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Política
Miguel Hernández
La Sala de lo Militar del Alto Tribunal español rechazó la pretensión de los familiares del poeta al considerar que, tras la entrada en vigor de la denominada Ley de Memoria Histórica, destinada a rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo (1939-1975), esa condena se considera ilegítima.
El Tribunal Supremo argumentó que con la aplicación de esa ley, según la Ley de Memoria Histórica, puesto que la condena fue por motivos ideológicos y políticos ya ha sido "reconocida por esta ley como radicalmente injusta, y declarada su ilegitimidad por vicios de fondo y forma, careciendo actualmente de vigencia".
Miguel Hernández, que defendió la República española en las trincheras contra las tropas franquistas, fue condenado a muerte por un delito de adhesión a la rebelión por un consejo de guerra franquista el 18 de enero de 1940, aunque posteriormente la pena fue conmutada por 30 años de prisión que no llegaría a cumplir, ya que murió en la cárcel en 1942.
Los familiares del autor de poemas como "Las nanas de la cebolla" o el libro "El rayo que no cesa" habían solicitado en julio pasado al Tribunal Supremo la revisión y anulación de la sentencia dictada contra el poeta.
Los solicitantes consideraban insuficientes la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal del literato que el gobierno socialista español les había entregado en marzo de 2010 coincidiendo con el año del centenario del nacimiento de Miguel Hernández.
Los familiares de Hernández querían recuperar el buen nombre del poeta alegando la aparición de nuevas pruebas como una carta de un responsable de las milicias de la Falange, el partido único durante la dictadura de Franco, Juan Bellod, favorable a Hernández.
Esta carta, que no se tuvo en cuenta en el consejo de guerra en el que se le condenó a muerte, Bellod, que conocía al poeta desde niño, afirma: "garantizo plenamente su conducta y actuación, así como su fervor patriótico y religioso que se revela por la demás en la lectura de su producción literaria".
El Tribunal Supremo español había ya rechazado peticiones similares como la de la familia del joven anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974 tras ser condenado a muerte por un consejo de guerra franquista, acusado del asesinato de un inspector de policía.
El Alto Tribunal alegó entonces que los consejos de guerra aplicaban el derecho entonces vigente.
El Tribunal Supremo argumentó que con la aplicación de esa ley, según la Ley de Memoria Histórica, puesto que la condena fue por motivos ideológicos y políticos ya ha sido "reconocida por esta ley como radicalmente injusta, y declarada su ilegitimidad por vicios de fondo y forma, careciendo actualmente de vigencia".
Miguel Hernández, que defendió la República española en las trincheras contra las tropas franquistas, fue condenado a muerte por un delito de adhesión a la rebelión por un consejo de guerra franquista el 18 de enero de 1940, aunque posteriormente la pena fue conmutada por 30 años de prisión que no llegaría a cumplir, ya que murió en la cárcel en 1942.
Los familiares del autor de poemas como "Las nanas de la cebolla" o el libro "El rayo que no cesa" habían solicitado en julio pasado al Tribunal Supremo la revisión y anulación de la sentencia dictada contra el poeta.
Los solicitantes consideraban insuficientes la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal del literato que el gobierno socialista español les había entregado en marzo de 2010 coincidiendo con el año del centenario del nacimiento de Miguel Hernández.
Los familiares de Hernández querían recuperar el buen nombre del poeta alegando la aparición de nuevas pruebas como una carta de un responsable de las milicias de la Falange, el partido único durante la dictadura de Franco, Juan Bellod, favorable a Hernández.
Esta carta, que no se tuvo en cuenta en el consejo de guerra en el que se le condenó a muerte, Bellod, que conocía al poeta desde niño, afirma: "garantizo plenamente su conducta y actuación, así como su fervor patriótico y religioso que se revela por la demás en la lectura de su producción literaria".
El Tribunal Supremo español había ya rechazado peticiones similares como la de la familia del joven anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974 tras ser condenado a muerte por un consejo de guerra franquista, acusado del asesinato de un inspector de policía.
El Alto Tribunal alegó entonces que los consejos de guerra aplicaban el derecho entonces vigente.
