Inicio
Política Los tres magistrados de la Audiencia Nacional que han discrepado de la mayoría aseguran que el juez Baltasar Garzón era competente para investigar los crímenes del franquismo y que la "actitud claudicante" de la jurisdicción española deja abierta la puerta a que ahora pueda perseguir esos crímenes cualquier otro país, lo mismo que ha hecho España con las dictaduras de diversos Estados latinoamericanos.
Los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel subrayan la "importancia histórica" del caso por tratarse de los "hechos con relevancia penal más graves" presentados ante la jurisdicción española. Y justifican la competencia de Garzón en que además de los asesinatos y enterramientos de la guerra se sigue ignorando la suerte de miles de fusilados y dónde fueron ocultados sus cuerpos, así como el paradero de 30.000 niños secuestrados a sus madres en establecimientos carcelarios y el de los niños perdidos de la República.
Los disidentes cargan contra el fiscal por "abuso del proceso" al no decir qué juez sería el competente de no serlo Garzón y porque lo actuado por éste era, a su entender, válido o convalidable. El vínculo de competencia lo ven en el delito contra los altos organismos de la nación de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial y no comparten que se tratase de un delito de rebelión militar. Concluyen asegurando que si se hubiera producido una denegación de justicia, se podría determinar la "responsabilidad internacional del Estado español".
Los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel subrayan la "importancia histórica" del caso por tratarse de los "hechos con relevancia penal más graves" presentados ante la jurisdicción española. Y justifican la competencia de Garzón en que además de los asesinatos y enterramientos de la guerra se sigue ignorando la suerte de miles de fusilados y dónde fueron ocultados sus cuerpos, así como el paradero de 30.000 niños secuestrados a sus madres en establecimientos carcelarios y el de los niños perdidos de la República.
Los disidentes cargan contra el fiscal por "abuso del proceso" al no decir qué juez sería el competente de no serlo Garzón y porque lo actuado por éste era, a su entender, válido o convalidable. El vínculo de competencia lo ven en el delito contra los altos organismos de la nación de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial y no comparten que se tratase de un delito de rebelión militar. Concluyen asegurando que si se hubiera producido una denegación de justicia, se podría determinar la "responsabilidad internacional del Estado español".
