Marawi, considerada como la capital musulmana de este país de mayoría católica, se convirtió en una ciudad fantasma luego de que los militantes islamistas autoproclamados de Estado Islámico lanzaran el 23 de mayo la conquista de la localidad.
Desde hace un mes que el gobierno despliega aviones de combate, helicópteros de ataque y vehículos artillados para acabar con los militantes, miembros del grupo Maute.
Los combates dejaron unos 400 muertos y los combatientes de Maute continúan controlando partes de la ciudad y utilizando francotiradores y bombas caseras para perturbar el avance de los militares enviados por Manila.
Liza Mazo, director regional de defensa civil, dijo que no sólo los habitantes de la ciudad abandonan sus hogares sino también los residentes de los alrededores.
Unas 389.300 personas huyeron. De estas 70.380 fueron alojadas en 79 centros de evacuación del gobierno, el resto encontró refugio en casas de familiares, según cifras del departamento de bienestar social regional.
Mazo indicó que el personal de asistencia luchaba para evitar la aparición de enfermedades en los centros de evacuación.
"Hay casos alarmantes de infecciones y gastroenteritis. Queremos controlar los brotes, no sólo en los centros de evacuación pero también en los hogares", dijo.
"También hay casos de traumas psicológicos por los combates", añadió.
El presidente filipino Rodrigo Duterte, que decretó la ley marcial en el sur de Filipinas para lidiar con la crisis, prometió el sábado que las fuerzas del gobierno acabarían con los extremistas.
"No nos iremos de allí hasta que el último terrorista sea ejecutado", dijo en un discurso.
Desde hace un mes que el gobierno despliega aviones de combate, helicópteros de ataque y vehículos artillados para acabar con los militantes, miembros del grupo Maute.
Los combates dejaron unos 400 muertos y los combatientes de Maute continúan controlando partes de la ciudad y utilizando francotiradores y bombas caseras para perturbar el avance de los militares enviados por Manila.
Liza Mazo, director regional de defensa civil, dijo que no sólo los habitantes de la ciudad abandonan sus hogares sino también los residentes de los alrededores.
Unas 389.300 personas huyeron. De estas 70.380 fueron alojadas en 79 centros de evacuación del gobierno, el resto encontró refugio en casas de familiares, según cifras del departamento de bienestar social regional.
Mazo indicó que el personal de asistencia luchaba para evitar la aparición de enfermedades en los centros de evacuación.
"Hay casos alarmantes de infecciones y gastroenteritis. Queremos controlar los brotes, no sólo en los centros de evacuación pero también en los hogares", dijo.
"También hay casos de traumas psicológicos por los combates", añadió.
El presidente filipino Rodrigo Duterte, que decretó la ley marcial en el sur de Filipinas para lidiar con la crisis, prometió el sábado que las fuerzas del gobierno acabarían con los extremistas.
"No nos iremos de allí hasta que el último terrorista sea ejecutado", dijo en un discurso.