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Efraín Ríos Montt
El Amicus Curiae (opinión de juristas ajenos al proceso, que no es vinculante) fue presentado en la Corte de Constitucionalidad (CC) por un guatemalteco, quien dijo ser un abogado que hacía la gestión en nombre de la Fundación Madrid, Paz y Solidaridad.
El representante depositó el documento en la secretaría de la Corte y dijo a periodistas no estar autorizado a dar declaraciones.
El miércoles un grupo de juristas españoles, entre ellos dos ex fiscales y una ex magistrada de la Audiencia Nacional, anunciaron en un comunicado que se presentarían ante la CC para entregar la recomendación, pero no asistieron.
El Amicus Curiae busca "puntualizar algunos aspectos desde el derecho internacional que pudieran servir de elementos de discusión en las deliberaciones de la honorable Corte", indicaron en la nota.
Otorgar la amnistía a Ríos Montt sería "una grave violación de las obligaciones internacionales", "un golpe al Estado de Derecho y un gran varapalo para las víctimas" y las organizaciones de derechos humanos que luchan contra la impunidad en Guatemala.
El miércoles, César Calderón, abogado defensor de Ríos Montt, calificó de "intromisión e injerencia" la opinión de los españoles.
Los magistrados de la CC decidirán -en una fecha no precisada- si otorgan o no la amnistía a Ríos Montt, quien en abril pasado presentó un recurso para obtener ese beneficio.
Además, la CC debe resolver otro amparo de dos generales de la cúpula militar del régimen de Ríos Montt, acusados de genocidio, al igual que el ex dictador.
Para las organizaciones humanitarias otorgar ese beneficio sentaría un precedente que afectaría las condenas en casos relacionados con el conflicto armado que sufrió Guatemala entre 1960 y 1996, con saldo de unas 200.000 muertes y desapariciones, la mayoría atribuidos a militares, según la ONU.
Ríos Montt, de 86 años, es procesado por la masacre de 201 campesinos perpetrada en 1982 por el ejército en la aldea Dos Erres, en Petén. Por el hecho cinco militares fueron condenados a 6.060 años de cárcel, pero la máxima de prisión es de 50 años.
El ex dictador, desde hace un año en arresto domiciliario -aunque puede moverse por el departamento de Guatemala-, también es acusado de la matanza de más de 1.700 indígenas en Quiché (norte).
Un alto tribunal le negó en octubre la amnistía, pero aún queda la petición que planteó ante la CC.
El representante depositó el documento en la secretaría de la Corte y dijo a periodistas no estar autorizado a dar declaraciones.
El miércoles un grupo de juristas españoles, entre ellos dos ex fiscales y una ex magistrada de la Audiencia Nacional, anunciaron en un comunicado que se presentarían ante la CC para entregar la recomendación, pero no asistieron.
El Amicus Curiae busca "puntualizar algunos aspectos desde el derecho internacional que pudieran servir de elementos de discusión en las deliberaciones de la honorable Corte", indicaron en la nota.
Otorgar la amnistía a Ríos Montt sería "una grave violación de las obligaciones internacionales", "un golpe al Estado de Derecho y un gran varapalo para las víctimas" y las organizaciones de derechos humanos que luchan contra la impunidad en Guatemala.
El miércoles, César Calderón, abogado defensor de Ríos Montt, calificó de "intromisión e injerencia" la opinión de los españoles.
Los magistrados de la CC decidirán -en una fecha no precisada- si otorgan o no la amnistía a Ríos Montt, quien en abril pasado presentó un recurso para obtener ese beneficio.
Además, la CC debe resolver otro amparo de dos generales de la cúpula militar del régimen de Ríos Montt, acusados de genocidio, al igual que el ex dictador.
Para las organizaciones humanitarias otorgar ese beneficio sentaría un precedente que afectaría las condenas en casos relacionados con el conflicto armado que sufrió Guatemala entre 1960 y 1996, con saldo de unas 200.000 muertes y desapariciones, la mayoría atribuidos a militares, según la ONU.
Ríos Montt, de 86 años, es procesado por la masacre de 201 campesinos perpetrada en 1982 por el ejército en la aldea Dos Erres, en Petén. Por el hecho cinco militares fueron condenados a 6.060 años de cárcel, pero la máxima de prisión es de 50 años.
El ex dictador, desde hace un año en arresto domiciliario -aunque puede moverse por el departamento de Guatemala-, también es acusado de la matanza de más de 1.700 indígenas en Quiché (norte).
Un alto tribunal le negó en octubre la amnistía, pero aún queda la petición que planteó ante la CC.
