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"Quiero que me devuelvan el cuerpo de mi padre Timoteo para poder enterrarlo junto al de mi madre", dijo a la jueza, María Servini de Cubría, Ascensión Mendieta Ibarra, una madrileña de 88 años que viajó a Buenos Aires a declarar acompañada por una de sus hermanas.
La anciana busca los restos de su padre fusilado en 1939, hecho que dejó a su madre sola con siete hijos a cargo.
"La declaración de Ascensión produjo una emoción muy intensa en el juzgado", declaró a la AFP Chato Galante, un integrante de la delegación de una treintena de personas que viajó para la ocasión.
María Antonia Olivier también declaró por el asesinato de un tío abuelo, aunque se presentó asimismo como querellante por alrededor de 1.700 personas fallecidas en Palma de Mallorca (Islas Baleares, este) durante el régimen de Francisco Franco (1936-1975).
"Me cuesta entender que 74 años después del comienzo de lo que fue la guerra civil entre republicanos y falangistas y 38 años después de la muerte de su dictador ustedes sigan recorriendo el camino de pedir justicia y que nuestro país sea el único en el mundo que investiga el genocidio franquista", dijo Nito Artaza, presidente de la comisión de derechos y garantías del Senado, en una reunión con la delegación.
"Haremos lo posible para que alcancemos una condena explícita al régimen franquista en nuestro país", agregó, de acuerdo con un comunicado.
Servini de Cubría investiga una denuncia de más de medio centenar de familiares de víctimas del franquismo durante la Guerra Civil (1936-39) y hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones legislativas en España.
La causa fue abierta en 2010 en virtud del principio de justicia universal y en ella se presentaron muchas víctimas después de que el entonces juez español Baltasar Garzón, que llevaba el caso en los estrados españoles, fuera inhabilitado en 2012.
La jueza sostiene que la Constitución y varios tratados internacionales ratificados por Argentina respaldan el principio de justicia universal.
La magistrada ya pidió a España la extradición de cuatro supuestos implicados, aunque se comprobó que dos de ellos habían fallecido.
Tras la aprobación del gobierno de España, un juez español citó el jueves a dos expolicías acusados de torturas para preguntarles si aceptan ser extraditados.
