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Miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
La investigación a Jorge Noguera -director de la oficina de inteligencia DAS entre 2002 y 2005, y quien fue sentenciado a 25 años de cárcel- mostró un entramado de relaciones que prueban la estrecha alianza entre los servicios secretos y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares).
Con su poder, Noguera hizo llegar información a las AUC, cedió puestos en el DAS a personas allegadas a esas milicias, trasladó a funcionarios que dirigían sus labores contra miembros de las Autodefensas "sin importar su experiencia y años de servicio", según el fallo de la Corte Suprema.
A lo largo del proceso contra Noguera, Salvatore Mancuso, uno de los más importantes jefes paramilitares, aseveró que "hubiese sido imposible que nosotros y las Autodefensas hubiesen crecido de la forma que crecieron sin la participación conjunta del Estado".
Las AUC, creadas en los 90 como una estructura nacional y jerárquica, se desmovilizaron entre los años 2003 y 2006 en un proceso de paz que impulsó el gobierno de Álvaro Uribe.
Ahora son acusadas de haber cometido decenas de miles de crímenes contra la población civil, entre estos contra opositores políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos, en nombre de su lucha contra las guerrillas de izquierda.
Según el relato del testigo clave en el caso, Rafael García, ex jefe de la oficina de informática del DAS, Noguera hizo saber que durante su gestión "se dedicaría a perseguir a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comunistas), y que no tenía ningún interés en perseguir a (miembros de las) autodefensas ni narcotraficantes".
Noguera también fue condenado por el homicidio mediato de un universitario poco afín a las AUC, Alfredo Correa De Andreis. La Corte determinó que el DAS participó en la campaña de desprestigio que lo tildó de cómplice de la guerrilla y que derivó en su asesinato a balazos el 17 de septiembre de 2004.
Antes de este caso que implica al DAS -oficina que depende directamente de la presidencia y que es objeto de otras investigaciones por espionaje y hostigamiento a opositores y magistrados-, surgió en 2006 el llamado escándalo de la "parapolítica", sobre los nexos entre más de un centenar de congresistas y las AUC.
"Este caso prueba una vez más la inmensa capacidad que tenían estos grupos de penetración en los organismos del Estado, en particular los de seguridad", dijo a la AFP el analista y columnista Alfredo Rangel.
"En Colombia, se ha hecho un enorme esfuerzo por descubrir relaciones de los paramilitares con la sociedad y el Estado", añadio, al lamentar sin embargo un "sesgo" de parte de la Corte, "más pronta a investigar estos nexos" que las eventuales alianzas de políticos con la guerrilla de las FARC.
Para el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, especialista en el conflicto colombiano, el caso de Noguera es histórico porque va mas allá de la "parapolítica".
"La afectación de la llamada parapolítica, ahora llega al Ejecutivo y no sólo al Legislativo. Es otra rama del poder", explicó.
Y aunque no salpica a Uribe directamente, sí implica a "la principal agencia de seguridad del Estado, la que cuida la seguridad del presidente, y eso es muy grave", aseveró Valencia.
En su editorial de este jueves, el diario El Tiempo de Bogotá sostuvo que "el caso de Noguera configura una muestra aberrante de la capacidad de captura institucional de las AUC".
Con su poder, Noguera hizo llegar información a las AUC, cedió puestos en el DAS a personas allegadas a esas milicias, trasladó a funcionarios que dirigían sus labores contra miembros de las Autodefensas "sin importar su experiencia y años de servicio", según el fallo de la Corte Suprema.
A lo largo del proceso contra Noguera, Salvatore Mancuso, uno de los más importantes jefes paramilitares, aseveró que "hubiese sido imposible que nosotros y las Autodefensas hubiesen crecido de la forma que crecieron sin la participación conjunta del Estado".
Las AUC, creadas en los 90 como una estructura nacional y jerárquica, se desmovilizaron entre los años 2003 y 2006 en un proceso de paz que impulsó el gobierno de Álvaro Uribe.
Ahora son acusadas de haber cometido decenas de miles de crímenes contra la población civil, entre estos contra opositores políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos, en nombre de su lucha contra las guerrillas de izquierda.
Según el relato del testigo clave en el caso, Rafael García, ex jefe de la oficina de informática del DAS, Noguera hizo saber que durante su gestión "se dedicaría a perseguir a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comunistas), y que no tenía ningún interés en perseguir a (miembros de las) autodefensas ni narcotraficantes".
Noguera también fue condenado por el homicidio mediato de un universitario poco afín a las AUC, Alfredo Correa De Andreis. La Corte determinó que el DAS participó en la campaña de desprestigio que lo tildó de cómplice de la guerrilla y que derivó en su asesinato a balazos el 17 de septiembre de 2004.
Antes de este caso que implica al DAS -oficina que depende directamente de la presidencia y que es objeto de otras investigaciones por espionaje y hostigamiento a opositores y magistrados-, surgió en 2006 el llamado escándalo de la "parapolítica", sobre los nexos entre más de un centenar de congresistas y las AUC.
"Este caso prueba una vez más la inmensa capacidad que tenían estos grupos de penetración en los organismos del Estado, en particular los de seguridad", dijo a la AFP el analista y columnista Alfredo Rangel.
"En Colombia, se ha hecho un enorme esfuerzo por descubrir relaciones de los paramilitares con la sociedad y el Estado", añadio, al lamentar sin embargo un "sesgo" de parte de la Corte, "más pronta a investigar estos nexos" que las eventuales alianzas de políticos con la guerrilla de las FARC.
Para el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, especialista en el conflicto colombiano, el caso de Noguera es histórico porque va mas allá de la "parapolítica".
"La afectación de la llamada parapolítica, ahora llega al Ejecutivo y no sólo al Legislativo. Es otra rama del poder", explicó.
Y aunque no salpica a Uribe directamente, sí implica a "la principal agencia de seguridad del Estado, la que cuida la seguridad del presidente, y eso es muy grave", aseveró Valencia.
En su editorial de este jueves, el diario El Tiempo de Bogotá sostuvo que "el caso de Noguera configura una muestra aberrante de la capacidad de captura institucional de las AUC".
