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Política
Guardias civiles y policías catalanes en la puerta de uno de los edificios del gobierno catalán
Se trata de los primeros arrestos en la crisis abierta tras la convocatoria de la votación. Cientos de personas salieron a la calle en señal de protesta por el operativo policial y se concentraron a las puertas de las sedes registradas por los agentes con banderas independentistas catalanas y al grito de "votarem" (votaremos) y "No pasarán", una de las consignas republicanas contra el franquismo.
Entidades civiles independentistas como Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural llamaron a la movilización.
Según informaron medios españoles, entre los arrestados hay varios responsables del Ejecutivo catalán, como Josep Maria Jové, secretario de Economía y "número dos" del vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, o Lluís Salvadó, secretario de Hacienda.
Desde el Ministerio de Interior español confirmaron los registros realizados pero no ofrecieron de momento cifras de detenidos. "La operación está todavía abierta", matizaron fuentes del área a dpa.
Por orden judicial, los agentes de la Guardia Civil española efectuaron unos 40 registros desde primera hora de la mañana y entraron en varias sedes del Gobierno catalán -como la Consejería de Economía, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la Consejería de Trabajo o la de Exteriores- así como en empresas privadas.
Los agentes investigan la posible utilización de fondos públicos para la organización del referéndum y, por otra parte, intentan detener la logística para la votación del 1 de octubre.
"En nuestro departamento también acaba de entrar la Guardia Civil. Estamos en un estado de sitio. ¡Vergonzoso!", expresó a través de Twitter la responsable catalana de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa.
Además, los agentes requisaron hoy cerca de diez millones de papeletas preparadas para la votación del 1 de octubre, así como carteles, actas y otra documentación sobre la consulta, informó el Ministerio de Interior en un comunicado.
En días anteriores, la Guardia Civil se había incautado de más de 1,5 millones de carteles y 45.000 sobres para la constitución de las mesas electorales.
A raíz de la suspensión de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre por parte del Tribunal Constitucional, que admitió a trámite un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, la Fiscalía española ordenó hace unos días a las fuerzas de seguridad actuar contra la preparación de la votación soberanista.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo hoy en el Congreso de los Diputados, en Madrid, que este operativo responde a la decisión de un juez "para garantizar que se cumpla la ley".
"Creo que estamos actuando con sensatez, moderación y proporcionalidad. La ley en España se tiene que cumplir (...) Lo mejor es que se de marcha atrás en este disparate que no conduce a ningún sitio", añadió el mandatario.
La operación policial fue criticada por los independentistas en la calle y en las instituciones. El jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, aseguró que la votación del 1 de octubre se mantendrá.
"No daremos un paso atrás porque vamos a defender el derecho de los ciudadanos a defender su futuro", dijo en una declaración institucional tras reunirse de forma extraordinaria con su equipo.
"Los ciudadanos estamos convocados el 1 de octubre para defender la democracia ante un régimen autoritario. Tenemos que dar una respuesta masiva y cívica", añadió tras acusar al Gobierno de Rajoy de suspender "de facto" el autogobierno de Cataluña y de aplicar "de facto" el estado de excepción.
Los diputados del partido ERC, que gobierna en Cataluña dentro de la coalición separatista Junts pel Sí, abandonaron el Congreso de los Diputados en medio de una sesión en señal de protesta y acusaron al Estado español de estar deteniendo a personas "por sus ideas".
Desde el Partido Socialista de Cataluña (PSC) instaron al Gobierno catalán a renunciar al referéndum unilateral y pidieron la apertura de un proceso de negociación y de diálogo entre las partes.
Por otro lado, el líder del partido izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, dijo que "no es sensato que en un país democrático haya presos políticos". La cuarta fuerza parlamentaria en España, el partido liberal Ciudadanos, defendió el operativo de la Guardia Civil y abogó por "restablecer la democracia" en Cataluña.
La tensión se elevó en Cataluña en las últimas semanas y a medida que se acerca la fecha clave, el 1 de octubre. Mientras el Estado español da todos los pasos posibles para tratar de impedir la celebración del referéndum, el Ejecutivo catalán asegura que seguirá con sus planes pese a las decisiones de la Justicia y las operaciones policiales.
Entidades civiles independentistas como Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural llamaron a la movilización.
Según informaron medios españoles, entre los arrestados hay varios responsables del Ejecutivo catalán, como Josep Maria Jové, secretario de Economía y "número dos" del vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, o Lluís Salvadó, secretario de Hacienda.
Desde el Ministerio de Interior español confirmaron los registros realizados pero no ofrecieron de momento cifras de detenidos. "La operación está todavía abierta", matizaron fuentes del área a dpa.
Por orden judicial, los agentes de la Guardia Civil española efectuaron unos 40 registros desde primera hora de la mañana y entraron en varias sedes del Gobierno catalán -como la Consejería de Economía, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la Consejería de Trabajo o la de Exteriores- así como en empresas privadas.
Los agentes investigan la posible utilización de fondos públicos para la organización del referéndum y, por otra parte, intentan detener la logística para la votación del 1 de octubre.
"En nuestro departamento también acaba de entrar la Guardia Civil. Estamos en un estado de sitio. ¡Vergonzoso!", expresó a través de Twitter la responsable catalana de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa.
Además, los agentes requisaron hoy cerca de diez millones de papeletas preparadas para la votación del 1 de octubre, así como carteles, actas y otra documentación sobre la consulta, informó el Ministerio de Interior en un comunicado.
En días anteriores, la Guardia Civil se había incautado de más de 1,5 millones de carteles y 45.000 sobres para la constitución de las mesas electorales.
A raíz de la suspensión de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre por parte del Tribunal Constitucional, que admitió a trámite un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, la Fiscalía española ordenó hace unos días a las fuerzas de seguridad actuar contra la preparación de la votación soberanista.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo hoy en el Congreso de los Diputados, en Madrid, que este operativo responde a la decisión de un juez "para garantizar que se cumpla la ley".
"Creo que estamos actuando con sensatez, moderación y proporcionalidad. La ley en España se tiene que cumplir (...) Lo mejor es que se de marcha atrás en este disparate que no conduce a ningún sitio", añadió el mandatario.
La operación policial fue criticada por los independentistas en la calle y en las instituciones. El jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, aseguró que la votación del 1 de octubre se mantendrá.
"No daremos un paso atrás porque vamos a defender el derecho de los ciudadanos a defender su futuro", dijo en una declaración institucional tras reunirse de forma extraordinaria con su equipo.
"Los ciudadanos estamos convocados el 1 de octubre para defender la democracia ante un régimen autoritario. Tenemos que dar una respuesta masiva y cívica", añadió tras acusar al Gobierno de Rajoy de suspender "de facto" el autogobierno de Cataluña y de aplicar "de facto" el estado de excepción.
Los diputados del partido ERC, que gobierna en Cataluña dentro de la coalición separatista Junts pel Sí, abandonaron el Congreso de los Diputados en medio de una sesión en señal de protesta y acusaron al Estado español de estar deteniendo a personas "por sus ideas".
Desde el Partido Socialista de Cataluña (PSC) instaron al Gobierno catalán a renunciar al referéndum unilateral y pidieron la apertura de un proceso de negociación y de diálogo entre las partes.
Por otro lado, el líder del partido izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, dijo que "no es sensato que en un país democrático haya presos políticos". La cuarta fuerza parlamentaria en España, el partido liberal Ciudadanos, defendió el operativo de la Guardia Civil y abogó por "restablecer la democracia" en Cataluña.
La tensión se elevó en Cataluña en las últimas semanas y a medida que se acerca la fecha clave, el 1 de octubre. Mientras el Estado español da todos los pasos posibles para tratar de impedir la celebración del referéndum, el Ejecutivo catalán asegura que seguirá con sus planes pese a las decisiones de la Justicia y las operaciones policiales.
