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"Es muy importante también el establecimiento de un órgano específico para la búsqueda y localización de las personas o de sus restos en su caso", dijo el uruguayo Álvaro Garcé García y Santos, miembro del Comité, en una rueda de prensa tras la quinta sesión de este órgano que se celebró en Ginebra desde el 4 de noviembre.
"El comité ha invitado al Estado español a que considere la posibilidad de crear una comisión de expertos independientes para poder determinar la verdad de lo que ha ocurrido con las personas desaparecidas", añadió.
"Hacemos esta invitación a investigar el pasado no con espíritu de revancha sino con una mirada constructiva", dijo Garcé, y aseguró que la "verdad es indispensable" para el futuro de la sociedad española.
El exjuez Baltasar Garzón dijo este viernes tras la recomendación de la ONU que "esta cuestión no es del pasado, es del presente", según declaraciones citadas en un comunicado de la fundación internacional que lleva su nombre.
En 2008, 36 asociaciones habían presentado cientos de denuncias ante Garzón, ahora inhabilitado, que presionado por la fiscalía las acabó trasfiriendo a los juzgados provinciales antes de ser juzgado en 2012 por vulnerar la ley de amnistía.
"A día de hoy se puede decir que en España no hay ninguna investigación abierta por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo [...] lo que significa que España está incumpliendo flagrantemente el derecho humano a la verdad, la justicia y la reparación", añadió el exjuez.
Por su parte, Amnistía Internacional en España se felicitó de las recomendaciones del comité y pidió "que se adopten las medidas necesarias desde el Gobierno y desde el poder judicial para eliminar los obstáculos".
Presión de la ONU
La petición vuelve a poner bajo presión al gobierno español, después de que el pasado 30 de septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas pidiera a las autoridades que investigasen el destino de miles de desaparecidos.
Pero a pesar de la ONU y de una investigación abierta por la justicia argentina en 2010, España invoca una ley de amnistía de 1977 para negarse a abrir esta dossier sensible.
Esa ley, votada en la época por todas las fuerzas políticas para intentar cerrar el capítulo de la Guerra Civil y el franquismo, da por amnistiados "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado" cometidos antes de esa fecha.
"Hay veces en que el derecho entra en contradicción con la justicia", reconoció Garcé en Ginebra y explicó que la misión del comité es "bregar por esa justicia" porque los expertos de la ONU consideran que la ley de 1977, que tuvo entonces "una función importante" en la transición política, "no puede erigirse, no puede constituir un obstáculo para la justicia".
España se resiste a investigar las desapariciones forzadas de la guerra civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), a pesar de que en los últimos años las asociaciones de víctimas exhumaron los restos de cerca de 6.300 personas enterradas en fosas comunes, 2.500 de las cuales fueron identificadas.
Casi cuatro décadas después de la ley de amnistía, tanto el gubernamental Partido Popular (PP, derecha) como el opositor Partido Socialista rechazan derogarla, como hizo Argentina con sus leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
