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Política
Soldados en Manama, Bahrein.
El rey Hamad Ben Issa Al Jalifa decretó que el estado de emergencia decretado el 15 de marzo será suspendido "en todas las regiones de Bahréin el 1 de junio", dos semanas antes de lo previsto inicialmente, anunció la agencia oficial BNA.
El rey había proclamado el estado de emergencia por un periodo de tres meses, al día siguiente de la llegada de tropas del Golfo para ayudar a controlar la protesta chiita que exigía cambios políticos en la monarquía sunita.
La enorme protesta popular y su represión causaron 24 muertos entre mediados de febrero y mediados de marzo, según las autoridades. Otros cuatro manifestantes han muerto durante su detención.
Según Amnistía Internacional, la instauración del estado de emergencia permitió efectuar detenciones sin orden del juez, mantener en secreto a los detenidos y a militantes políticos y que civiles fueran juzgados por tribunales militares.
Los jefes de la oposición bahreiní detenidos a mediados de marzo comparecieron este domingo ante un tribunal de excepción bajo la acusación de pertenecer a organización terrorista y tratar de deponer al régimen monárquico.
En total, 21 personas deben ser juzgadas por este tribunal, de ellas siete por contumacia, según BNA.
Solo los abogados y dos miembros de la familia de cada acusado están autorizados a asistir al proceso, cuya próxima audiencia está prevista el jueves, declaró a la AFP Nabil Rajab, jefe del Centro de Bahréin para los Derechos Humanos.
Según él, los acusados pueden ser condenados a muerte dadas las acusaciones.
Entre los acusados se encuentra Ibrahim Cherif, el jefe sunita del grupo Waed, una formación de la izquierda laica, que había desempeñado un papel primordial en el movimiento de protesta, según la agencia.
Hassan Mashaimaa, el jefe del movimiento de oposición chiita Haq, Abdelwahab Husein, jefe del movimiento islamista chiita Wafa, y el militante chiita de derechos humanos Abdelhadi al Jawaja también están siendo juzgados.
Los acusados están perseguidos por "haber estado en contacto con un grupo terrorista en el extranjero, que actúa en el interés de un país extranjero al proceder a actos hostiles contra el reino de Bahréin" y de haber procedido a una "colecta de fondos para este grupo".
Organizaciones de defensa de derechos humanos han denunciado en varias ocasiones la represión en Bahréin y han manifestado su oposición a la condena a muerte la semana pasada de cuatro chiitas reconocidos culpables de haber matado a dos policías durante las manifestaciones.
La intervención de las tropas comunes del Golfo en Bahréin provocó fuertes tensiones entre las monarquías petroleras de la región y el Irán chiita.
Los Emiratos Arabes Unidos subrayaron el domingo la necesidad de preservar la estabilidad de la región del Golfo y defendió la posición de Bahréin, al recibir al jefe de la diplomacia iraní Ali Akbar Salehi.
Pero Salehi, en declaraciones divulgadas por la televisión estatal iraní, instó de nuevo a la "retirada de las tropas extranjeras de Bahréin" y a "responder a las demandas legítimas del pueblo" bahreiní.
El rey había proclamado el estado de emergencia por un periodo de tres meses, al día siguiente de la llegada de tropas del Golfo para ayudar a controlar la protesta chiita que exigía cambios políticos en la monarquía sunita.
La enorme protesta popular y su represión causaron 24 muertos entre mediados de febrero y mediados de marzo, según las autoridades. Otros cuatro manifestantes han muerto durante su detención.
Según Amnistía Internacional, la instauración del estado de emergencia permitió efectuar detenciones sin orden del juez, mantener en secreto a los detenidos y a militantes políticos y que civiles fueran juzgados por tribunales militares.
Los jefes de la oposición bahreiní detenidos a mediados de marzo comparecieron este domingo ante un tribunal de excepción bajo la acusación de pertenecer a organización terrorista y tratar de deponer al régimen monárquico.
En total, 21 personas deben ser juzgadas por este tribunal, de ellas siete por contumacia, según BNA.
Solo los abogados y dos miembros de la familia de cada acusado están autorizados a asistir al proceso, cuya próxima audiencia está prevista el jueves, declaró a la AFP Nabil Rajab, jefe del Centro de Bahréin para los Derechos Humanos.
Según él, los acusados pueden ser condenados a muerte dadas las acusaciones.
Entre los acusados se encuentra Ibrahim Cherif, el jefe sunita del grupo Waed, una formación de la izquierda laica, que había desempeñado un papel primordial en el movimiento de protesta, según la agencia.
Hassan Mashaimaa, el jefe del movimiento de oposición chiita Haq, Abdelwahab Husein, jefe del movimiento islamista chiita Wafa, y el militante chiita de derechos humanos Abdelhadi al Jawaja también están siendo juzgados.
Los acusados están perseguidos por "haber estado en contacto con un grupo terrorista en el extranjero, que actúa en el interés de un país extranjero al proceder a actos hostiles contra el reino de Bahréin" y de haber procedido a una "colecta de fondos para este grupo".
Organizaciones de defensa de derechos humanos han denunciado en varias ocasiones la represión en Bahréin y han manifestado su oposición a la condena a muerte la semana pasada de cuatro chiitas reconocidos culpables de haber matado a dos policías durante las manifestaciones.
La intervención de las tropas comunes del Golfo en Bahréin provocó fuertes tensiones entre las monarquías petroleras de la región y el Irán chiita.
Los Emiratos Arabes Unidos subrayaron el domingo la necesidad de preservar la estabilidad de la región del Golfo y defendió la posición de Bahréin, al recibir al jefe de la diplomacia iraní Ali Akbar Salehi.
Pero Salehi, en declaraciones divulgadas por la televisión estatal iraní, instó de nuevo a la "retirada de las tropas extranjeras de Bahréin" y a "responder a las demandas legítimas del pueblo" bahreiní.
