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Política
Dos años después existen más dudas que respuestas sobre este crimen, que será recordado hoy con actos a los que han sido invitados, entre otros, el oscarizado actor estadounidense Leonado Di Caprio, conocido por su activismo ecológico, y la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz de 1992.
Durante estos dos años han quedado sin respuesta preguntas como quiénes fueron los autores intelectuales, por qué las autoridades no los han capturado o a quién se está protegiendo. Sin embargo, este viernes, justo el día antes del aniversario, fue detenido el presunto autor intelectual del asesinato: el presidente ejecutivo de la empresa hondureña que desarrolla la represa sobre el río Gualcarque, a la cual los familiares de Cáceres responsabilizan del asesinato.
Berta Cáceres fue asesinada a balazos por aquellos hombres que entraron a su casa en la localidad de La Esperanza, Intibucá. En el atentado también resultó herido un ambientalista mexicano amigo de Cáceres, Gustavo Castro, único testigo del hecho.
Sus familiares desde ese día señalaron como responsables del crimen a trabajadores y ejecutivos del proyecto hidroeléctrico que se pretende construir sobre el río en la comunidad de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara. La compañía siempre ha rechazado las acusaciones.
Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), había librado una dura batalla para frenar la construcción de esa represa, debido a que consideraba que la concesión se otorgó de forma ilegal, motivo por el cual recibió amenazas, según cuentan sus parientes.
Las autoridades detuvieron en total a nueve personas relacionadas con el crimen, entre ellas un ingeniero de la empresa a cargo del proyecto, tres personas con vínculos con el ejército y un ex jefe de seguridad de la compañía. Pero para los familiares de Berta Cáceres eso no es suficiente.
Gustavo Cáceres Flores, hermano de la ambientalista, declaró a medios locales que ellos continúan la lucha para que termine lo que consideran un proceso de impunidad y exigen que el Estado hondureño tenga el valor de llegar hasta las personas que dieron la orden de acabar la vida con la activista.
"Esa conspiración muy estructurada y planificada llevó como acción final el asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, ella está con nosotros presente, más viva que nunca, porque Berta no murió, se multiplicó", expresó.
Por su parte, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, declaró a dpa que el caso se encuentra bajo secreto de sumario para no entorpecer las investigaciones que tienen como propósito determinar quiénes son los autores intelectuales y capturarlos.
Según Mora, desde el día del crimen el Ministerio Público conformó un equipo multidisciplinario para investigar el caso y se lanzó la "Operación Jaguar", que dio como resultado la captura de las personas. Todas ellas, a excepción del último detenido, se encuentran en prisión con auto de formal procesamiento.
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para el activismo ambiental, según el más reciente informe de Global Witness, divulgado en enero del 2017, situación que a la fecha parece no haber cambiado.
Así lo corrobora el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, para quien la situación actual de los defensores de la tierra sigue siendo precaria en Honduras.
"Desafortunadamente, y a pesar de la muerte y el dolor que se ha generado por la pérdida de vidas de liderazgos indígenas, campesinos y de defensores de derechos humanos, no se ha detenido la persecución y la intimidación hacia los sectores señalados", dijo Méndez a dpa.
En este sentido, comentó que esas amenazas provienen de los grupos económicos que se imponen a toda costa en los sectores territoriales que ancestralmente corresponden a las poblaciones indígenas, negras o campesinas.
Hoy, cuando se cumple el segundo aniversario de la muerte de Cáceres, sus familiares, amigos y compañeros de lucha tienen programadas a escala nacional una serie de acciones para exigir justicia y que su muerte no quede en la impunidad.
De igual forma solicitarán a las autoridades del Estado que se cancele de forma definitiva la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, el proyecto contra el que Cáceres, desde el Copinh, alzó su voz.
