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Política
Desde marzo de 2008, cuando las fuerzas militares colombianas bombardearon el campamento de Raúl Reyes en Ecuador, de donde recogieron los computadores, una docena de políticos, incluyendo a los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, han sido señalados de mantener nexos con las FARC.
Pero en uno de esos procesos la Corte Suprema de Justicia declaró esta semana sin valor probatorio los archivos, porque no se cumplió con los requisitos de recolección de evidencia judicial.
Y aunque los magistrados precisaron que su fallo se refiere únicamente al caso que estudiaban, el del ex parlamentario izquierdista Wilson Borja, expertos jurídicos consideran que esos archivos no podrán sustentar ningún otro proceso.
"Después de esa decisión, la información de esos computadores no podrá ser usada en ningún otro proceso", dijo a la AFP el ex fiscal y ex procurador Alfonso Gómez Méndez.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, defendió la validez probatoria del contenido de los computadores: "Hay otros países que ya han utilizado esas pruebas, por ejemplo España, para ordenar capturas", dijo tras recordar que cuando se produjo la incautación él era ministro de Defensa.
"Tuvimos especial cuidado, especial cuidado para que se respetara la cadena de custodia y que las pruebas fueran recogidas en forma debida", agregó en declaraciones a periodistas en el caribeño puerto de Cartagena (norte).
Su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, reaccionó diciendo que "lo que ha hecho la Corte Suprema es dejar sentado a nivel jurídico una verdad evidente: que eso era una patraña, que con eso no se podía justificar absolutamente nada, acusar absolutamente a nadie, que no tenía ninguna validez moral ni ética".
El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo gobierno se vio severamente cuestionado por esos documentos, también celebró la decisión. "Sencillamente, esa fábula envenenada que trataron de crear a través de unos supuestos computadores de Raúl Reyes está llegando al final", dijo.
Las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador se resquebrajaron a raíz del bombardeo y de las denuncias basadas en los archivos de Reyes, al punto de que Quito las rompió en 2008 y Caracas dos años después, aunque luego se reanudaron con la llegada a la presidencia de Santos en agosto de 2010.
Para Fernando Giraldo, experto en relaciones internacionales, "la decisión es de gran beneficio" para esos dos gobiernos. "Le quita peso a nivel internacional a los señalamientos de sus conexiones con las FARC. Además, los archivos de Reyes han perdido asidero legal ante la justicia internacional", señaló a la AFP.
El fallo servirá también para fortalecer la demanda de reposición que intenta la ex senadora liberal Piedad Córdoba, quien desde 2007 ha mediado en la liberación de rehenes de las FARC, en algunos casos junto a Chávez, y fue destituida en 2010 sobre la base de los archivos del computador de Reyes.
"Aunque el caso de Córdoba es diferente, porque a ella la sancionó la Procuraduría (justicia administrativa), ha quedado claro que esas pruebas no pueden ser usadas en procesos ni penales ni disciplinarios", dijo a la AFP Federico Andreu, de la Comisión Colombiana de Juristas.
Pero en uno de esos procesos la Corte Suprema de Justicia declaró esta semana sin valor probatorio los archivos, porque no se cumplió con los requisitos de recolección de evidencia judicial.
Y aunque los magistrados precisaron que su fallo se refiere únicamente al caso que estudiaban, el del ex parlamentario izquierdista Wilson Borja, expertos jurídicos consideran que esos archivos no podrán sustentar ningún otro proceso.
"Después de esa decisión, la información de esos computadores no podrá ser usada en ningún otro proceso", dijo a la AFP el ex fiscal y ex procurador Alfonso Gómez Méndez.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, defendió la validez probatoria del contenido de los computadores: "Hay otros países que ya han utilizado esas pruebas, por ejemplo España, para ordenar capturas", dijo tras recordar que cuando se produjo la incautación él era ministro de Defensa.
"Tuvimos especial cuidado, especial cuidado para que se respetara la cadena de custodia y que las pruebas fueran recogidas en forma debida", agregó en declaraciones a periodistas en el caribeño puerto de Cartagena (norte).
Su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, reaccionó diciendo que "lo que ha hecho la Corte Suprema es dejar sentado a nivel jurídico una verdad evidente: que eso era una patraña, que con eso no se podía justificar absolutamente nada, acusar absolutamente a nadie, que no tenía ninguna validez moral ni ética".
El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo gobierno se vio severamente cuestionado por esos documentos, también celebró la decisión. "Sencillamente, esa fábula envenenada que trataron de crear a través de unos supuestos computadores de Raúl Reyes está llegando al final", dijo.
Las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador se resquebrajaron a raíz del bombardeo y de las denuncias basadas en los archivos de Reyes, al punto de que Quito las rompió en 2008 y Caracas dos años después, aunque luego se reanudaron con la llegada a la presidencia de Santos en agosto de 2010.
Para Fernando Giraldo, experto en relaciones internacionales, "la decisión es de gran beneficio" para esos dos gobiernos. "Le quita peso a nivel internacional a los señalamientos de sus conexiones con las FARC. Además, los archivos de Reyes han perdido asidero legal ante la justicia internacional", señaló a la AFP.
El fallo servirá también para fortalecer la demanda de reposición que intenta la ex senadora liberal Piedad Córdoba, quien desde 2007 ha mediado en la liberación de rehenes de las FARC, en algunos casos junto a Chávez, y fue destituida en 2010 sobre la base de los archivos del computador de Reyes.
"Aunque el caso de Córdoba es diferente, porque a ella la sancionó la Procuraduría (justicia administrativa), ha quedado claro que esas pruebas no pueden ser usadas en procesos ni penales ni disciplinarios", dijo a la AFP Federico Andreu, de la Comisión Colombiana de Juristas.
