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Política
El sumario de 196 acusados al llegar al tribunal en Silivri,Istanbul. İbrahim Fırtına, Özden Örnek y Aytaç Yalman. (foto arriba de izquierda a derecha), Dursun Çiçek (foto al medio) y Çetin Doğan (foto abajo)
Este proceso constituye una amenaza directa para el ejército turco, un importante defensor del laicismo, si bien su influencia en la vida política disminuyó desde 2002, al llegar al poder el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.
Un juez procedió por la mañana a la verificación de las identidades de los 196 acusados, que comparecieron todos libres.
Decenas de periodistas siguen el proceso, que será probablemente largo, en un tribunal habilitado en un centro penitenciario de Silivri, cerca de Estambul.
Entre los principales acusados figura el entonces número dos de las fuerzas armadas, el general Cetin Dogan, considerado como el "cerebro" de este plan para desestabilizar el gobierno, llamado "Operación Mazo de Herrero", así como los ex jefes de la Marina y de la Fuerza Aérea, Ozden Ornek y Ibrahim Firtina.
Dogan declaró en el exterior del tribunal que este caso no tenía "base legítima". "Tarde o temprano, la justicia predominará... Pero cuanto más tiempo lleve, más duras serán las consecuencias para los que han fabricado" pruebas, agregó.
Los sospechosos se exponen a entre 15 y 20 años de cárcel por "tentativa de derrocamiento del gobierno o uso de la fuerza y la violencia para impedir el ejercicio de sus funciones".
Se les acusa de haber ideado en 2003 acciones de desestabilización para crear un clima favorable a un golpe de Estado, tales como atentados contra mezquitas o el accidente de un avión de combate turco en un choque con un caza griego.
El general Dogan, que dirigía en aquel entonces la primera Región militar basada en Estambul, rechazó estas acusaciones, afirmando que los documentos incautados por la justicia y utilizados para su acusación proceden de un seminario de 2003 que describía una situación ficticia de tensión para evaluar la mejor manera de actuar en una crisis semejante.
Este proceso ha provocado una polémica en el país. En estos dos últimos años, centenares de personas fueron acusadas en el marco de varias investigaciones de supuestos complots contra el gobierno.
Los medios cercanos al AKP ven en estos procesos un avance hacia la democratización de Turquía y el respeto del Estado de Derecho por parte de las fuerzas armadas, que desde 1960, derrocó a cuatro gobiernos.
En cambio, para los círculos pro laicos, este proceso y las otras acusaciones son presiones del gobierno para silenciar a la oposición y poder seguir con sus objetivos encubiertos de islamización del país.
Este bando pro laico duda de la autenticidad de ciertas pruebas presentadas por el ministerio público y denuncia anacronismos, como la supuesta presencia de un oficial al seminario pese a que estaba en una misión en el extranjero o las referencias a instituciones que no existían o tenían otro nombre en 2003.
Un juez procedió por la mañana a la verificación de las identidades de los 196 acusados, que comparecieron todos libres.
Decenas de periodistas siguen el proceso, que será probablemente largo, en un tribunal habilitado en un centro penitenciario de Silivri, cerca de Estambul.
Entre los principales acusados figura el entonces número dos de las fuerzas armadas, el general Cetin Dogan, considerado como el "cerebro" de este plan para desestabilizar el gobierno, llamado "Operación Mazo de Herrero", así como los ex jefes de la Marina y de la Fuerza Aérea, Ozden Ornek y Ibrahim Firtina.
Dogan declaró en el exterior del tribunal que este caso no tenía "base legítima". "Tarde o temprano, la justicia predominará... Pero cuanto más tiempo lleve, más duras serán las consecuencias para los que han fabricado" pruebas, agregó.
Los sospechosos se exponen a entre 15 y 20 años de cárcel por "tentativa de derrocamiento del gobierno o uso de la fuerza y la violencia para impedir el ejercicio de sus funciones".
Se les acusa de haber ideado en 2003 acciones de desestabilización para crear un clima favorable a un golpe de Estado, tales como atentados contra mezquitas o el accidente de un avión de combate turco en un choque con un caza griego.
El general Dogan, que dirigía en aquel entonces la primera Región militar basada en Estambul, rechazó estas acusaciones, afirmando que los documentos incautados por la justicia y utilizados para su acusación proceden de un seminario de 2003 que describía una situación ficticia de tensión para evaluar la mejor manera de actuar en una crisis semejante.
Este proceso ha provocado una polémica en el país. En estos dos últimos años, centenares de personas fueron acusadas en el marco de varias investigaciones de supuestos complots contra el gobierno.
Los medios cercanos al AKP ven en estos procesos un avance hacia la democratización de Turquía y el respeto del Estado de Derecho por parte de las fuerzas armadas, que desde 1960, derrocó a cuatro gobiernos.
En cambio, para los círculos pro laicos, este proceso y las otras acusaciones son presiones del gobierno para silenciar a la oposición y poder seguir con sus objetivos encubiertos de islamización del país.
Este bando pro laico duda de la autenticidad de ciertas pruebas presentadas por el ministerio público y denuncia anacronismos, como la supuesta presencia de un oficial al seminario pese a que estaba en una misión en el extranjero o las referencias a instituciones que no existían o tenían otro nombre en 2003.
