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Juan María Bordaberry
El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) presentó el lunes una denuncia contra cerca de un centenar de militares que habrían participado en la denominada Operación Morgan, un operativo lanzado en 1975 contra los miembros o simpatizantes del Partido y la Juventud Comunista y que se extendió hasta el fin de la dictadura, en 1985.
"Se denuncia básicamente la tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes a los que fueron sometidos durante todo el periodo de reclusión", explicó a la AFP el abogado Jorge Pan, integrante de Ielsur.
La nueva denuncia se suma a otra presentada en diciembre de 2010 por una docena de ex presos políticos, también por tortura, mientras que el viernes pasado 28 mujeres acusaron a un centenar de militares -entre los cuales, por primera vez, hay soldados mujeres- médicos y enfermeros, en la primera denuncia por abusos sexuales en centros de detención.
Las últimas denuncias ocurrieron poco después de que el Parlamento aprobara, el pasado jueves, un proyecto de ley que declara que los delitos cometidos en la dictadura son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben.
Hasta ahora todos los condenados por delitos vinculados a la dictadura -poco más de una decena, entre los cuales están los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry- lo han sido por homicidio especialmente agravado, un delito que según juristas prescribe el 1 de noviembre para los crímenes de la dictadura, de ahí la urgencia con la que fue tratado el proyecto en el Parlamento.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha rechazado hasta el momento considerar las desapariciones en la dictadura crímenes de lesa humanidad, como piden los denunciantes, alegando que el país incorporó ese delito en 2006 y, por lo tanto, no puede aplicarse con retroactividad.
Ielsur, en cambio, sostiene que tiene "fundamentos jurídicos" para establecer que los delitos de desaparición forzada y de tortura están plasmados en la legislación desde la posguerra e incluidos en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos ratificado por Uruguay en 1969, explicó Pan.
El abogado estimó que la nueva ley aprobada por el Parlamento "ayuda" pero resaltó que también el Estado está obligado internacionalmente a cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de marzo pasado, que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.
En la misma línea, la denuncia de ex presas políticas sostiene que las torturas y los abusos sexuales a los que fueron sometidas "formaron parte de un plan sistemático desarrollado por los gobiernos de turno dirigido a intimidar a un grupo de la sociedad civil", lo que hace que puedan ser considerados de lesa humanidad, dijo a la AFP el abogado Federico Álvarez Petraglia, representante de las 28 denunciantes.
Alvarez Petraglia explicó que se basan "en la experiencia internacional, sobre todo en Argentina".
"Ahora podemos además sumarle la norma promulgada la semana pasada, que creemos va a permitir seguir investigando con más elementos", indicó.
El sábado, en tanto, tuvo lugar la segunda jornada de denuncias masivas sobre crímenes en la dictadura promovida por un grupo de acción ciudadana y que en sus dos instancias presentó cerca de 170 acusaciones en comisarías de todo Montevideo.
"La propuesta surgió ante la preocupación de que prescribían los delitos y se nos ocurrió aplicar el derecho ciudadano de denunciar cualquier delito en una comisaría, más allá de ser víctima directa o no", explicó a la AFP Fabiana Larrobla, portavoz del grupo, indicando que se denunciaron desde asesinatos y torturas hasta la privación ilegítima de la libertad.
El objetivo es que el movimiento se multiplique de forma autónoma y, de hecho, ya se promovieron jornadas similares en otros dos departamentos del país.
Por su parte, militares retirados planean apelar a la prescripción para pedir el archivo de los casos en los que aún no hay procesamiento, mientras preparan la presentación de acciones judiciales contra una treintena de ex miembros de grupos armados de la década de 1960 y 1970 que en su momento no fueron juzgados, indicaron a la AFP fuentes del sector.
"Se denuncia básicamente la tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes a los que fueron sometidos durante todo el periodo de reclusión", explicó a la AFP el abogado Jorge Pan, integrante de Ielsur.
La nueva denuncia se suma a otra presentada en diciembre de 2010 por una docena de ex presos políticos, también por tortura, mientras que el viernes pasado 28 mujeres acusaron a un centenar de militares -entre los cuales, por primera vez, hay soldados mujeres- médicos y enfermeros, en la primera denuncia por abusos sexuales en centros de detención.
Las últimas denuncias ocurrieron poco después de que el Parlamento aprobara, el pasado jueves, un proyecto de ley que declara que los delitos cometidos en la dictadura son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben.
Hasta ahora todos los condenados por delitos vinculados a la dictadura -poco más de una decena, entre los cuales están los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry- lo han sido por homicidio especialmente agravado, un delito que según juristas prescribe el 1 de noviembre para los crímenes de la dictadura, de ahí la urgencia con la que fue tratado el proyecto en el Parlamento.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha rechazado hasta el momento considerar las desapariciones en la dictadura crímenes de lesa humanidad, como piden los denunciantes, alegando que el país incorporó ese delito en 2006 y, por lo tanto, no puede aplicarse con retroactividad.
Ielsur, en cambio, sostiene que tiene "fundamentos jurídicos" para establecer que los delitos de desaparición forzada y de tortura están plasmados en la legislación desde la posguerra e incluidos en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos ratificado por Uruguay en 1969, explicó Pan.
El abogado estimó que la nueva ley aprobada por el Parlamento "ayuda" pero resaltó que también el Estado está obligado internacionalmente a cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de marzo pasado, que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.
En la misma línea, la denuncia de ex presas políticas sostiene que las torturas y los abusos sexuales a los que fueron sometidas "formaron parte de un plan sistemático desarrollado por los gobiernos de turno dirigido a intimidar a un grupo de la sociedad civil", lo que hace que puedan ser considerados de lesa humanidad, dijo a la AFP el abogado Federico Álvarez Petraglia, representante de las 28 denunciantes.
Alvarez Petraglia explicó que se basan "en la experiencia internacional, sobre todo en Argentina".
"Ahora podemos además sumarle la norma promulgada la semana pasada, que creemos va a permitir seguir investigando con más elementos", indicó.
El sábado, en tanto, tuvo lugar la segunda jornada de denuncias masivas sobre crímenes en la dictadura promovida por un grupo de acción ciudadana y que en sus dos instancias presentó cerca de 170 acusaciones en comisarías de todo Montevideo.
"La propuesta surgió ante la preocupación de que prescribían los delitos y se nos ocurrió aplicar el derecho ciudadano de denunciar cualquier delito en una comisaría, más allá de ser víctima directa o no", explicó a la AFP Fabiana Larrobla, portavoz del grupo, indicando que se denunciaron desde asesinatos y torturas hasta la privación ilegítima de la libertad.
El objetivo es que el movimiento se multiplique de forma autónoma y, de hecho, ya se promovieron jornadas similares en otros dos departamentos del país.
Por su parte, militares retirados planean apelar a la prescripción para pedir el archivo de los casos en los que aún no hay procesamiento, mientras preparan la presentación de acciones judiciales contra una treintena de ex miembros de grupos armados de la década de 1960 y 1970 que en su momento no fueron juzgados, indicaron a la AFP fuentes del sector.
