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Política
Manifestantes y policías en Túnez
Poco antes de que el próximo domingo se celebre el aniversario de la revolución que prendió la mecha de las supuestas revueltas, Túnez vuelve a estar en una situación convulsa debido a la falta de avances económicos, pese a las reformas democráticas introducidas desde el derrocamiento del líder autocrático Zine el Abidine Ben Ali.
"Creemos que 2018 será el último año difícil para los tunecinos", intentaba tranquilizar al comienzo de las protestas el primer ministro, Youssef Chahed. Pero los lemas que se gritan en las protestas son los mismos desde hace años y las necesarias reformas siguen sin llegar.
"La situación se ha salido de control", señala Fausi Najjar, de la sociedad alemana de economía exterior (GTAI), apuntando las exigencias de grupos de influencia o de los sindicatos.
Poco después de que el jefe de Gobierno pidiera comprensión a sus compatriotas, el líder de la poderosa asociación sindical UGTT exigía aumentar el salario mínimo y las ayudas sociales para los más pobres.
El desencadenante de las protestas que se viven ahora en el país fue, entre otras, la nueva ley financiera que entró en vigor a comienzos de año, que subió el impuesto sobre el valor añadido (IVA) un uno por ciento y aumentó el precio de la gasolina, así como algunas tasas aduaneras a las importaciones.
Al país le falta dinero y el presupuesto público no está equilibrado. En torno a una tercera parte del gasto público, que se calcula en unos 36.000 millones de dinares (unos 12.000 millones de euros), no está cubierto. Y la deuda estatal ha aumentado desde la revolución de hace siete años de un 39 a un 70 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Casi la mitad del gasto del presupuesto se destina a pagar los salarios de los servidores públicos, siendo Túnez uno de los países a la cabeza en ese aspecto. Y además, a las protestas en el pasado, el Gobierno reaccionó con frecuencia con nuevas contrataciones.
"El país sigue viviendo por encima de su nivel productivo", afirma Najjar. "No hay debate social sobre la forma de repartir de forma justa las cargas financieras".
Además, los elevados gastos en la inflada administración tunecina perjudican a la inversión, que se mantiene en un bajo nivel. Las subidas de impuestos y precios afectan sobre todo a las empresas y a los trabajadores formales. "Ellos no son, sin embargo, las personas que están saliendo ahora a la calle", afirma Najjar.
Se calcula que en torno a una tercera parte de los tunecinos trabaja en el sector informal. La insatisfacción es además muy elevada en todos los grupos de población, ante las expectativas de la gente tras las revueltas de 2011.
Túnez inició amplias reformas políticas con el derrocamiento de Ben Ali el 14 de enero de 2011, en una apertura que fue saludada desde Occidente. En una visita al país hace más o menos un año, la canciller alemana Angela Merkel habló de un "faro de esperanza" al referirse al país, pero un informe interno del Ministerio de Exteriores al que tuvo acceso la dpa criticaba una administración pública ineficiente, malas prácticas fiscales y corrupción, así como la falta de un plan para combatir el desempleo.
El Gobierno tunecino ofrece una imagen de desamparo, pero lo cierto es que los acreedores internacionales siguen apoyándolo. En círculos diplomáticos estadounidenses se considera un país demasiado importante como para dejarlo fracasar.
Con unos 2.900 millones de euros, el Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los mayores acreedores de Túnez, pero el pago de algunos tramos de ayuda se retrasan continuamente desde la puesta en marcha del programa en 2016 debido a divergencias. La oposición culpa también por ello de la mala situación del país a las duras reformas y al ahorro que exige el FMI. La inflación ha alcanzado además un nivel preocupante, situándose en el 6,4 por ciento.
Por otro lado, los diplomáticos europeos y los tunecinos comprometidos con la revolución echan de menos una auténtica conciencia civil. "Esta revuelta no es una revuelta por hambre, sino una crisis de entendimiento sobre lo que significa el trabajo", escribía el empresario y activista Lofti Hamadi en un llamamiento a la calma.
Y es que pese al desempleo no se encuentran trabajadores para la construcción o recolectores de aceitunas. Apenas pasa un día en el que no haya huelga en una empresa o sector del país.
Hamadi denuncia una rampante corrupción y la concesión de puestos de trabajo a amigos y parientes. El "think tank" Carnegie señala que el soborno es "un factor desestabilizador que afecta a todos los niveles de la economía, el sector de la seguridad y la política".
El Gobierno actúa contra políticos de alto rango corruptos en un golpe de efecto publicitario, pero ello incluso preocupa a los tunecinos, porque ni siquiera en la lucha contra la corrupción están claros los criterios seguidos.
Najjar apunta que Túnez presenta una doble imagen: por un lado, está el elevado desempleo, un amplio sector informal y regiones abandonadas en el interior del país. "Pero también hay sectores competitivos que deben ser reforzados". Muchos en Túnez lo tienen claro, pero las políticas necesarias siguen sin llegar.
"Creemos que 2018 será el último año difícil para los tunecinos", intentaba tranquilizar al comienzo de las protestas el primer ministro, Youssef Chahed. Pero los lemas que se gritan en las protestas son los mismos desde hace años y las necesarias reformas siguen sin llegar.
"La situación se ha salido de control", señala Fausi Najjar, de la sociedad alemana de economía exterior (GTAI), apuntando las exigencias de grupos de influencia o de los sindicatos.
Poco después de que el jefe de Gobierno pidiera comprensión a sus compatriotas, el líder de la poderosa asociación sindical UGTT exigía aumentar el salario mínimo y las ayudas sociales para los más pobres.
El desencadenante de las protestas que se viven ahora en el país fue, entre otras, la nueva ley financiera que entró en vigor a comienzos de año, que subió el impuesto sobre el valor añadido (IVA) un uno por ciento y aumentó el precio de la gasolina, así como algunas tasas aduaneras a las importaciones.
Al país le falta dinero y el presupuesto público no está equilibrado. En torno a una tercera parte del gasto público, que se calcula en unos 36.000 millones de dinares (unos 12.000 millones de euros), no está cubierto. Y la deuda estatal ha aumentado desde la revolución de hace siete años de un 39 a un 70 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Casi la mitad del gasto del presupuesto se destina a pagar los salarios de los servidores públicos, siendo Túnez uno de los países a la cabeza en ese aspecto. Y además, a las protestas en el pasado, el Gobierno reaccionó con frecuencia con nuevas contrataciones.
"El país sigue viviendo por encima de su nivel productivo", afirma Najjar. "No hay debate social sobre la forma de repartir de forma justa las cargas financieras".
Además, los elevados gastos en la inflada administración tunecina perjudican a la inversión, que se mantiene en un bajo nivel. Las subidas de impuestos y precios afectan sobre todo a las empresas y a los trabajadores formales. "Ellos no son, sin embargo, las personas que están saliendo ahora a la calle", afirma Najjar.
Se calcula que en torno a una tercera parte de los tunecinos trabaja en el sector informal. La insatisfacción es además muy elevada en todos los grupos de población, ante las expectativas de la gente tras las revueltas de 2011.
Túnez inició amplias reformas políticas con el derrocamiento de Ben Ali el 14 de enero de 2011, en una apertura que fue saludada desde Occidente. En una visita al país hace más o menos un año, la canciller alemana Angela Merkel habló de un "faro de esperanza" al referirse al país, pero un informe interno del Ministerio de Exteriores al que tuvo acceso la dpa criticaba una administración pública ineficiente, malas prácticas fiscales y corrupción, así como la falta de un plan para combatir el desempleo.
El Gobierno tunecino ofrece una imagen de desamparo, pero lo cierto es que los acreedores internacionales siguen apoyándolo. En círculos diplomáticos estadounidenses se considera un país demasiado importante como para dejarlo fracasar.
Con unos 2.900 millones de euros, el Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los mayores acreedores de Túnez, pero el pago de algunos tramos de ayuda se retrasan continuamente desde la puesta en marcha del programa en 2016 debido a divergencias. La oposición culpa también por ello de la mala situación del país a las duras reformas y al ahorro que exige el FMI. La inflación ha alcanzado además un nivel preocupante, situándose en el 6,4 por ciento.
Por otro lado, los diplomáticos europeos y los tunecinos comprometidos con la revolución echan de menos una auténtica conciencia civil. "Esta revuelta no es una revuelta por hambre, sino una crisis de entendimiento sobre lo que significa el trabajo", escribía el empresario y activista Lofti Hamadi en un llamamiento a la calma.
Y es que pese al desempleo no se encuentran trabajadores para la construcción o recolectores de aceitunas. Apenas pasa un día en el que no haya huelga en una empresa o sector del país.
Hamadi denuncia una rampante corrupción y la concesión de puestos de trabajo a amigos y parientes. El "think tank" Carnegie señala que el soborno es "un factor desestabilizador que afecta a todos los niveles de la economía, el sector de la seguridad y la política".
El Gobierno actúa contra políticos de alto rango corruptos en un golpe de efecto publicitario, pero ello incluso preocupa a los tunecinos, porque ni siquiera en la lucha contra la corrupción están claros los criterios seguidos.
Najjar apunta que Túnez presenta una doble imagen: por un lado, está el elevado desempleo, un amplio sector informal y regiones abandonadas en el interior del país. "Pero también hay sectores competitivos que deben ser reforzados". Muchos en Túnez lo tienen claro, pero las políticas necesarias siguen sin llegar.
