Miembros de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas informaron en rueda de prensa que iniciaron sus pesquisas en el municipio de Paso del Macho en el estado de Veracruz (este), uno de los más violentos de México, para luego recorrer otros puntos del país y concluir esta etapa el 28 de julio.
"En Veracruz una gran mayoría de las desapariciones son cometidas por los cuerpos policiales del estado, tanto la fuerza civil, como la policía estatal y las policías municipales", dijo Volga de Pina, abogada de la brigada.
La organización rechazó la participación de autoridades estatales en los trabajos de búsqueda, con excepción de la fiscalía local, cuya presencia es obligatoria en las investigaciones, explicó Volga de Pina.
Las primeras jornadas de búsqueda se realizaron durante 15 días de abril pasado, con la participación de 25 brigadistas de varias organizaciones que localizaron un estimado de 11.000 fragmentos en diversas fosas clandestinas en la localidad de Amatlan, en Veracruz, sin que hasta ahora se sepa a cuántos cuerpos pertenecen.
"Existe un acuerdo de la división científica de la policía federal, que es el mejor cuerpo forense en México, de entregarnos un informe el 18 de julio", de esa primera brigada, explicó Volga de Pina.
Los colectivos que integran la brigada provienen de 10 estados de todo México y están integrados mayoritariamente por deudos de víctimas de desaparición.
En enero cinco jóvenes, entre ellos una chica de 16 años, desaparecieron en el pueblo de Tierra Blanca, Veracruz, tras ser detenidos por policías estatales, que los entregaron a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes los habrían asesinado, incinerado y sus restos triturados en un molino de caña, según las autoridades.
En marzo se reportó la desaparición de otros tres jóvenes, que habrían sido detenidos por policías del municipio veracruzano de Papantla.
Unos 15 policías han sido detenidos por estos dos casos que causaron gran indignación y que son comparados con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero (sur), también detenidos por policías corruptos que los entregaron a narcotraficantes.
Las fosas clandestinas para ocultar los restos de víctimas del crimen organizado se han multiplicado por todo México a la par de la ola de violencia que ha dejado más de 100.000 muertos y desaparecidos desde 2006, cuando el gobierno lanzó un operativo militar contra el narcotráfico.
"En Veracruz una gran mayoría de las desapariciones son cometidas por los cuerpos policiales del estado, tanto la fuerza civil, como la policía estatal y las policías municipales", dijo Volga de Pina, abogada de la brigada.
La organización rechazó la participación de autoridades estatales en los trabajos de búsqueda, con excepción de la fiscalía local, cuya presencia es obligatoria en las investigaciones, explicó Volga de Pina.
Las primeras jornadas de búsqueda se realizaron durante 15 días de abril pasado, con la participación de 25 brigadistas de varias organizaciones que localizaron un estimado de 11.000 fragmentos en diversas fosas clandestinas en la localidad de Amatlan, en Veracruz, sin que hasta ahora se sepa a cuántos cuerpos pertenecen.
"Existe un acuerdo de la división científica de la policía federal, que es el mejor cuerpo forense en México, de entregarnos un informe el 18 de julio", de esa primera brigada, explicó Volga de Pina.
Los colectivos que integran la brigada provienen de 10 estados de todo México y están integrados mayoritariamente por deudos de víctimas de desaparición.
En enero cinco jóvenes, entre ellos una chica de 16 años, desaparecieron en el pueblo de Tierra Blanca, Veracruz, tras ser detenidos por policías estatales, que los entregaron a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes los habrían asesinado, incinerado y sus restos triturados en un molino de caña, según las autoridades.
En marzo se reportó la desaparición de otros tres jóvenes, que habrían sido detenidos por policías del municipio veracruzano de Papantla.
Unos 15 policías han sido detenidos por estos dos casos que causaron gran indignación y que son comparados con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero (sur), también detenidos por policías corruptos que los entregaron a narcotraficantes.
Las fosas clandestinas para ocultar los restos de víctimas del crimen organizado se han multiplicado por todo México a la par de la ola de violencia que ha dejado más de 100.000 muertos y desaparecidos desde 2006, cuando el gobierno lanzó un operativo militar contra el narcotráfico.