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Política
Algo nerviosos y muy esperanzados, de buena mañana recorrieron los 10 km desde su Busturia natal, una localidad de 1.700 habitantes en el norte de España, hasta la ciudad vasca de Gernika, para prestar declaración en un tribunal local.
La juez Servini, que ante los obstáculos encontrados en España para investigar los crímenes de la guerra civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) abrió una causa en 2010 valiéndose del principio de justicia universal, escuchó el testimonio sin intervenir, explicó Elisa, de 84 años, a la AFP.
"El interrogatorio lo hizo la jueza del distrito y ella ha presenciado la declaración, miraba algunas notas que tenía en la carpeta y escuchaba con atención", relató. "Me ha dado mucha emoción cuando he empezado a hablar de estas cosas, pero he podido contarlo todo", decía satisfecha.
"Para decir la verdad llevábamos 77 años sin hablar de este problema", dice Elisa, cuyo padre, Doroteo Kalzada, concejal por el Partido Nacionalista Vasco, fue ejecutado junto a otros políticos locales en 1937.
Fue detenido el 29 de junio, en plena guerra civil, recuerda su hija. "Cuando entraron las tropas franquistas detuvieron a los pocos que quedaron en el pueblo porque la mayoría había salido para Francia", explica. Doroteo y otros se quedaron "pensando que como ellos no habían hecho nada malo no les iba a pasar nada". "Pero no fue así", agrega.
"El día de San Pedro a las 9 de la mañana salió de casa para ir a misa y no volvió más", dice. A la salida de la iglesia le esperaban los dos Guardias Civiles que lo arrestaron.
- Juicio sumarísimo y fusilamiento -
Trasladado a una cárcel cercana, fue sometido junto a otras 11 personas a un juicio sumarísimo al término del cual seis de ellos fueron fusilados, el 5 de agosto a las 5 de mañana, en el cementerio de la cercana Derio, explica Elisa.
Un familiar que trabajaba en el lugar señaló después el emplazamiento de la fosa común y los restos de Kalzada recibieron así sepultura.
Dejó una viuda y tres hijos pequeños: Elisa, que entonces tenía 8 años, Laura de 6 y ya fallecida y el pequeño Julen de 2 años, quien ahora afirma sentir la necesidad de que se haga "todo lo posible para que el franquismo sea juzgado".
En un viaje de dos semanas, la juez María Servini de Cubria llegó este domingo a España para oír el testimonio de las víctimas que por su edad o su salud no pueden desplazarse a Buenos Aires o a un consulado argentino.
Llevada por la emoción, Elisa le dio un beso. Y le agradeció "el haber venido desde Argentina aquí a recabar información de los que no hemos podido movernos".
El lunes, Servini había visitado en un hospital al anarcosindicalista Félix Padín, de 97 años y gravemente enfermo, que pudo pese a todo relatar su paso por un campo de concentración en Miranda de Ebro y por varios batallones de trabajos forzados.
El martes en Gernika, la magistrada se mostró satisfecha. "Nos ha ido muy bien hoy, hemos podido tomar declaración excepcional", afirmó sin querer dar más detalles pero subrayando la buena colaboración de la justicia local.
Desde un Congreso sobre justicia universal organizado en Madrid, el exjuez español Baltasar Garzón le agradeció su labor, aunque lamentó que la investigación no la realice la justicia española, amparada en una ley de Amnistía de 1977.
"Es muy importante lo que hace (Servini), pero a la vez es muy triste que la justicia española esté silente, ausente y que sean otros jueces de otros países los que cumpliendo el principio de jurisdicción universal, estén desarrollando ese papel y suplan esa omisión".
