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Política
Un hospital de Jujuy
"Anunciamos que se hará una adecuación de nuestra norma interna para otorgar atención en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos en nuestro territorio", dijo el canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni.
También anunció el viaje de una misión boliviana a Buenos Aires para dialogar sobre el tema de atención de salud para connacionales de ambos países vecinos.
"Despejamos las dudas sobre la supuesta tensión entre nuestros gobiernos, en la misma línea que ayer manifestó el canciller argentino (Jorge Faurie). Afirmamos que existe un buen nivel de diálogo en la relación bilateral entre ambos países", destacó el canciller Huanacuni.
La iniciativa de cobrar la atención médica a extranjeros no residentes en Argentina surgió en la provincia argentina de Jujuy, donde entre el cinco y el siete por ciento de los pacientes del sistema sanitario público llega desde países vecinos, según cifras de una auditoría realizada en el distrito.
El malestar en Argentina creció el martes, cuando se conoció que Bolivia había rechazado un pedido de la embajada de Argentina en La Paz para generar un mecanismo de reciprocidad para ciudadanos argentinos en Bolivia, en contraprestación al sistema de asistencia sanitaria gratuita que brinda Argentina a extranjeros en tránsito.
El debate escaló cuando el jefe de Gabinete Marcos Peña dio lugar al análisis de la situación y un diputado de la coalición de centroderecha gobernante Cambiemos, Luis Petri, presentó un proyecto de ley para impulsar convenios de reciprocidad con países limítrofes en materia de educación y salud. En caso de que no exista esa reciprocidad para los argentinos en el exterior, el legislador propone establecer aranceles para afrontar el costo de los servicios para los extranjeros.
El canciller argentino buscó hoy limar las asperezas al asegurar que "no ha habido ninguna controversia entre el presidente (Mauricio) Macri y el presidente (Evo) Morales". "Tenemos un buen nivel de diálogo", destacó a radio Mitre de Buenos Aires.
Faurie reconoció sin embargo que la atención médica a extranjeros en tránsito en Argentina "recarga las posibilidades hospitalarias" de las provincias fronterizas como Jujuy, Formosa y Misiones.
"No estamos hablando de migrantes que están en nuestro país que tienen el mismo tratamiento que el que damos a los ciudadanos argentinos. Estamos hablando de extranjeros que como golondrinas llegan y utilizan nuestro sistema de salud, sea para un parto o un tratamiento por el cáncer", precisó Faurie.
El sistema sanitario público de Argentina es gratuito y asiste a todos aquellos que necesiten atención médica, tengan o no residencia en el país.
En Argentina reside una nutrida comunidad boliviana, la segunda corriente migratoria más importante en el país detrás de la paraguaya. Gran parte de los inmigrantes ha recibido la residencia en Argentina, mientras que en las regiones limítrofes persiste el flujo de inmigrantes temporarios.
El Gobierno de Mauricio Macri ya había fijado cambios en la regulación de los extranjeros en Argentina cuando en enero de 2017 publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la ley migratoria para impedir el ingreso de personas con antecedentes penales y acelerar los plazos de su expulsión.
También anunció el viaje de una misión boliviana a Buenos Aires para dialogar sobre el tema de atención de salud para connacionales de ambos países vecinos.
"Despejamos las dudas sobre la supuesta tensión entre nuestros gobiernos, en la misma línea que ayer manifestó el canciller argentino (Jorge Faurie). Afirmamos que existe un buen nivel de diálogo en la relación bilateral entre ambos países", destacó el canciller Huanacuni.
La iniciativa de cobrar la atención médica a extranjeros no residentes en Argentina surgió en la provincia argentina de Jujuy, donde entre el cinco y el siete por ciento de los pacientes del sistema sanitario público llega desde países vecinos, según cifras de una auditoría realizada en el distrito.
El malestar en Argentina creció el martes, cuando se conoció que Bolivia había rechazado un pedido de la embajada de Argentina en La Paz para generar un mecanismo de reciprocidad para ciudadanos argentinos en Bolivia, en contraprestación al sistema de asistencia sanitaria gratuita que brinda Argentina a extranjeros en tránsito.
El debate escaló cuando el jefe de Gabinete Marcos Peña dio lugar al análisis de la situación y un diputado de la coalición de centroderecha gobernante Cambiemos, Luis Petri, presentó un proyecto de ley para impulsar convenios de reciprocidad con países limítrofes en materia de educación y salud. En caso de que no exista esa reciprocidad para los argentinos en el exterior, el legislador propone establecer aranceles para afrontar el costo de los servicios para los extranjeros.
El canciller argentino buscó hoy limar las asperezas al asegurar que "no ha habido ninguna controversia entre el presidente (Mauricio) Macri y el presidente (Evo) Morales". "Tenemos un buen nivel de diálogo", destacó a radio Mitre de Buenos Aires.
Faurie reconoció sin embargo que la atención médica a extranjeros en tránsito en Argentina "recarga las posibilidades hospitalarias" de las provincias fronterizas como Jujuy, Formosa y Misiones.
"No estamos hablando de migrantes que están en nuestro país que tienen el mismo tratamiento que el que damos a los ciudadanos argentinos. Estamos hablando de extranjeros que como golondrinas llegan y utilizan nuestro sistema de salud, sea para un parto o un tratamiento por el cáncer", precisó Faurie.
El sistema sanitario público de Argentina es gratuito y asiste a todos aquellos que necesiten atención médica, tengan o no residencia en el país.
En Argentina reside una nutrida comunidad boliviana, la segunda corriente migratoria más importante en el país detrás de la paraguaya. Gran parte de los inmigrantes ha recibido la residencia en Argentina, mientras que en las regiones limítrofes persiste el flujo de inmigrantes temporarios.
El Gobierno de Mauricio Macri ya había fijado cambios en la regulación de los extranjeros en Argentina cuando en enero de 2017 publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la ley migratoria para impedir el ingreso de personas con antecedentes penales y acelerar los plazos de su expulsión.
