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Política
El senado argentino
"Esta ley nació sin ningún viso de continuar porque claramente no está financiada. Los que la han votado no han dicho de dónde salen los recursos, unos 115.000 millones de pesos (unos 4.530 millones de dólares)", argumentó el jefe de Estado.
El presidente cuestionó la norma votada por la oposición. "No se puede hacer algo así tan irresponsablemente, no es facultad del Congreso decir cuáles son las tarifas, no se le puede mentir a la gente. Soy el primero que si no pudiera aumentar las tarifas no las aumentaría, ¿a quién le gusta aumentar? Hay que tener energía para poder crecer, para poder trabajar", declaró.
El presidente dejó firmado el veto de la norma, que tuvo 37 votos a favor y 30 en contra, antes de viajar en mañana del jueves a la provincia de Salta.
Las tarifas treparon hasta cerca de un 1.600 por ciento desde la asunción de Macri a fines de 2015, en particular en la región metropolitana de Buenos Aires, donde los Gobiernos kirchneristas (2003-2015) aplicaron multimillonarios subsidios a las empresas distribuidoras y al consumo de luz, agua y gas.
En el resto del país, los servicios públicos ya registraban desde varios años antes valores más altos que en la capital y sus alrededores, donde habita cerca de un tercio de la población nacional.
Macri señaló por eso que "no fue una ley federal para que todos los argentinos paguemos las mismas tarifas". "En Buenos Aires teníamos unas tarifas mucho menores, si esta ley rige vuelve a crear la inequidad y yo quiero un país justo", agregó.
El presidente señaló que "no existe una solución alternativa a que cada uno pague la energía que consume y cuidar a los que menos tienen con la tarifa social".
La norma impulsada por el peronismo opositor retrotrae el valor de las tarifas a noviembre pasado, limita además los futuros aumentos de los servicios públicos a la variación de los salarios, eleva el número de hogares alcanzados por la tarifa social (reducida) y ordena la devolución de los incrementos cobrados por las empresas.
"Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó, que equivale a toda la obra pública al interior del país, a todo el sistema universitario de la Argentina, a dos veces la asignación universal por hijo (AUH) que pagamos todos los argentinos para proteger a los sectores vulnerables, a todo el presupuesto de seguridad y defensa de nuestra república", señaló por su parte el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Macri intentó en los últimos días convencer a los senadores del opositor Partido Justicialista (PJ, peronista). Lo hizo a través de sus funcionarios pero también personalmente: el lunes difundió un mensaje al país en el que instó a los legisladores peronistas a que no se dejaran "conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner", su antecesora al frente del país (2007-2015) y actual senadora nacional por Unidad Ciudadana.
Sin embargo, el proyecto que el Senado transformó en ley no tuvo como autora a la ex mandataria ni a legisladores afines a su ideología, sino a la bancada del peronista Frente Renovador, que en otras ocasiones acompañó iniciativas impulsadas en el Parlamento por la coalición oficialista.
"La situación de la sociedad argentina se ve agravada no sólo por el tarifazo: los salarios se depreciaron, el dólar se ha detonado, la tasa de interés, vuela", dijo Fernández de Kirchner en su discurso.
El Gobierno rechazó la iniciativa desde un principio pero planteó como alternativa reducir la incidencia impositiva en las tarifas en un diez por ciento para así aliviar el impacto en los bolsillos de los argentinos del alza en las tarifas.
Hasta ahora, el alza de las tarifas rondó entre un 500 y 1.600 por ciento, según el Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
"Este proyecto es un paliativo necesario para poner freno a una política de abusos que castiga a los sectores más carenciados, a las pequeñas y medianas empresas, y a grandes sectores de las capas medias" de la sociedad, sostuvo el senador y cineasta Fernando "Pino" Solanas.
El presidente cuestionó la norma votada por la oposición. "No se puede hacer algo así tan irresponsablemente, no es facultad del Congreso decir cuáles son las tarifas, no se le puede mentir a la gente. Soy el primero que si no pudiera aumentar las tarifas no las aumentaría, ¿a quién le gusta aumentar? Hay que tener energía para poder crecer, para poder trabajar", declaró.
El presidente dejó firmado el veto de la norma, que tuvo 37 votos a favor y 30 en contra, antes de viajar en mañana del jueves a la provincia de Salta.
Las tarifas treparon hasta cerca de un 1.600 por ciento desde la asunción de Macri a fines de 2015, en particular en la región metropolitana de Buenos Aires, donde los Gobiernos kirchneristas (2003-2015) aplicaron multimillonarios subsidios a las empresas distribuidoras y al consumo de luz, agua y gas.
En el resto del país, los servicios públicos ya registraban desde varios años antes valores más altos que en la capital y sus alrededores, donde habita cerca de un tercio de la población nacional.
Macri señaló por eso que "no fue una ley federal para que todos los argentinos paguemos las mismas tarifas". "En Buenos Aires teníamos unas tarifas mucho menores, si esta ley rige vuelve a crear la inequidad y yo quiero un país justo", agregó.
El presidente señaló que "no existe una solución alternativa a que cada uno pague la energía que consume y cuidar a los que menos tienen con la tarifa social".
La norma impulsada por el peronismo opositor retrotrae el valor de las tarifas a noviembre pasado, limita además los futuros aumentos de los servicios públicos a la variación de los salarios, eleva el número de hogares alcanzados por la tarifa social (reducida) y ordena la devolución de los incrementos cobrados por las empresas.
"Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó, que equivale a toda la obra pública al interior del país, a todo el sistema universitario de la Argentina, a dos veces la asignación universal por hijo (AUH) que pagamos todos los argentinos para proteger a los sectores vulnerables, a todo el presupuesto de seguridad y defensa de nuestra república", señaló por su parte el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Macri intentó en los últimos días convencer a los senadores del opositor Partido Justicialista (PJ, peronista). Lo hizo a través de sus funcionarios pero también personalmente: el lunes difundió un mensaje al país en el que instó a los legisladores peronistas a que no se dejaran "conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner", su antecesora al frente del país (2007-2015) y actual senadora nacional por Unidad Ciudadana.
Sin embargo, el proyecto que el Senado transformó en ley no tuvo como autora a la ex mandataria ni a legisladores afines a su ideología, sino a la bancada del peronista Frente Renovador, que en otras ocasiones acompañó iniciativas impulsadas en el Parlamento por la coalición oficialista.
"La situación de la sociedad argentina se ve agravada no sólo por el tarifazo: los salarios se depreciaron, el dólar se ha detonado, la tasa de interés, vuela", dijo Fernández de Kirchner en su discurso.
El Gobierno rechazó la iniciativa desde un principio pero planteó como alternativa reducir la incidencia impositiva en las tarifas en un diez por ciento para así aliviar el impacto en los bolsillos de los argentinos del alza en las tarifas.
Hasta ahora, el alza de las tarifas rondó entre un 500 y 1.600 por ciento, según el Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
"Este proyecto es un paliativo necesario para poner freno a una política de abusos que castiga a los sectores más carenciados, a las pequeñas y medianas empresas, y a grandes sectores de las capas medias" de la sociedad, sostuvo el senador y cineasta Fernando "Pino" Solanas.
