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"Nosotros somos la generación de los nietos: empezamos a hablar, empezamos a ver cómo ocurrieron las cosas, pero sin todo el miedo que tuvieron" nuestros padres, explicó Josefina Musulén ante el Tribunal Supremo español, donde la semana pasada comenzó el juicio contra Garzón.
Musulén busca los restos de sus abuelos, fusilados en agosto de 1936 en Aragón, pero también a su tía, arrancada a su madre al nacer justo antes de la ejecución.
Sólo tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, su padre y ella se atrevieron a interrogar a los amigos del abuelo, miembro del sindicato anarquista CNT, sobre lo ocurrido.
Así supieron que aunque los falangistas habían asegurado "que el tiro de gracia le había reventado la tripa" a su abuela embarazada, resultó ser falso y la pequeña nació en el Hospital de Gracia.
"Desde el paritorio se la llevaron", explicó. "Así supimos que mi padre había tenido una hermana sana. De eso hace 33 años y llevamos 33 años buscándola", aseguró.
Un escándalo estalló en España el año pasado cuando cientos de familias comenzaron a denunciar el robo de sus bebés durante la dictadura franquista, práctica que dio lugar a un verdadero tráfico de recién nacidos hasta finales de los años 1980.
Desde entonces se han denunciado más de 1.400 casos en toda España.
"Soy nieta de una persona desaparecida", testificó tras Josefina María Antonia Oliver, procedente de la isla balear de Mallorca.
"Mi abuela ya murió y cerró definitivamente sus heridas con la muerte. Yo pretendo que mi madre, de 87 años, pueda cerrarlas antes de morir y que las cierre con la justicia, con la verdad y con la reparación", aseguró.
Su madre tenía 11 o 12 años cuando los franquistas se llevaron a su padre y "no lo dio nunca por muerto", aseguró.
Para Oliver, la generación de sus padres "se educaron en la dictadura sin ningún derecho" y por eso nunca reclamaron.
"Los nietos, que sí sabemos que tenemos este derecho, empezamos a trabajar, a pensar que, conociendo estos hechos, teníamos el deber de denunciarlos", aseguró.
Como Josefina y María Antonia, hijos y nietos de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) acudieron a partir de 2006 con sus denuncias al juez Garzón en un intento de conocer la verdad y recuperar los restos de sus seres queridos.
El célebre magistrado español, de 56 años, es juzgado ahora a petición de dos grupos ultraderechistas que lo acusaron de vulnerar una ley de amnistía de 1977 al intentar investigar estos casos, a lo que acabó renunciando en 2008.
El proceso debe continuar el lunes con la comparecencia de nuevos testigos convocados por la defensa.
De ser declarado culpable, el juez, de 56 años, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, puede ser condenado a 20 años de inhabilitación, lo que supondría el fin de su carrera.
Muestra del respaldo internacional con el que cuenta el juez, las argentinas Madres de la Plaza de Mayo anunciaron el jueves que presentarán ante la Corte Europea de Derechos Humanos una petición de hábeas corpus a favor de Garzón.
Según su abogado, Eduardo Barcesat, el tribunal de Estrasburgo "puede dictar un auto de hábeas corpus que significaría el cese de la actividad jurisdiccional" contra el juez en España.
En base al concepto de justicia universal, una magistrada argentina comenzó también a investigar crímenes del franquismo y a finales de 2011 pidió a España datos sobre ministros, militares y policías que actuaron en esa época.
Musulén busca los restos de sus abuelos, fusilados en agosto de 1936 en Aragón, pero también a su tía, arrancada a su madre al nacer justo antes de la ejecución.
Sólo tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, su padre y ella se atrevieron a interrogar a los amigos del abuelo, miembro del sindicato anarquista CNT, sobre lo ocurrido.
Así supieron que aunque los falangistas habían asegurado "que el tiro de gracia le había reventado la tripa" a su abuela embarazada, resultó ser falso y la pequeña nació en el Hospital de Gracia.
"Desde el paritorio se la llevaron", explicó. "Así supimos que mi padre había tenido una hermana sana. De eso hace 33 años y llevamos 33 años buscándola", aseguró.
Un escándalo estalló en España el año pasado cuando cientos de familias comenzaron a denunciar el robo de sus bebés durante la dictadura franquista, práctica que dio lugar a un verdadero tráfico de recién nacidos hasta finales de los años 1980.
Desde entonces se han denunciado más de 1.400 casos en toda España.
"Soy nieta de una persona desaparecida", testificó tras Josefina María Antonia Oliver, procedente de la isla balear de Mallorca.
"Mi abuela ya murió y cerró definitivamente sus heridas con la muerte. Yo pretendo que mi madre, de 87 años, pueda cerrarlas antes de morir y que las cierre con la justicia, con la verdad y con la reparación", aseguró.
Su madre tenía 11 o 12 años cuando los franquistas se llevaron a su padre y "no lo dio nunca por muerto", aseguró.
Para Oliver, la generación de sus padres "se educaron en la dictadura sin ningún derecho" y por eso nunca reclamaron.
"Los nietos, que sí sabemos que tenemos este derecho, empezamos a trabajar, a pensar que, conociendo estos hechos, teníamos el deber de denunciarlos", aseguró.
Como Josefina y María Antonia, hijos y nietos de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) acudieron a partir de 2006 con sus denuncias al juez Garzón en un intento de conocer la verdad y recuperar los restos de sus seres queridos.
El célebre magistrado español, de 56 años, es juzgado ahora a petición de dos grupos ultraderechistas que lo acusaron de vulnerar una ley de amnistía de 1977 al intentar investigar estos casos, a lo que acabó renunciando en 2008.
El proceso debe continuar el lunes con la comparecencia de nuevos testigos convocados por la defensa.
De ser declarado culpable, el juez, de 56 años, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, puede ser condenado a 20 años de inhabilitación, lo que supondría el fin de su carrera.
Muestra del respaldo internacional con el que cuenta el juez, las argentinas Madres de la Plaza de Mayo anunciaron el jueves que presentarán ante la Corte Europea de Derechos Humanos una petición de hábeas corpus a favor de Garzón.
Según su abogado, Eduardo Barcesat, el tribunal de Estrasburgo "puede dictar un auto de hábeas corpus que significaría el cese de la actividad jurisdiccional" contra el juez en España.
En base al concepto de justicia universal, una magistrada argentina comenzó también a investigar crímenes del franquismo y a finales de 2011 pidió a España datos sobre ministros, militares y policías que actuaron en esa época.
