Tras incautarse el viernes de más de 100.000 carteles de propaganda de la consulta en un almacén en Barcelona, la Guardia Civil requisó hoy las planchas destinadas a la elaboración de los pasquines así como la destinada a publicitar el "sí" en la votación.
En un comunicado, el Ministerio de Interior español tildó de "significativo" que tanto los carteles de difusión del referéndum como los de apoyo al 'sí' se hayan elaborado "en el mismo lugar y en el mismo tiempo". La operación sigue abierta y no se descartan otras actuaciones, informó el Ministerio.
La Fiscalía ordenó esta semana a las fuerzas de seguridad impedir cualquier actuación dirigida a preparar el polémico referéndum e intervenir los materiales destinados a su celebración, como carteles, urnas, sobres electorales, etc.
La consulta soberanista fue convocada por el Gobierno catalán el 7 de septiembre. Horas después, el Ejecutivo español de Mariano Rajoy recurrió la convocatoria ante el Tribunal Constitucional y éste la anuló, prohibiendo "de facto" la votación fijada el 1 de octubre.
Desde entonces, el Estado español trata de impedir su celebración. Mientras, los independentistas aseguran que seguirán con sus planes si Rajoy no abre un proceso para negociar una consulta pactada, una posibilidad que el presidente del Gobierno español rechaza.
En un comunicado, el Ministerio de Interior español tildó de "significativo" que tanto los carteles de difusión del referéndum como los de apoyo al 'sí' se hayan elaborado "en el mismo lugar y en el mismo tiempo". La operación sigue abierta y no se descartan otras actuaciones, informó el Ministerio.
La Fiscalía ordenó esta semana a las fuerzas de seguridad impedir cualquier actuación dirigida a preparar el polémico referéndum e intervenir los materiales destinados a su celebración, como carteles, urnas, sobres electorales, etc.
La consulta soberanista fue convocada por el Gobierno catalán el 7 de septiembre. Horas después, el Ejecutivo español de Mariano Rajoy recurrió la convocatoria ante el Tribunal Constitucional y éste la anuló, prohibiendo "de facto" la votación fijada el 1 de octubre.
Desde entonces, el Estado español trata de impedir su celebración. Mientras, los independentistas aseguran que seguirán con sus planes si Rajoy no abre un proceso para negociar una consulta pactada, una posibilidad que el presidente del Gobierno español rechaza.