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Política
Un palestino herido por los disparos de los soldados israelíes en Gaza
La fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, debe ahora decidir si acusa o no a Israel, como pidió el ministro de Exteriores palestino, Riad Malki, de "crímenes de guerra y contra la humanidad".
Las acusaciones se refieren a la construcción ilegal de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén oriental, la destrucción de viviendas de los palestinos y "los asesinatos ilegales de manifestantes palestinos desarmados".
"Instamos a la Corte Penal Internacional a adoptar medidas inmediatas para investigar estos amplios y abominables crímenes de guerra", dijo el ministro palestino al entregar el caso oficialmente en La Haya.
"En Israel impera una cultura de impunidad por los crímenes contra los palestinos", dijo Malki. El caso es además una prueba para la credibilidad de la Justicia internacional, añadió.
Palestina es desde 2015 un Estado firmante de la CPI, por lo que el tribunal sería en principio también competente para asumir crímenes cometidos allí. Sin embargo, Israel no es Estado miembro, algo que no lo libraría de una eventual persecución. Por ejemplo, el tribunal podría emitir órdenes de prisión internacional contra funcionarios israelíes.
Desde 2015, la fiscal jefe Bensouda analiza informaciones sobre crímenes de guerra por las dos partes del conflicto. Con la entrega del caso, Palestina aumenta ahora la presión para que se dicte una acusación y se inicie un proceso, pero no está claro cuándo podría ocurrir.
Israel consideró el paso de los palestinos "inválido legalmente" al considerar que a la CPI "le falta la competencia legal para tratar la cuestión israelo-palestina porque Israel no forma parte de la Corte y porque la Autoridad Palestina no es un Estado", reaccionó el Ministerio de Exteriores. Sin embargo, la ONU sí otorgó en 2012 a Palestina el estatus de Estado observador.
En otra dura crítica vertida hoy contra Israel, la Unión Europea (UE) exigió al Estado judío que dé marcha atrás en la expulsión del director regional de la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW), Omar Shakir. De no hacerlo, Israel estará en una breve lista de países que negaron el acceso a trabajadores de HRW o los expulsaron. Israel acusa a Shakir de defender el movimiento de boicot a Israel y éste quiere impugnar su expulsión ante los tribunales.
La situación en la región se agravó desde el pasado 30 de marzo, cuando comenzaron las multitudinarias protestas bautizadas como "Marcha del Retorno" - para exigir el regreso de los palestinos a las tierras de las que fueron expulsados- que tuvieron su punto álgido el 14 de mayo coincidiendo con el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel. Desde entonces 120 palestinos han muerto a manos de soldados israelíes en la frontera entre Israel y Gaza, la mitad de ellos el pasado lunes, coincidiendo también con la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén.
Israel responsabiliza a la organización radical palestina Hamas, que gobierna Gaza, del derramamiento de sangre.
Israel conquistó Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Día en 1967, aunque después salió de la Franja de Gaza. Los palestinos quieren instalar la capital de su futuro Estado en la parte oriental de Jerusalén, pero Israel considera la ciudad su capital eterna e indivisible, algo que respaldó Estados Unidos con la apertura de la embajada. Más de 600 000 colonos israelíes viven además en los territorios palestinos
Las acusaciones se refieren a la construcción ilegal de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén oriental, la destrucción de viviendas de los palestinos y "los asesinatos ilegales de manifestantes palestinos desarmados".
"Instamos a la Corte Penal Internacional a adoptar medidas inmediatas para investigar estos amplios y abominables crímenes de guerra", dijo el ministro palestino al entregar el caso oficialmente en La Haya.
"En Israel impera una cultura de impunidad por los crímenes contra los palestinos", dijo Malki. El caso es además una prueba para la credibilidad de la Justicia internacional, añadió.
Palestina es desde 2015 un Estado firmante de la CPI, por lo que el tribunal sería en principio también competente para asumir crímenes cometidos allí. Sin embargo, Israel no es Estado miembro, algo que no lo libraría de una eventual persecución. Por ejemplo, el tribunal podría emitir órdenes de prisión internacional contra funcionarios israelíes.
Desde 2015, la fiscal jefe Bensouda analiza informaciones sobre crímenes de guerra por las dos partes del conflicto. Con la entrega del caso, Palestina aumenta ahora la presión para que se dicte una acusación y se inicie un proceso, pero no está claro cuándo podría ocurrir.
Israel consideró el paso de los palestinos "inválido legalmente" al considerar que a la CPI "le falta la competencia legal para tratar la cuestión israelo-palestina porque Israel no forma parte de la Corte y porque la Autoridad Palestina no es un Estado", reaccionó el Ministerio de Exteriores. Sin embargo, la ONU sí otorgó en 2012 a Palestina el estatus de Estado observador.
En otra dura crítica vertida hoy contra Israel, la Unión Europea (UE) exigió al Estado judío que dé marcha atrás en la expulsión del director regional de la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW), Omar Shakir. De no hacerlo, Israel estará en una breve lista de países que negaron el acceso a trabajadores de HRW o los expulsaron. Israel acusa a Shakir de defender el movimiento de boicot a Israel y éste quiere impugnar su expulsión ante los tribunales.
La situación en la región se agravó desde el pasado 30 de marzo, cuando comenzaron las multitudinarias protestas bautizadas como "Marcha del Retorno" - para exigir el regreso de los palestinos a las tierras de las que fueron expulsados- que tuvieron su punto álgido el 14 de mayo coincidiendo con el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel. Desde entonces 120 palestinos han muerto a manos de soldados israelíes en la frontera entre Israel y Gaza, la mitad de ellos el pasado lunes, coincidiendo también con la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén.
Israel responsabiliza a la organización radical palestina Hamas, que gobierna Gaza, del derramamiento de sangre.
Israel conquistó Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Día en 1967, aunque después salió de la Franja de Gaza. Los palestinos quieren instalar la capital de su futuro Estado en la parte oriental de Jerusalén, pero Israel considera la ciudad su capital eterna e indivisible, algo que respaldó Estados Unidos con la apertura de la embajada. Más de 600 000 colonos israelíes viven además en los territorios palestinos
