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Política
BAGDAD, Prashant Rao, (AFP) - La controversia generada por estas exclusiones ha dominado la campaña de las elecciones legislativas del domingo y se han multiplicado las acusaciones que consideran que el programa de "debaasificación" del país sirve intereses políticos.
En el centro de la polémica se encuentra Ali al Lami, director ejecutivo del Comité de Justicia y Responsabilidad (JAC), que ha eliminado a unos 500 candidatos de las listas. Él mismo es candidato en las elecciones.
"Las decisiones del JAC se han hecho de acuerdo con la ley", insistió Lami, de 46 años y padre de seis niños.
"Algunos de ellos (los candidatos excluidos) son baasistas, y otros trabajan como espías", dijo a la AFP. "Todos ellos son peligrosos", sostuvo.
Lami se expresaba desde la casa en Bagdad de su amigo Ahmed Chalabi, presidente del JAC, candidato parlamentario, y uno de los hombres cuya información defectuosa sobre las armas de destrucción masiva incitó a Estados Unidos a invadir Irak en 2003.
Señaló que el 1 de enero su comité recibió de la comisión electoral una lista de nombres de los aproximadamente 6.500 candidatos en las elecciones con la petición de que se revisara su pasado para ver si tuvieron algún papel en la opresión ejercida por el dictador sunita Saddam Hussein.
Verificaron los nombres en tres bases de datos, cuyos detalles no dio, y establecieron informes de las supuestas vinculaciones de los candidatos con el Partido Baas, dijo Lami, quien al igual que Chalabi se presenta en las listas de la Alianza Nacional Iraquí.
En 10 días se había realizado una lista de 511 candidatos excluidos, de los cuales 28 han sido readmitidos desde entonces. Pero en la mayoría de los casos los partidos políticos han decido o bien retirar a sus candidatos o bien remplazarlos por otros.
Lami señaló que los dos tercios de los nombres de las listas pertenecían a la mayoría chiita y el tercio restante eran sunitas.
El primer ministro, Nuri al Maliki, mostró rápidamente su apoyo a las decisiones de la JAC, señalando que sólo los "criminales" y los "asesinos" se verían afectados.
Irak, añadió, no tiene "ninguna intención de reconciliarse con aquellos que consideran (...) a Saddam como un mártir", en referencia a la ejecución en diciembre de 2006 del derrocado presidente iraquí por crímenes contra la humanidad.
La controversia en torno a estas prohibiciones dominaron la campaña electoral y suscitaron dudas sobre el estatuto legal del JAC, la independencia de las instituciones judiciales, la credibilidad de la comisión electoral y la regularidad de las elecciones del domingo.
Saleh al Mutlak, líder del Frente de Diálogo Nacional, sunita, y el más destacado de los candidatos eliminados, condenó el JAC, y señaló el mes pasado: "éste es el golpe definitivo al proceso político y el suicidio de la democracia en Irak".
Los diplomáticos y analistas se han quejado de la falta de transparencia en el proceso que permitió las eliminaciones. Temen que la controversia disuada a algunos iraquíes de ir a votar.
El proceso también acentuó las tensiones políticas en un país entregado a la violencia sectaria en 2006 y 2007 y ocurre en un momento en el que Estados Unidos se dispone a retirar la mitad de sus tropas antes de finales de agosto.
Lami niega las acusaciones de conflicto de intereses.
"Lo que hacemos es lo mismo que hacen el ministro del Interior o el ministro de Educación. También verifican los candidatos para asegurarse de que cumplen con ciertos requisitos", dijo, en referencia a las reglas que estipulan que los candidatos a diputados tienen que haber completado la educación secundaria y carecer de antecedentes penales.
En el centro de la polémica se encuentra Ali al Lami, director ejecutivo del Comité de Justicia y Responsabilidad (JAC), que ha eliminado a unos 500 candidatos de las listas. Él mismo es candidato en las elecciones.
"Las decisiones del JAC se han hecho de acuerdo con la ley", insistió Lami, de 46 años y padre de seis niños.
"Algunos de ellos (los candidatos excluidos) son baasistas, y otros trabajan como espías", dijo a la AFP. "Todos ellos son peligrosos", sostuvo.
Lami se expresaba desde la casa en Bagdad de su amigo Ahmed Chalabi, presidente del JAC, candidato parlamentario, y uno de los hombres cuya información defectuosa sobre las armas de destrucción masiva incitó a Estados Unidos a invadir Irak en 2003.
Señaló que el 1 de enero su comité recibió de la comisión electoral una lista de nombres de los aproximadamente 6.500 candidatos en las elecciones con la petición de que se revisara su pasado para ver si tuvieron algún papel en la opresión ejercida por el dictador sunita Saddam Hussein.
Verificaron los nombres en tres bases de datos, cuyos detalles no dio, y establecieron informes de las supuestas vinculaciones de los candidatos con el Partido Baas, dijo Lami, quien al igual que Chalabi se presenta en las listas de la Alianza Nacional Iraquí.
En 10 días se había realizado una lista de 511 candidatos excluidos, de los cuales 28 han sido readmitidos desde entonces. Pero en la mayoría de los casos los partidos políticos han decido o bien retirar a sus candidatos o bien remplazarlos por otros.
Lami señaló que los dos tercios de los nombres de las listas pertenecían a la mayoría chiita y el tercio restante eran sunitas.
El primer ministro, Nuri al Maliki, mostró rápidamente su apoyo a las decisiones de la JAC, señalando que sólo los "criminales" y los "asesinos" se verían afectados.
Irak, añadió, no tiene "ninguna intención de reconciliarse con aquellos que consideran (...) a Saddam como un mártir", en referencia a la ejecución en diciembre de 2006 del derrocado presidente iraquí por crímenes contra la humanidad.
La controversia en torno a estas prohibiciones dominaron la campaña electoral y suscitaron dudas sobre el estatuto legal del JAC, la independencia de las instituciones judiciales, la credibilidad de la comisión electoral y la regularidad de las elecciones del domingo.
Saleh al Mutlak, líder del Frente de Diálogo Nacional, sunita, y el más destacado de los candidatos eliminados, condenó el JAC, y señaló el mes pasado: "éste es el golpe definitivo al proceso político y el suicidio de la democracia en Irak".
Los diplomáticos y analistas se han quejado de la falta de transparencia en el proceso que permitió las eliminaciones. Temen que la controversia disuada a algunos iraquíes de ir a votar.
El proceso también acentuó las tensiones políticas en un país entregado a la violencia sectaria en 2006 y 2007 y ocurre en un momento en el que Estados Unidos se dispone a retirar la mitad de sus tropas antes de finales de agosto.
Lami niega las acusaciones de conflicto de intereses.
"Lo que hacemos es lo mismo que hacen el ministro del Interior o el ministro de Educación. También verifican los candidatos para asegurarse de que cumplen con ciertos requisitos", dijo, en referencia a las reglas que estipulan que los candidatos a diputados tienen que haber completado la educación secundaria y carecer de antecedentes penales.
