firma de nuevos contratos y anunció que 57 empleados de Petroecuador fueron investigados por enriquecimiento ilícito.
"Ya estamos revisando el enriquecimiento ilícito de cerca de 57 funcionarios, que tendrán que explicar de dónde vienen las ingentes cantidades de recursos que tienen en sus cuentas privadas", expresó entonces el presidente Rafael Correa.
Ecuador explotó 478.000 barriles por día entre enero y julio últimos, correspondiendo un 59% a Petroecuador y el resto a extranjeras como la hispano-argentina Repsol-YPF. De esa producción exportó 339.380 b/d.
Con una planta de 6.417 empleados, Petroecuador es la responsable del 59% de la producción de petróleo de Ecuador, el miembro más pequeño de la OPEP.
Roldán explicó que los funcionarios aparecen como accionistas de la empresa Gaspetsa, que firmó un contrato en 2005 por prestación de servicios con la estatal para la elaboración, almacenamiento y distribución de combustible por diez años en el centro y norte del país.
Agregó que la Constitución y el Código de trabajo prohíben suscribir "convenios o contratos con la empresa pública para obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor u obrero".
"Es decir, el negocio redondo de la vida. Yo autorizo el pago y yo como socio me beneficio de esos réditos", señaló Roldán.
Por su parte el dirigente del sindicato de Comité de Empresas de Petroecuador, John Plaza, cuestionó la acusación y señaló que los empleados están analizando la denuncia con sus abogados.
"Es injusta la medida, despiden a casi 700 compañeros (...) En este país la ley no está de lado de los trabajadores sino del gobierno", dijo Plaza a la AFP.
"Deberían investigar primero antes de despedir a los trabajadores", añadió.
Roldán denunció que el convenio con Gaspetsa fue adjudicado "sin licitación alguna" y que las ganancias iban a ser utilizadas para la construcción de un hotel en la provincia de Esmeraldas (norte). El proyecto era publicitado en las instalaciones de Petroecuador invitando a los empleados a ser accionistas.
Según la denuncia "gran parte" de los acusados tampoco incluyeron en su declaración patrimonial "las acciones que tienen en esta empresa", añadió Roldán en declaraciones reproducidas por el portal electrónico oficial.
"De darse el caso de que estos funcionarios y trabajadores estén involucrados en este conflicto de intereses deberán ser sancionados", dijo a su vez el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor.
En mayo el gobierno también denunció que multinacionales petroleras sobornaron a funcionarios del sector para boicotear la firma de nuevos contratos y anunció que 57 empleados de Petroecuador fueron investigados por enriquecimiento ilícito.
"Ya estamos revisando el enriquecimiento ilícito de cerca de 57 funcionarios, que tendrán que explicar de dónde vienen las ingentes cantidades de recursos que tienen en sus cuentas privadas", expresó entonces el presidente Rafael Correa.
Ecuador explotó 478.000 barriles por día entre enero y julio últimos, correspondiendo un 59% a Petroecuador y el resto a extranjeras como la hispano-argentina Repsol-YPF. De esa producción exportó 339.380 b/d.
