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Política
Surgidas en la década de los 60, las mayores guerrillas de Colombia están comprometidas por separado en un proceso de desarme y de diálogo, respectivamente.
Durante una inusual reunión de dos días en La Habana, cuyo gobierno funge como garante de paz, los jefes máximos de ambas organizaciones ratificaron su voluntad de terminar con el conflicto de más de medio siglo que deja millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
"Buscaremos que el presente esfuerzo por la solución política comprometa a las distintas fuerzas que participan en el debate hacia las elecciones de 2018", señalaron en un comunicado conjunto.
El encuentro fue autorizado por el gobierno de Juan Manuel Santos, que enfrenta la férrea oposición de la derecha -encabezada por el exmandatario Álvaro Uribe- a los compromisos alcanzados con la guerrilla, por considerar que alientan la impunidad.
Ante el rechazo de algunos sectores, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y jefe máximo de las FARC, y Nicolás Rodríguez (Gabino), líder del ELN, agregaron que tratarán de "que los llamados a la guerra que hace la extrema derecha, no hagan reversar este impulso" por el fin del conflicto.
Con casi 7.000 combatientes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre último, tras cuatro años de negociaciones en La Habana.
Mientras esa guerrilla avanza en su desarme y se prepara para convertirse en partido político, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con unos 1.500 hombres y mujeres en armas, inició conversaciones con el mismo objetivo.
Los diálogos, que se llevan a cabo desde febrero en Quito, se cumplen en medio del fuego. Una segunda ronda de conversaciones iniciará el próximo martes.
Aunque ratificó la voluntad del ELN de sellar la paz, Rodríguez afirmó que dentro de sus cálculos, el acuerdo no podrá firmarse antes de las presidenciales de mayo del próximo año.
"La verdad no creemos, no está dentro de nuestros cálculos aunque así lo quisiéramos, que se pudiera avanzar tan rápido como todos queremos, por decir algo, antes de las elecciones", señaló en conferencia de prensa.
Santos dejará la presidencia en agosto de 2018, tras ocho años en el poder. La Constitución le impide buscar la reelección.
- Amenaza paramilitar -
Los grupos rebeldes admitieron "la disparidad de los avances" en los dos procesos, pero coincidieron en reconocer los derechos de las víctimas y de excluir la violencia de la lucha política, entre otros puntos.
A inicios de los años noventa, las FARC y el ELN intentaron negociar sin éxito un acuerdo de paz bajo la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, una alianza política que se disolvió tras rondas de conversaciones en Venezuela y México.
Sin embargo, también se han enfrentado a muerte por el dominio territorial y de fuentes ilegales de financiación como el narcotráfico en algunas zonas de Colombia.
En su declaración conjunta, las guerrillas también llamaron la atención sobre los recientes asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos - al menos 14 en lo corrido del año según la ONU -, atribuidos por los rebeldes a grupos paramilitares.
"Tenemos que decir con dolor que no vemos voluntad del gobierno de enfrentar como se debe el paramilitarismo como fenómeno que amenaza la paz", sostuvo Rodríguez.
De origen netamente campesino, las FARC siempre actuaron bajo un único mando e inspiradas por el marxismo-leninismo, mientras el ELN, con una estructura federada, atrajo a sus filas a intelectuales, sindicalistas y a sacerdotes de la Teología de la Liberación, un movimiento rebelde dentro de la Iglesia católica.
Londoño y Rodríguez reconocieron al gobierno de Santos su ayuda para el encuentro en La Habana, y plantearon convertirlo en "un mecanismo permanente de coordinación y diálogo conjunto".
"Quedamos muy satisfechos del intercambio que realizamos, fueron mucho más las coincidencias que diferencias, y ponemos a disposición de ellos todo el camino andado", declaró el líder de las FARC.
Delegados de ambas guerrillas tuvieron un primer acercamiento público en abril, en Quito.
