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"El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo advierte los riesgos de reclutamiento forzado, accidentes por minas antipersonal, extorsiones e intimidaciones de un grupo disidente de las Farc-EP en el departamento del Vaupés", fronterizo con Brasil, indicó el organismo en un comunicado.
El ente expresó su "profunda preocupación" por la situación humanitaria en los municipios de Mitú, Carurú y Taraira por las "acciones armadas" del Frente Primero Armando Ríos y la compañía Urías Cuellar, declarados en disidencia y oposición al pacto que negocian las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) con el gobierno de Juan Manuel Santos en Cuba.
Todo ello "unido a los retenes ilegales, afectan la libre movilización de comunidades indígenas y las labores diarias de cultivo", sostuvo.
Las delegaciones del gobierno y las FARC están modificando el acuerdo que suscribieron en septiembre para superar una conflagración interna de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos, y que fue rechazado en un plebiscito el 2 de octubre.
El sorpresivo revés en las urnas condicionó la implementación de lo acordado tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba, por lo que las partes acordaron mantener el cese al fuego vigente desde agosto y hacer ajustes y cambios al fallido acuerdo a partir de cientos de propuestas de los sectores que votaron en contra del pacto.
A principios de julio una comisión del Frente Primero de las FARC, que opera principalmente en el departamento del Guaviare, limítrofe con Vaupés, una zona selvática rica en oro y biodiversidad, se declaró en disidencia y aseguró que seguiría en la lucha armada para tomar el poder.
Analistas han advertido, sin embargo, que este grupo tiene más motivaciones económicas que políticas para mantenerse en armas.
La dirigencia de las FARC, principal y más antigua guerrilla del país con 5.765 combatientes, según sus propios cálculos, les respondió que no permitirá disidencias y que los combatientes que se nieguen a desmovilizarse quedarán fuera de la organización.
La Defensoría también alertó sobre la vulnerabilidad de las comunidades de la zona rural de Vaupés, que afrontan "graves dificultades sociales y económicas por la pobreza, la carencia de vías y medios de transporte, la precaria prestación del servicio de salud y los problemas de seguridad alimentaria y de permanencia en la escuela de los niños".
El ente expresó su "profunda preocupación" por la situación humanitaria en los municipios de Mitú, Carurú y Taraira por las "acciones armadas" del Frente Primero Armando Ríos y la compañía Urías Cuellar, declarados en disidencia y oposición al pacto que negocian las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) con el gobierno de Juan Manuel Santos en Cuba.
Todo ello "unido a los retenes ilegales, afectan la libre movilización de comunidades indígenas y las labores diarias de cultivo", sostuvo.
Las delegaciones del gobierno y las FARC están modificando el acuerdo que suscribieron en septiembre para superar una conflagración interna de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos, y que fue rechazado en un plebiscito el 2 de octubre.
El sorpresivo revés en las urnas condicionó la implementación de lo acordado tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba, por lo que las partes acordaron mantener el cese al fuego vigente desde agosto y hacer ajustes y cambios al fallido acuerdo a partir de cientos de propuestas de los sectores que votaron en contra del pacto.
A principios de julio una comisión del Frente Primero de las FARC, que opera principalmente en el departamento del Guaviare, limítrofe con Vaupés, una zona selvática rica en oro y biodiversidad, se declaró en disidencia y aseguró que seguiría en la lucha armada para tomar el poder.
Analistas han advertido, sin embargo, que este grupo tiene más motivaciones económicas que políticas para mantenerse en armas.
La dirigencia de las FARC, principal y más antigua guerrilla del país con 5.765 combatientes, según sus propios cálculos, les respondió que no permitirá disidencias y que los combatientes que se nieguen a desmovilizarse quedarán fuera de la organización.
La Defensoría también alertó sobre la vulnerabilidad de las comunidades de la zona rural de Vaupés, que afrontan "graves dificultades sociales y económicas por la pobreza, la carencia de vías y medios de transporte, la precaria prestación del servicio de salud y los problemas de seguridad alimentaria y de permanencia en la escuela de los niños".
