Un adelanto necesario de las elecciones en España

El 26 de septiembre, como ha avanzado el presidente, se producirá oficialmente la convocatoria de los comicios, y el calendario electoral se adelantará casi cuatro meses, ya que el fin de la presente legislatura estaba fijado para marzo del 2012. El adelanto electoral anunciado ayer por Zapatero será el séptimo desde la transición política. Pero esta vez las circunstancias son muy distintas. La crisis es un azote, aunque resultaría injusto responsabilizar de todos los males de España al Gobierno Zapatero. La crisis económica tiene su origen más allá de las fronteras españolas, pero no es menos cierto que las vacilaciones del Ejecutivo socialista y, a veces, su empecinamiento en no aceptar la realidad han contribuido también a fomentar un clima de crisis y pesimismo sobre la maltrecha economía española.
El presidente Zapatero ha argumentado que el adelanto electoral se debe a que ya se han sentado las bases para la recuperación en un contexto económico muy difícil. Es discutible. Hace tan sólo una semana, el presidente mantenía que era necesario agotar la legislatura para así favorecer la estabilidad. Ayer, por el contrario, Zapatero dijo que "el rumbo está claro", por lo que, en aras de la estabilidad, ha llegado el momento de clarificar la situación en cuanto a los comicios. El presidente ha dicho que la decisión responde a la necesidad de proyectar certidumbre, tanto política como económica, y necesariamente hay que estar de acuerdo con esto. Los partidos de la oposición así lo reclamaban.
El rumbo, sin embargo, aún no está claro, aunque el adelanto electoral sólo puede ser interpretado como un paso acertado que puede proporcionar estabilidad. España sufre una crisis económica, pero también política, que, a su vez, agrava la situación. Con la prima de riesgo disparada por encima de los 320 puntos y con la calidad crediticia de las instituciones españolas puesta en duda por las agencias de calificación, la incertidumbre sobre el liderazgo político sólo agravaba los problemas.
Los mercados de deuda, con sus extraordinarias turbulencias, han castigado a las finanzas públicas españolas con gran dureza en los últimos meses. Grecia, Irlanda y Portugal han precipitado la crisis en la Unión Europea, pero España también sufre las consecuencias, hasta el punto que el castigo al que han sido sometidas sus instituciones públicas amenaza con arruinar la perspectiva de una pronta recuperación económica. Las acciones y declaraciones por parte del Gobierno Zapatero tampoco han ayudado a superar la situación. Unas veces, por ser timoratas; otras, por resultar incluso contradictorias.
La situación es difícil. El número de desempleados, pese a las buenas noticias de ayer, que lo han rebajado, sigue siendo insoportable. Desde el inicio de la crisis financiera y económica se calcula que más de trescientas mil familias han perdido sus hogares. Y el malestar social ha tenido en las protestas del denominado movimiento del 15-M uno de sus momentos culminantes. Pero, políticamente, lo más decisivo han sido los resultados de las elecciones celebradas el pasado 22 de mayo en todos los ayuntamientos españoles y en trece de las diecisiete comunidades autonómicas. Y en estas elecciones, el Partido Popular logró sacar al PSOE una ventaja de más de dos millones de votos, lo que equivalió a 10 puntos de ventaja. Es decir, un récord. En las elecciones celebradas en el 2007, la ventaja obtenida por los populares se limitó a unos 150.000 votos y a menos de un punto.
Dicho de otra manera, los socialistas perdieron el pasado mayo un millón y medio de sufragios con respecto a los resultados de hace cuatro años. Y este movimiento práticamente tectónico ha arrebatado a los socialistas ciudades y diputaciones provinciales que controlaban desde 1979. En este contexto, la pérdida de credibilidad del presidente Zapatero ha sido evidente. El año pasado, Zapatero abrió el melón de las dudas sobre su continuidad y, desde entonces, la pérdida de confianza en el presidente ha sido manifiesta. En estas condiciones, la intención de agotar la presente legislatura sólo habría servido para aumentar el suplicio.
La campaña electoral comenzará en la madrugada del 5 de noviembre. Y, de momento, todos los sondeos dan una clara ventaja al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, con quien Zapatero ha consultado la simbólica fecha elegida –el 20-N– para celebrar los comicios, ha logrado que en las últimas semanas los suyos recuperen el aliento. Pero la oposición también tiene motivos para sentirse satisfecha con el adelanto electoral, ya que es lo que continuamente ha pedido desde los comicios del 22 de mayo.
El líder de la oposición, el popular Mariano Rajoy, afirmó ayer que el adelanto electoral supone "una buena noticia", porque es lo que quería "la mayoría de los españoles". Y por parte de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran Lleida también se ha manifestado repetidamente a favor del avance electoral en parecidos términos. La cuestión clave, sin embargo, es que la campaña electoral y las elecciones del 20-N demuestren a un electorado acogotado que pueden ser el "impulso necesario" para salir de la crisis económica.
Más arriba decíamos que este será el séptimo avance electoral desde la transición. Pero en lo único que esta ocasión coincidirá con las anteriores es en el hecho de que sucederá como ya pasó en los comicios convocados por Leopoldo Calvo-Sotelo el 28 de octubre de 1982 y en las elecciones decididas por José María Aznar el 14 de marzo de 2004. Todos estos casos se parecen porque el presidente convocante ya ha renunciado a repetir como candidato, lo que significa que, sea cual sea el resultado de la consulta electoral, el inquilino del palacio de la Moncloa quedará relevado. Ahora, las urnas deberán decidir quién será su sucesor, si Alfredo Pérez Rubalcaba o Mariano Rajoy. Pero sea quién sea el vencedor, la tarea del próximo presidente del Gobierno, con la crisis económica esperando, será extraordinariamente compleja.