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Política
Artur Mas-a la izquierda-y Carles Puigdemont
El juez de la Audiencia Nacional a cargo del caso amplió la investigación a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido que gobernó la región durante décadas, y a su heredero PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán), la marca con la que Puigdemont impulsó el plan secesionista en Cataluña.
La imputación se inscribe en el llamado "caso del 3 por ciento", un escándalo por el presunto cobro de comisiones de líderes de CDC a cambio de la concesión de obra pública en Cataluña.
El magistrado explicó en un auto conocido hoy que se investiga a ex altos funcionarios del partido y de diversas administraciones por haber puesto en marcha una estructura para financiar de forma ilegal a CDC mediante "donaciones" de fundaciones ligadas al partido que, a cambio, se beneficiaban de concursos públicos.
El monto de licitaciones comprometidas supera los 218 millones de euros (253 millones de dólares), detalló el juez en el auto, mientras que las "donaciones" irregulares ligadas a esas concesiones se elevan por encima del millón de euros.
El estallido del escándalo a partir de 2005 sumió en una crisis a CDC, que viró entonces desde posturas simplemente nacionalistas a la abiertamente independentista que defiende ahora. En 2016, su entonces líder, Artur Mas, se apartó de primera línea para ceder el poder a Puigdemont y el partido se refundó como PDeCAT.
La fuerza intentó despegarse del escándalo asegurando que era una formación nueva, pero el auto del juez conocido hoy considera que el cambio de nombre fue "la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente (CDC)". Imputa por eso tanto a CDC como a PDeCAT.
La ampliación de la investigación a ambas siglas se conoce con la grave crisis abierta por el plan independentista en Cataluña aún abierta.
Puigdemont, que huyó al exterior tras culminar su plan rupturista a fines de octubre con una declaración independentista en el Parlamento catalán, no puede regresar a España, donde está procesado por rebelión y malversación de fondos debido a ese proceso. Torra y los soberanistas lo consideran un perseguido político.
La imputación se inscribe en el llamado "caso del 3 por ciento", un escándalo por el presunto cobro de comisiones de líderes de CDC a cambio de la concesión de obra pública en Cataluña.
El magistrado explicó en un auto conocido hoy que se investiga a ex altos funcionarios del partido y de diversas administraciones por haber puesto en marcha una estructura para financiar de forma ilegal a CDC mediante "donaciones" de fundaciones ligadas al partido que, a cambio, se beneficiaban de concursos públicos.
El monto de licitaciones comprometidas supera los 218 millones de euros (253 millones de dólares), detalló el juez en el auto, mientras que las "donaciones" irregulares ligadas a esas concesiones se elevan por encima del millón de euros.
El estallido del escándalo a partir de 2005 sumió en una crisis a CDC, que viró entonces desde posturas simplemente nacionalistas a la abiertamente independentista que defiende ahora. En 2016, su entonces líder, Artur Mas, se apartó de primera línea para ceder el poder a Puigdemont y el partido se refundó como PDeCAT.
La fuerza intentó despegarse del escándalo asegurando que era una formación nueva, pero el auto del juez conocido hoy considera que el cambio de nombre fue "la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente (CDC)". Imputa por eso tanto a CDC como a PDeCAT.
La ampliación de la investigación a ambas siglas se conoce con la grave crisis abierta por el plan independentista en Cataluña aún abierta.
Puigdemont, que huyó al exterior tras culminar su plan rupturista a fines de octubre con una declaración independentista en el Parlamento catalán, no puede regresar a España, donde está procesado por rebelión y malversación de fondos debido a ese proceso. Torra y los soberanistas lo consideran un perseguido político.
