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Parlamento colombiano
"#PlenariaSenado aprueba en último debate la Jurisdicción Especial para la Paz #JEP que es la columna vertebral del #AcuerdoDePaz", informó en Twitter el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, desde el Congreso.
De los senadores presentes, 60 votaron a favor y dos en contra, con lo que "ha sido aprobado el título y que se convierta en norma constitucional", notificó el Senado, compuesto por 102 congresistas.
Entre los ausentes de la votación destacaron los miembros del partido derechista Centro Democrático, del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, contrarios al acuerdo con las FARC y quienes optaron por abandonar el recinto.
El senador Iván Duque, en representación del Centro Democrático, había dicho durante la discusión que "en nombre de la paz (...) se le estaba dando un golpe irreparable al orden constitucional" y al sistema judicial.
La reforma instaura el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que busca garantizar "la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera", tras el acuerdo firmado en noviembre entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) y el gobierno de Juan Manuel Santos.
Para su plena entrada en vigencia, el acto legislativo -que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes- deberá superar una revisión de la Corte Constitucional y recibir la sanción de Santos, premio Nobel de la Paz en 2016 por sus esfuerzos para acabar con la conflagración interna.
El sistema aprobado este lunes está conformado por tres mecanismos: una comisión de la verdad, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco de la conflagración y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición será un órgano temporal, autónomo y de carácter extrajudicial "que busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo", según el documento.
La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tendrá carácter humanitario y extrajudicial para dirigir, coordinar y contribuir a implementar acciones para localizar a desaparecidos que se encuentren con vida o identificar y entregar los restos de los que hayan fallecido.
Mientras que la JEP administrará justicia de manera "transitoria y autónoma" sobre conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 "por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado" por guerrilleros que suscriban el acuerdo de paz y hayan dejado las armas, por agentes estatales y algunos civiles, según lo acordado.
Colombia llora 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados tras 52 años de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y agentes estatales.
Según el acuerdo de paz, alcanzado tras cuatro años de negociaciones en Cuba y en el marco del cual las FARC se encuentran actualmente concentradas en 26 puntos del país para dejar progresivamente sus armas, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
Los guerrilleros señalados de haber cometido delitos políticos o conexos serán amnistiados, en tanto que a los miembros de la fuerza pública se les aplicará la renuncia de la persecución penal si no están acusados por delitos contra el derecho internacional humanitario.
Para Francisco Barbosa, constitucionalista y profesor de la Universidad Externado de Colombia, la aprobación de esta reforma "es un paso esencial para la consolidación del acuerdo de paz".
"Sin ninguna duda, es el corazón del acuerdo, de lo negociado. Y por supuesto que fue la razón esencial para que las FARC hubiesen firmado", junto a la posibilidad de participar en política, explicó a la AFP.
Barbosa estima que la jurisdicción especial juzgará "un centenar de casos": los "más relevantes y sistemáticos" y de forma mucho más rápida que la justicia ordinaria.
De los senadores presentes, 60 votaron a favor y dos en contra, con lo que "ha sido aprobado el título y que se convierta en norma constitucional", notificó el Senado, compuesto por 102 congresistas.
Entre los ausentes de la votación destacaron los miembros del partido derechista Centro Democrático, del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, contrarios al acuerdo con las FARC y quienes optaron por abandonar el recinto.
El senador Iván Duque, en representación del Centro Democrático, había dicho durante la discusión que "en nombre de la paz (...) se le estaba dando un golpe irreparable al orden constitucional" y al sistema judicial.
La reforma instaura el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que busca garantizar "la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera", tras el acuerdo firmado en noviembre entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) y el gobierno de Juan Manuel Santos.
Para su plena entrada en vigencia, el acto legislativo -que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes- deberá superar una revisión de la Corte Constitucional y recibir la sanción de Santos, premio Nobel de la Paz en 2016 por sus esfuerzos para acabar con la conflagración interna.
- Tres mecanismos -
El sistema aprobado este lunes está conformado por tres mecanismos: una comisión de la verdad, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco de la conflagración y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición será un órgano temporal, autónomo y de carácter extrajudicial "que busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo", según el documento.
La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tendrá carácter humanitario y extrajudicial para dirigir, coordinar y contribuir a implementar acciones para localizar a desaparecidos que se encuentren con vida o identificar y entregar los restos de los que hayan fallecido.
Mientras que la JEP administrará justicia de manera "transitoria y autónoma" sobre conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 "por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado" por guerrilleros que suscriban el acuerdo de paz y hayan dejado las armas, por agentes estatales y algunos civiles, según lo acordado.
Colombia llora 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados tras 52 años de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y agentes estatales.
- "Un paso esencial" -
Según el acuerdo de paz, alcanzado tras cuatro años de negociaciones en Cuba y en el marco del cual las FARC se encuentran actualmente concentradas en 26 puntos del país para dejar progresivamente sus armas, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
Los guerrilleros señalados de haber cometido delitos políticos o conexos serán amnistiados, en tanto que a los miembros de la fuerza pública se les aplicará la renuncia de la persecución penal si no están acusados por delitos contra el derecho internacional humanitario.
Para Francisco Barbosa, constitucionalista y profesor de la Universidad Externado de Colombia, la aprobación de esta reforma "es un paso esencial para la consolidación del acuerdo de paz".
"Sin ninguna duda, es el corazón del acuerdo, de lo negociado. Y por supuesto que fue la razón esencial para que las FARC hubiesen firmado", junto a la posibilidad de participar en política, explicó a la AFP.
Barbosa estima que la jurisdicción especial juzgará "un centenar de casos": los "más relevantes y sistemáticos" y de forma mucho más rápida que la justicia ordinaria.
