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JERUSALEN, Marius Schattner, (AFP) -
Después de pasar por un puesto de control israelí y en cuanto se ingresa al barrio de Kfar Aqeb, se llega a otro mundo: las calles están llenas de baches, algunas no están pavimentadas, los desperdicios se van amontonando antes de ser quemados y nuevas viviendas van brotando en una profusión anárquica, en contradicción con cualquier tipo de planificación urbana.
"Vivimos en una tierra de nadie. La policía palestina no puede imponer la ley aquí a pesar de que seguimos formando parte de Jerusalén Este. La policía israelí tampoco interviene, porque estamos del otro lado del muro", explicó Samih Abu Romeileh, de 33 años, que anima un comité vecinal.
Hace unas semanas, según este director de escuela, "cuatro delincuentes armados pudieron aterrorizar impunemente a niños y profesores durante una hora y media sin que nadie interviniese", a pesar de los llamados a una comisaría israelí vecina.
En caso de urgencia médica "es difícil transportar a los enfermos a Jerusalén, dado que las ambulancias israelíes rechazan pasar más allá del retén".
Algo parecido ocurre con los servicios municipales de limpieza. Fue necesario, según dijo, que el comité vecinal llamase la atención de la prensa, vaciando en Tel Aviv y ante las cámaras los basureros de Kfar Aqeb, para que la municipalidad de Jerusalén se decidiera por fin a firmar un contrato con una empresa local.
Sólo las escuelas públicas son aún financiadas por el ayuntamiento de Jerusalén y el ministerio israelí de Educación.
"De lado israelí se hace todo para separarnos de Jerusalén y para deshacerse de nosotros. Pero sin reconocerlo oficialmente, pues esto significaría que Israel renuncia a una parte de Jerusalén Este", denunció Romeileh.
"Vivimos en una gran prisión desde la construcción del muro", se lamentó Nisreen al Mimi, de 32 años, madre de cuatro hijos, cuya casa se ubica a unas decenas de metros de la muralla de ocho metros de altura.
Como los otros habitantes de Kfar Aqeb, se queja de estar obligada a pagar impuestos municipales sin recibir a cambio servicios esenciales.
"Aquí cada cual se las arregla como puede, no hay ley", confía un vecino septuagenario, cuya casa esta al lado del muro de separación.
Un muro que Israel denomina "barrera antiterrorista", pero que los palestinos califican de "muro del apartheid".
A comienzos de enero, el responsable de las cuestiones relacionadas con Jerusalén Este en el ayuntamiento, Yakir Segev, admitió por primera vez que "la municipalidad de Jerusalén no administra los barrios (fuera del muro) donde viven unos 55.000 habitantes.
"De hecho, el Estado de Israel renunció a esos barrios. Escapan a su control y por cierto al del ayuntamiento", destacó Segev.
Para la Asociación israelí de Derechos Civiles, este reconocimiento "reveló la verdad, dado que desde hace años el ayuntamiento aseguraba que pretendía preocuparse del bienestar de los habitantes de esos barrios".
"Se desentienden de toda responsabilidad sobre esos barrios, pero no los confían a la Autoridad palestina", insistió Orly Noi, una responsable de la ONG Ir Amim (Una ciudad para todos los pueblos).
"Se quiere un Jerusalén unificado sin pagar el precio", agregó, refiriéndose a una ley israelí de 1981 que decretó que Jerusalén, anexada al Estado hebreo que la había ocupado militarmente en la Guerra de los Seis Días de 1967, es la "capital unificada de Israel".
Después de pasar por un puesto de control israelí y en cuanto se ingresa al barrio de Kfar Aqeb, se llega a otro mundo: las calles están llenas de baches, algunas no están pavimentadas, los desperdicios se van amontonando antes de ser quemados y nuevas viviendas van brotando en una profusión anárquica, en contradicción con cualquier tipo de planificación urbana.
"Vivimos en una tierra de nadie. La policía palestina no puede imponer la ley aquí a pesar de que seguimos formando parte de Jerusalén Este. La policía israelí tampoco interviene, porque estamos del otro lado del muro", explicó Samih Abu Romeileh, de 33 años, que anima un comité vecinal.
Hace unas semanas, según este director de escuela, "cuatro delincuentes armados pudieron aterrorizar impunemente a niños y profesores durante una hora y media sin que nadie interviniese", a pesar de los llamados a una comisaría israelí vecina.
En caso de urgencia médica "es difícil transportar a los enfermos a Jerusalén, dado que las ambulancias israelíes rechazan pasar más allá del retén".
Algo parecido ocurre con los servicios municipales de limpieza. Fue necesario, según dijo, que el comité vecinal llamase la atención de la prensa, vaciando en Tel Aviv y ante las cámaras los basureros de Kfar Aqeb, para que la municipalidad de Jerusalén se decidiera por fin a firmar un contrato con una empresa local.
Sólo las escuelas públicas son aún financiadas por el ayuntamiento de Jerusalén y el ministerio israelí de Educación.
"De lado israelí se hace todo para separarnos de Jerusalén y para deshacerse de nosotros. Pero sin reconocerlo oficialmente, pues esto significaría que Israel renuncia a una parte de Jerusalén Este", denunció Romeileh.
"Vivimos en una gran prisión desde la construcción del muro", se lamentó Nisreen al Mimi, de 32 años, madre de cuatro hijos, cuya casa se ubica a unas decenas de metros de la muralla de ocho metros de altura.
Como los otros habitantes de Kfar Aqeb, se queja de estar obligada a pagar impuestos municipales sin recibir a cambio servicios esenciales.
"Aquí cada cual se las arregla como puede, no hay ley", confía un vecino septuagenario, cuya casa esta al lado del muro de separación.
Un muro que Israel denomina "barrera antiterrorista", pero que los palestinos califican de "muro del apartheid".
A comienzos de enero, el responsable de las cuestiones relacionadas con Jerusalén Este en el ayuntamiento, Yakir Segev, admitió por primera vez que "la municipalidad de Jerusalén no administra los barrios (fuera del muro) donde viven unos 55.000 habitantes.
"De hecho, el Estado de Israel renunció a esos barrios. Escapan a su control y por cierto al del ayuntamiento", destacó Segev.
Para la Asociación israelí de Derechos Civiles, este reconocimiento "reveló la verdad, dado que desde hace años el ayuntamiento aseguraba que pretendía preocuparse del bienestar de los habitantes de esos barrios".
"Se desentienden de toda responsabilidad sobre esos barrios, pero no los confían a la Autoridad palestina", insistió Orly Noi, una responsable de la ONG Ir Amim (Una ciudad para todos los pueblos).
"Se quiere un Jerusalén unificado sin pagar el precio", agregó, refiriéndose a una ley israelí de 1981 que decretó que Jerusalén, anexada al Estado hebreo que la había ocupado militarmente en la Guerra de los Seis Días de 1967, es la "capital unificada de Israel".
