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Política
Daisy George, miembro de la coalición opositora, dijo en rueda de prensa que los representantes del presidente Daniel Ortega “no tuvieron voluntad política de tocar el tema” en la mesa electoral, una de las tres instancias de trabajo que sesionaron este lunes.
“El Gobierno demostró que no tiene voluntad política de hablar sobre el tema de la democratización, que constituye un tema fundamental por ser un clamor del pueblo”, indicó George.
Por su parte, el dirigente estudiantil Lesther Alemán, que forma parte de la mesa judicial, reveló que allí tampoco avanzaron y culpó a los delegados oficiales de “falta de voluntad”.
“Les dijimos que si daban el sí al adelanto de elecciones, el segundo punto sería la destitución de los magistrados del CSE (Consejo Supremo Electoral) y no tuvimos respuesta”, dijo Alemán.
Comentó que el equipo negociador del Gobierno en esa mesa está integrado, entre otros, por el actual presidente del CSE, Lumberto Campell, y la magistrada electoral Mayra Salinas, ambos destacados militantes del gobernante Frente Sandinista.
Otro líder estudiantil, Víctor Cuadras, afirmó que la Alianza Cívica también seguirá exigiendo “instalar un Poder Judicial transparente y legítimo”, para lo cual es preciso “hacer una limpieza de los funcionarios en todo el sistema de justicia”.
La tercera mesa de debates, la de verificación y seguridad, alcanzó un primer acuerdo: el de “trabajar el tema del respeto a la vida, que pasa por el cese a la represión”, explicó Azahálea Solís, presidenta de esa instancia.
Señaló que la Alianza Cívica insistió en la necesidad de disolver los grupos parapoliciales y paramilitares, realizar una verificación en cárceles legales y clandestinas, e indagar en denuncias sobre capturas ilegales y torturas.
“Nosotros vamos a procurar establecer un ambiente de paz y para eso es urgente parar la presencia de grupos armados fuera de la ley. Hay que evitar una guerra civil”, afirmó Solís.
Dijo que al debate asistieron miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaron el domingo para instalar el Mecanismo de seguimiento para Nicaragua (MESENI) y que acordaron reuniones por separado con el Gobierno y la oposición a partir de mañana.
Los representantes del Gobierno en el diálogo nacional no ofrecieron declaraciones al concluir la jornada de trabajo.
La sesión se realizó tras una nueva jornada de violencia que comenzó la noche del domingo, cuando fuerzas policiales y paramilitares disolvieron retenes y barricadas en cinco ciudades del país.
Alvaro Leiva, directivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), dijo que los ataques dejaron tres civiles heridos en la ciudad de Nagarote (occidente), donde las autoridades reportaron la muerte de una mujer policía.
Leiva afirmó al canal 15 de televisión que la presencia de grupos paramilitares, aparentemente manejados por la Policía, es “una situación que no permite la recuperación inmediata de la paz”.
Al respecto, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, confirmó que el Gobierno inició un plan para remover los focos de protesta de quienes calificó como “grupos vandálicos, personas con el corazón lleno de odio y de maldad”.
Murillo dijo que Ortega “está empeñado en restaurar la paz y la seguridad” en el país. “La Constitución establece el derecho al trabajo y a la movilización, es un derecho inalienable y lo tenemos que hacer cumplir”, advirtió.
Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, mediadora en el diálogo, anunció que mañana martes viajará al Vaticano para reunirse con el papa Francisco e informarle sobre “la situación doliente y sufriente” que vive Nicaragua.
La aguda crisis política comenzó en abril con una protesta estudiantil, y se agudizó al punto de que amplios sectores de la población exigen la renuncia de Ortega. Aún así, Ortega es el presidente porque ganó las elecciones.
La CIDH registra desde entonces 212 muertos y al menos 1.377 heridos. Una Comisión de la Verdad formada por el Gobierno reporta 173 fallecidos.
“El Gobierno demostró que no tiene voluntad política de hablar sobre el tema de la democratización, que constituye un tema fundamental por ser un clamor del pueblo”, indicó George.
Por su parte, el dirigente estudiantil Lesther Alemán, que forma parte de la mesa judicial, reveló que allí tampoco avanzaron y culpó a los delegados oficiales de “falta de voluntad”.
“Les dijimos que si daban el sí al adelanto de elecciones, el segundo punto sería la destitución de los magistrados del CSE (Consejo Supremo Electoral) y no tuvimos respuesta”, dijo Alemán.
Comentó que el equipo negociador del Gobierno en esa mesa está integrado, entre otros, por el actual presidente del CSE, Lumberto Campell, y la magistrada electoral Mayra Salinas, ambos destacados militantes del gobernante Frente Sandinista.
Otro líder estudiantil, Víctor Cuadras, afirmó que la Alianza Cívica también seguirá exigiendo “instalar un Poder Judicial transparente y legítimo”, para lo cual es preciso “hacer una limpieza de los funcionarios en todo el sistema de justicia”.
La tercera mesa de debates, la de verificación y seguridad, alcanzó un primer acuerdo: el de “trabajar el tema del respeto a la vida, que pasa por el cese a la represión”, explicó Azahálea Solís, presidenta de esa instancia.
Señaló que la Alianza Cívica insistió en la necesidad de disolver los grupos parapoliciales y paramilitares, realizar una verificación en cárceles legales y clandestinas, e indagar en denuncias sobre capturas ilegales y torturas.
“Nosotros vamos a procurar establecer un ambiente de paz y para eso es urgente parar la presencia de grupos armados fuera de la ley. Hay que evitar una guerra civil”, afirmó Solís.
Dijo que al debate asistieron miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaron el domingo para instalar el Mecanismo de seguimiento para Nicaragua (MESENI) y que acordaron reuniones por separado con el Gobierno y la oposición a partir de mañana.
Los representantes del Gobierno en el diálogo nacional no ofrecieron declaraciones al concluir la jornada de trabajo.
La sesión se realizó tras una nueva jornada de violencia que comenzó la noche del domingo, cuando fuerzas policiales y paramilitares disolvieron retenes y barricadas en cinco ciudades del país.
Alvaro Leiva, directivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), dijo que los ataques dejaron tres civiles heridos en la ciudad de Nagarote (occidente), donde las autoridades reportaron la muerte de una mujer policía.
Leiva afirmó al canal 15 de televisión que la presencia de grupos paramilitares, aparentemente manejados por la Policía, es “una situación que no permite la recuperación inmediata de la paz”.
Al respecto, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, confirmó que el Gobierno inició un plan para remover los focos de protesta de quienes calificó como “grupos vandálicos, personas con el corazón lleno de odio y de maldad”.
Murillo dijo que Ortega “está empeñado en restaurar la paz y la seguridad” en el país. “La Constitución establece el derecho al trabajo y a la movilización, es un derecho inalienable y lo tenemos que hacer cumplir”, advirtió.
Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, mediadora en el diálogo, anunció que mañana martes viajará al Vaticano para reunirse con el papa Francisco e informarle sobre “la situación doliente y sufriente” que vive Nicaragua.
La aguda crisis política comenzó en abril con una protesta estudiantil, y se agudizó al punto de que amplios sectores de la población exigen la renuncia de Ortega. Aún así, Ortega es el presidente porque ganó las elecciones.
La CIDH registra desde entonces 212 muertos y al menos 1.377 heridos. Una Comisión de la Verdad formada por el Gobierno reporta 173 fallecidos.
