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Miembros de Junts pel Sí y del gobierno catalán, entre ellos el presidente Puigdemont, tercero por la derecha
"En estas condiciones, no se puede continuar, no vamos a ningún sitio con unas bases tan volátiles", afirmó el presidente catalán, Carles Puigdemont, después de perder la importante votación parlamentaria.
"Constato que mi gobierno ha perdido la mayoría necesaria para poder trabajar y cumplir nuestro plan de gobierno", declaró ante los diputados.
La coalición Juntos por el Sí de Puigdemont, formada por partidos independentistas de derecha e izquierda, llegó al poder tras un pacto con la Candidatura de Unidad Popular (CUP), de izquierda radical, para convertir esta región mediterránea en una república independiente.
Sin embargo, este pacto se rompió este miércoles cuando la CUP se unió a la oposición no independentista para impedir la tramitación de los presupuestos, que fueron rechazados con 62 votos a favor y 72 en contra.
"Son manifiestamente insuficientes" marcados por "el mantenimiento de la austeridad y la sumisión al gobierno central", argumentó Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, que reclama desobedecer los topes de gasto marcados por Madrid y subir los impuestos a las rentas altas.
Ante la nueva coyuntura, Puigdemont anunció que en septiembre se sometería a una moción de confianza en el parlamento.
Si la CUP vuelve a alinearse con los no independentistas, deberá escogerse un nuevo gobierno o convocarse nuevas elecciones, las cuartas desde 2010, con lo que el proceso independentista catalán quedaría abortado.
"Creemos que los puentes hacia la independencia no se han roto", le respondió inmediatamente el diputado de la CUP, Joan Garriga, aunque sin asegurar su respaldo.
Después de obtener la mayoría absoluta del parlamento regional en septiembre de 2015, los separatistas se comprometieron a preparar esta región de 7,5 millones de habitantes para separarse del resto de España.
Para ello contemplaban la puesta en marcha de instituciones como un banco central o una hacienda independiente, a la que destinaban 48,5 millones de euros en este presupuesto.
También querían aumentar en 874 millones de euros el gasto social con el objetivo de ampliar sus partidarios entre la población catalana pues, pese al auge nacionalista de los últimos años, el independentismo no dispone de una mayoría clara.
Una vez perdida la votación, el gobierno deberá conformarse con prorrogar el presupuesto de 2015, con un nivel de gasto más limitado, y gran parte de estas medidas no se podrán aplicar.
"Enfrentarse al Estado (español) con un presupuesto prorrogado es como ir a cazar elefantes con una escopeta de balines", dijo Puigdemont.
Más allá de su debilidad parlamentaria, el gobierno catalán se encuentra atenazado por la justicia, que sigue de cerca sus movimientos hacia la independencia, y el crítico estado de sus finanzas.
Pese a generar una quinta parte del PIB español, Cataluña se encuentra fuertemente endeudada, su deuda está calificada como "bono basura" por las agencias de calificación y no puede financiarse en los mercados, por lo que su liquidez depende de los préstamos del gobierno español.
Al gobierno de Puigdemont no le quedaba mucha más salida que esta moción de confianza, atrapado entre la desconfianza hacia la CUP y las exigencias del resto de la oposición de abandonar su proyecto independentista para poder dialogar.
"Vuelvan al camino de la sensatez", dijo Antonio Espinosa, del principal grupo opositor, Ciudadanos (centroderecha). "Pongan punto final a este proceso y así podremos sentarnos a hablar", les invitó Enric Millo, diputado del Partido Popular (PP, derecha) que gobierna en España.
La crisis catalana también repercutió en la política española, que se prepara para las elecciones legislativas del 26 de junio. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la utilizó como ejemplo de lo que ocurre cuando un partido se pone "en manos de la radicalidad".
Una advertencia ligada al auge del partido antiausteridad Podemos en los sondeos para las legislativas, que podría coronarse como segunda fuerza española y principal oposición al Partido Popular.
"Constato que mi gobierno ha perdido la mayoría necesaria para poder trabajar y cumplir nuestro plan de gobierno", declaró ante los diputados.
La coalición Juntos por el Sí de Puigdemont, formada por partidos independentistas de derecha e izquierda, llegó al poder tras un pacto con la Candidatura de Unidad Popular (CUP), de izquierda radical, para convertir esta región mediterránea en una república independiente.
Sin embargo, este pacto se rompió este miércoles cuando la CUP se unió a la oposición no independentista para impedir la tramitación de los presupuestos, que fueron rechazados con 62 votos a favor y 72 en contra.
"Son manifiestamente insuficientes" marcados por "el mantenimiento de la austeridad y la sumisión al gobierno central", argumentó Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, que reclama desobedecer los topes de gasto marcados por Madrid y subir los impuestos a las rentas altas.
Ante la nueva coyuntura, Puigdemont anunció que en septiembre se sometería a una moción de confianza en el parlamento.
Si la CUP vuelve a alinearse con los no independentistas, deberá escogerse un nuevo gobierno o convocarse nuevas elecciones, las cuartas desde 2010, con lo que el proceso independentista catalán quedaría abortado.
"Creemos que los puentes hacia la independencia no se han roto", le respondió inmediatamente el diputado de la CUP, Joan Garriga, aunque sin asegurar su respaldo.
- Gobierno atenazado -
Después de obtener la mayoría absoluta del parlamento regional en septiembre de 2015, los separatistas se comprometieron a preparar esta región de 7,5 millones de habitantes para separarse del resto de España.
Para ello contemplaban la puesta en marcha de instituciones como un banco central o una hacienda independiente, a la que destinaban 48,5 millones de euros en este presupuesto.
También querían aumentar en 874 millones de euros el gasto social con el objetivo de ampliar sus partidarios entre la población catalana pues, pese al auge nacionalista de los últimos años, el independentismo no dispone de una mayoría clara.
Una vez perdida la votación, el gobierno deberá conformarse con prorrogar el presupuesto de 2015, con un nivel de gasto más limitado, y gran parte de estas medidas no se podrán aplicar.
"Enfrentarse al Estado (español) con un presupuesto prorrogado es como ir a cazar elefantes con una escopeta de balines", dijo Puigdemont.
Más allá de su debilidad parlamentaria, el gobierno catalán se encuentra atenazado por la justicia, que sigue de cerca sus movimientos hacia la independencia, y el crítico estado de sus finanzas.
Pese a generar una quinta parte del PIB español, Cataluña se encuentra fuertemente endeudada, su deuda está calificada como "bono basura" por las agencias de calificación y no puede financiarse en los mercados, por lo que su liquidez depende de los préstamos del gobierno español.
Al gobierno de Puigdemont no le quedaba mucha más salida que esta moción de confianza, atrapado entre la desconfianza hacia la CUP y las exigencias del resto de la oposición de abandonar su proyecto independentista para poder dialogar.
"Vuelvan al camino de la sensatez", dijo Antonio Espinosa, del principal grupo opositor, Ciudadanos (centroderecha). "Pongan punto final a este proceso y así podremos sentarnos a hablar", les invitó Enric Millo, diputado del Partido Popular (PP, derecha) que gobierna en España.
La crisis catalana también repercutió en la política española, que se prepara para las elecciones legislativas del 26 de junio. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la utilizó como ejemplo de lo que ocurre cuando un partido se pone "en manos de la radicalidad".
Una advertencia ligada al auge del partido antiausteridad Podemos en los sondeos para las legislativas, que podría coronarse como segunda fuerza española y principal oposición al Partido Popular.
