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Política
El sacerdote condenado Carlos López Valdés
El sacerdote Carlos López Valdés, de 72 años, fue detenido en agosto de 2016, casi una década después de que su víctima, Jesús Romero Colín, lo denunciara por abusos sexuales a los que lo sometió en su parroquia desde que tenía 11 años hasta los 16.
"A pesar de todo lo complejo que es todo el sistema de Justicia en México se logró obtener esta sentencia", celebró el abogado David Peña. "Esta es la primera sentencia condenatoria contra un cura católico pederasta en la Ciudad de México", indicó, "y por eso representa un parteaguas".
Aunque antes hubo algunos fallos en otras partes de México, la sentencia cobra relevancia porque la Ciudad de México es una de las diócesis más grandes del mundo.
Romero, que tiene 35 años y es psicólogo y terapeuta, dijo que autoridades civiles y eclesiásticas pusieron trabas desde que empezó su batalla en 2007 desestimando la denuncia y tratando de que se archivara el caso, lo que permitió que el sacerdote siguiera oficiando misa.
"Aun hay mucho trabajo por realizar. Nos falta todavía librar otra batalla más, que ahora es por la responsabilidad respecto a la Iglesia por haber encubierto y haber omitido todas las cosas que tenía que hacer", indicó Romero, que en 2013 recibió una carta del papa Francisco en la que le pedía perdón en nombre de la Iglesia.
"Para todas las autoridades eclesiásticas que desestimaron la denuncia yo quisiera que ellos respondieran, porque en su momento argumentaron que yo quería dinero, que estaba mintiendo, que yo quería atacar a la Iglesia", dijo.
En un comunicado, la Archidiócesis de Ciudad de México, que desde febrero es conducida por el arzobispo Carlos Aguiar, cercano al papa, se solidarizó con Romero y prometió "tolerancia cero" frente a estos casos. El anterior arzobispo, Norberto Rivera, fue varias veces acusado de encubrir a sacerdotes pederastas.
"Nos solidarizamos con la víctima y su familia. Lamentamos profundamente lo sucedido. Estos comportamientos terribles nos producen dolor y vergüenza, y nos confirman en el compromiso de hacer todo lo necesario para sanar estas situaciones desde la raíz", expresó la Iglesia. "No estaremos conformes hasta que quede extirpado este mal".
El abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, una organización civil que llevó el caso, anunció que tienen previsto como primer paso apelar la indemnización de 75.000 pesos (unos 4.000 dólares) impuesta al sacerdote para pedir un monto mayor.
También quieren impedir que López Valdés pueda cambiar la cárcel por prisión domiciliaria por razones de edad, un derecho contemplado en México para mayores de 70 años.
Con respecto a la Iglesia, señaló que están esperando a ver si hay un acercamiento antes de establecer la ruta legal, ya que pretenden por un lado que acepte su responsabilidad y por otro que se pague una reparación por el daño.
Según la defensa de Romero, dos obispos que se desempeñan actualmente en otras diócesis tuvieron conocimiento del caso desde anteriores funciones, pero no actuaron. "No sólo fueron omisos, sino incluso cómplices", dijo Luis Ángel Salas, uno de los abogados.
En su reacción frente al fallo, la Iglesia manifestó su "plena disponibilidad para colaborar con las autoridades en procurar la justicia en la sociedad".
"Secundando la afirmación de los últimos papas: 'no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores', ratificamos nuestro criterio de actuación de 'tolerancia cero' ante estas situaciones, y de la necesidad de informar, de reconocer el mal y de pedir perdón", indicó.
"A pesar de todo lo complejo que es todo el sistema de Justicia en México se logró obtener esta sentencia", celebró el abogado David Peña. "Esta es la primera sentencia condenatoria contra un cura católico pederasta en la Ciudad de México", indicó, "y por eso representa un parteaguas".
Aunque antes hubo algunos fallos en otras partes de México, la sentencia cobra relevancia porque la Ciudad de México es una de las diócesis más grandes del mundo.
Romero, que tiene 35 años y es psicólogo y terapeuta, dijo que autoridades civiles y eclesiásticas pusieron trabas desde que empezó su batalla en 2007 desestimando la denuncia y tratando de que se archivara el caso, lo que permitió que el sacerdote siguiera oficiando misa.
"Aun hay mucho trabajo por realizar. Nos falta todavía librar otra batalla más, que ahora es por la responsabilidad respecto a la Iglesia por haber encubierto y haber omitido todas las cosas que tenía que hacer", indicó Romero, que en 2013 recibió una carta del papa Francisco en la que le pedía perdón en nombre de la Iglesia.
"Para todas las autoridades eclesiásticas que desestimaron la denuncia yo quisiera que ellos respondieran, porque en su momento argumentaron que yo quería dinero, que estaba mintiendo, que yo quería atacar a la Iglesia", dijo.
En un comunicado, la Archidiócesis de Ciudad de México, que desde febrero es conducida por el arzobispo Carlos Aguiar, cercano al papa, se solidarizó con Romero y prometió "tolerancia cero" frente a estos casos. El anterior arzobispo, Norberto Rivera, fue varias veces acusado de encubrir a sacerdotes pederastas.
"Nos solidarizamos con la víctima y su familia. Lamentamos profundamente lo sucedido. Estos comportamientos terribles nos producen dolor y vergüenza, y nos confirman en el compromiso de hacer todo lo necesario para sanar estas situaciones desde la raíz", expresó la Iglesia. "No estaremos conformes hasta que quede extirpado este mal".
El abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, una organización civil que llevó el caso, anunció que tienen previsto como primer paso apelar la indemnización de 75.000 pesos (unos 4.000 dólares) impuesta al sacerdote para pedir un monto mayor.
También quieren impedir que López Valdés pueda cambiar la cárcel por prisión domiciliaria por razones de edad, un derecho contemplado en México para mayores de 70 años.
Con respecto a la Iglesia, señaló que están esperando a ver si hay un acercamiento antes de establecer la ruta legal, ya que pretenden por un lado que acepte su responsabilidad y por otro que se pague una reparación por el daño.
Según la defensa de Romero, dos obispos que se desempeñan actualmente en otras diócesis tuvieron conocimiento del caso desde anteriores funciones, pero no actuaron. "No sólo fueron omisos, sino incluso cómplices", dijo Luis Ángel Salas, uno de los abogados.
En su reacción frente al fallo, la Iglesia manifestó su "plena disponibilidad para colaborar con las autoridades en procurar la justicia en la sociedad".
"Secundando la afirmación de los últimos papas: 'no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores', ratificamos nuestro criterio de actuación de 'tolerancia cero' ante estas situaciones, y de la necesidad de informar, de reconocer el mal y de pedir perdón", indicó.
