Al general Jaime Humberto Uscátegui le fue concedida la "libertad transitoria condicionada y anticipada", luego de "cumplir" los requisitos estipulados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según un texto de la Rama Judicial.
La libertad de Uscátegui es la primera concedida a un alto oficial acogido a la JEP, creada en el pacto firmado en noviembre con las FARC para superar medio siglo de conflicto armado, con el objetivo de juzgar a guerrilleros, agentes estatales y algunos civiles por delitos cometidos en medio de la conflagración.
El sistema establece la libertad provisional de los agentes estatales que hayan cumplido una pena mínima de prisión de cinco años, quienes luego deben asistir a los tribunales de paz y contar la verdad so pena de perder los beneficios. También revisa la culpabilidad de un condenado, a su petición, y en casos excepcionales.
El general, cuya libertad será efectiva una vez se le notifique en su lugar de reclusión, en una unidad militar en Bogotá, se había presentado a finales de marzo a esta jurisdicción.
Uscátegui, que se ha declarado inocente y ha denunciado un montaje en su contra, pagaba una pena de prisión de 37 años por participar como coautor por omisión en la masacre de al menos 49 personas a manos de grupos paramilitares en la población de Mapiripán (centro) en julio de 1997.
En 2007 un juzgado lo absolvió de los hechos, pero dos años después el Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida. En 2014, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena, dejando en firme una pena de 37 años.
"No le tengo miedo a la verdad (...) Veo en la Jurisdicción Especial de Paz una oportunidad para demostrar mi inocencia y reivindicar mi buen nombre", dijo este viernes el alto oficial en un comunicado.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo este viernes que veinte miembros de la fuerza pública ya están libres y hay una lista de otros 900 en manos de los jueces para que les tramiten su libertad provisional, en el marco de la JEP.
A finales de febrero, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) señalados únicamente de rebelión o delitos conexos comenzaron a recibir amnistías también en cumplimiento del acuerdo de paz.
El conflicto armado colombiano, en el que han participado otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales ha dejado unos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados.
La libertad de Uscátegui es la primera concedida a un alto oficial acogido a la JEP, creada en el pacto firmado en noviembre con las FARC para superar medio siglo de conflicto armado, con el objetivo de juzgar a guerrilleros, agentes estatales y algunos civiles por delitos cometidos en medio de la conflagración.
El sistema establece la libertad provisional de los agentes estatales que hayan cumplido una pena mínima de prisión de cinco años, quienes luego deben asistir a los tribunales de paz y contar la verdad so pena de perder los beneficios. También revisa la culpabilidad de un condenado, a su petición, y en casos excepcionales.
El general, cuya libertad será efectiva una vez se le notifique en su lugar de reclusión, en una unidad militar en Bogotá, se había presentado a finales de marzo a esta jurisdicción.
Uscátegui, que se ha declarado inocente y ha denunciado un montaje en su contra, pagaba una pena de prisión de 37 años por participar como coautor por omisión en la masacre de al menos 49 personas a manos de grupos paramilitares en la población de Mapiripán (centro) en julio de 1997.
En 2007 un juzgado lo absolvió de los hechos, pero dos años después el Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida. En 2014, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena, dejando en firme una pena de 37 años.
"No le tengo miedo a la verdad (...) Veo en la Jurisdicción Especial de Paz una oportunidad para demostrar mi inocencia y reivindicar mi buen nombre", dijo este viernes el alto oficial en un comunicado.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo este viernes que veinte miembros de la fuerza pública ya están libres y hay una lista de otros 900 en manos de los jueces para que les tramiten su libertad provisional, en el marco de la JEP.
A finales de febrero, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) señalados únicamente de rebelión o delitos conexos comenzaron a recibir amnistías también en cumplimiento del acuerdo de paz.
El conflicto armado colombiano, en el que han participado otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales ha dejado unos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados.