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Martínez explicó que la Fiscalía está identificando “fenómenos que son preocupantes” en cuanto a los homicidios de líderes sociales, y advirtió que grupos paramilitares (armados y de corriente de extrema derecha) estarían “actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país”.
El fiscal dijo que es importante "hacerle un llamado a la nación sobre fenómenos de criminalidad”, haciendo énfasis en que los reportes apuntan a que los ataques van dirigidos principalmente hacia líderes reclamantes de tierras -por haber sido desplazados de sus territorios por el conflicto armado interno-.
El Gobierno hasta el momento había sostenido que los homicidios a los líderes no eran sistemáticos, como lo afirmó el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, en octubre pasado, al señalar que “no es un solo patrón, sino que hay varias fuentes” por las que pueden estar siendo asesinados.
El grupo paramilitar más importante en el país fueron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y si bien se desmovilizaron entre 2003 y 2006, algunos hombres armados migraron a las filas de bandas criminales especialmente ligadas al negocio del narcotráfico.
Tras la desmovilización de las AUC nació el Clan del Golfo, la banda de crimen organizado más grande de Colombia, que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para mantener una fachada política de sus actividades narcotraficantes.
Recientemente el país atravesó una fuerte polémica luego de que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicara que “la inmensa mayoría” de los asesinatos a líderes sociales se han producido por problemas conyugales, como él mismo dijo “líos de faldas”.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos respondieron enfáticamente a las declaraciones de Villegas, explicando que sus declaraciones minimizaban la situación que están viviendo los líderes sociales.
Esta semana el Ministerio del Interior dio a conocer un informe de la ONU, encargada de hacer la verificación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que indica que hasta el momento se han reportado 64 homicidios a líderes sociales durante 2017.
La cifra contrasta con lo señalado por el Ministerio Público, que señala que en lo corrido de este año han sido asesinados 50 representantes de las comunidades.
