Inicio
Política
Iñaki Urdangarín
El ex deportista profesional, casado con la infanta Cristina, fue condenado en 2017 a seis años y tres meses de prisión por fraude, prevaricación y malversación, entre otros delitos. Hoy, el Supremo rebajó levemente esa pena hasta los cinco años y 10 meses.
Pese a la rebaja, es muy probable que Urdangarin se convierta en los próximos días en el primer familiar del rey que entra en prisión.
A pocas horas de recibir la orden de ingreso de manos de la Justicia, las últimas bazas que tiene el cuñado del monarca son pedir el indulto -que tendría que otorgar el propio Felipe VI a petición del Gobierno- o recurrir ante el Tribunal Constitucional.
En cualquiera de esos casos, el condenado podría pedir la paralización de la ejecución de la sentencia a la Audiencia de Palma, el tribunal que lo juzgó en su día junto a su esposa (a la que absolvió) y a quien corresponde decidir sobre su encarcelamiento.
Según la sentencia del Tribunal Supremo, de más de 300 páginas, "está acreditado" que Urdangarin, gracias a "la situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado, constiguió mover la voluntad" de dirigentes públicos para sus negocios en el Instituto Nóos, una entidad ligada al deporte a través de la cual desvió fondos públicos.
"Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio", reza la sentencia.
La decisión del Supremo suscitó numerosas reacciones hoy en España. La casa real expresó su "absoluto respeto a la independencia del poder judicial", según informaron a dpa fuentes de la institución.
Los reyes Felipe VI y Letizia protagonizaron actos públicos en Madrid, sin ofrecer ningún comentario sobre la resolución judicial.
Desde el Gobierno del socialista Pedro Sánchez se mostraron también cautos. "No vamos a opinar sobre una resolución judicial. Se ha cumplido el Estado de Derecho, las garantías, la ley es igual para todos", dijo la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La izquierda española, por otra parte, pidió el ingreso inmediato de Urdangarin en prisión y criticó lo que considera una Justicia "desigual" con "notables privilegios" para el cuñado del rey.
El estallido del "caso Nóos" supuso en 2010 un golpe para el reinado de Juan Carlos I, quien abdicó en su hijo Felipe cuatro años después. Con la llegada al trono del nuevo monarca, la infanta Cristina y su hermana Elena quedaron fuera del núcleo de la familia real.
Antes, Juan Carlos I había apartado ya a su yerno de los actos oficiales de la Casa Real por su "comportamiento no ejemplar" y había borrado también su perfil de la página web de la institución.
Uno de los momentos más delicados para Urdangarin y la infanta Cristina fue cuando ambos tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados en 2016 en un juicio que acaparó la atención de medios de todo el mundo. La hermana de Felipe VI, acusada de dos delitos fiscales, fue absuelta por el tribunal de Palma.
El matrimonio ha residido desde 2013 en Ginebra (Suiza) con sus cuatro hijos para tratar de evitar la presión mediática y social levantada por el escándalo. Tras la sentencia de la Audiencia de Palma en febrero de 2017, Urdangarin quedó en libertad provisional.
El Supremo rebaja ahora cinco meses la primera condena al retirar un delito continuado de falsedad documental que se le atribuía.
La sentencia rebaja también casi tres años la pena impuesta originalmente al ex socio de Urdangarin en Nóos, Diego Torres.
Además, mantiene la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de la infanta Cristina y la esposa de Torres por malversación y fraude, aunque anula su responsabilidad en los delitos contra la Hacienda Pública, lo que supone una reducción de las multas a abonar.
El Supremo ratificó el resto de pronunciamientos de la Audiencia de Palma, entre ellos la pena impuesta al ex presidente del Gobierno regional de Baleares Jaume Matas, condenado a tres años y ocho meses de cárcel en el marco del "caso Nóos", uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de España.
Pese a la rebaja, es muy probable que Urdangarin se convierta en los próximos días en el primer familiar del rey que entra en prisión.
A pocas horas de recibir la orden de ingreso de manos de la Justicia, las últimas bazas que tiene el cuñado del monarca son pedir el indulto -que tendría que otorgar el propio Felipe VI a petición del Gobierno- o recurrir ante el Tribunal Constitucional.
En cualquiera de esos casos, el condenado podría pedir la paralización de la ejecución de la sentencia a la Audiencia de Palma, el tribunal que lo juzgó en su día junto a su esposa (a la que absolvió) y a quien corresponde decidir sobre su encarcelamiento.
Según la sentencia del Tribunal Supremo, de más de 300 páginas, "está acreditado" que Urdangarin, gracias a "la situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado, constiguió mover la voluntad" de dirigentes públicos para sus negocios en el Instituto Nóos, una entidad ligada al deporte a través de la cual desvió fondos públicos.
"Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio", reza la sentencia.
La decisión del Supremo suscitó numerosas reacciones hoy en España. La casa real expresó su "absoluto respeto a la independencia del poder judicial", según informaron a dpa fuentes de la institución.
Los reyes Felipe VI y Letizia protagonizaron actos públicos en Madrid, sin ofrecer ningún comentario sobre la resolución judicial.
Desde el Gobierno del socialista Pedro Sánchez se mostraron también cautos. "No vamos a opinar sobre una resolución judicial. Se ha cumplido el Estado de Derecho, las garantías, la ley es igual para todos", dijo la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La izquierda española, por otra parte, pidió el ingreso inmediato de Urdangarin en prisión y criticó lo que considera una Justicia "desigual" con "notables privilegios" para el cuñado del rey.
El estallido del "caso Nóos" supuso en 2010 un golpe para el reinado de Juan Carlos I, quien abdicó en su hijo Felipe cuatro años después. Con la llegada al trono del nuevo monarca, la infanta Cristina y su hermana Elena quedaron fuera del núcleo de la familia real.
Antes, Juan Carlos I había apartado ya a su yerno de los actos oficiales de la Casa Real por su "comportamiento no ejemplar" y había borrado también su perfil de la página web de la institución.
Uno de los momentos más delicados para Urdangarin y la infanta Cristina fue cuando ambos tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados en 2016 en un juicio que acaparó la atención de medios de todo el mundo. La hermana de Felipe VI, acusada de dos delitos fiscales, fue absuelta por el tribunal de Palma.
El matrimonio ha residido desde 2013 en Ginebra (Suiza) con sus cuatro hijos para tratar de evitar la presión mediática y social levantada por el escándalo. Tras la sentencia de la Audiencia de Palma en febrero de 2017, Urdangarin quedó en libertad provisional.
El Supremo rebaja ahora cinco meses la primera condena al retirar un delito continuado de falsedad documental que se le atribuía.
La sentencia rebaja también casi tres años la pena impuesta originalmente al ex socio de Urdangarin en Nóos, Diego Torres.
Además, mantiene la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de la infanta Cristina y la esposa de Torres por malversación y fraude, aunque anula su responsabilidad en los delitos contra la Hacienda Pública, lo que supone una reducción de las multas a abonar.
El Supremo ratificó el resto de pronunciamientos de la Audiencia de Palma, entre ellos la pena impuesta al ex presidente del Gobierno regional de Baleares Jaume Matas, condenado a tres años y ocho meses de cárcel en el marco del "caso Nóos", uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de España.
