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Política
En una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes norteamericana, la relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) le pidió al Gobierno colombiano que preste más atención a las amenazas y ataques que sufren los defensores de los derechos humanos.
“El Gobierno debería investigar y enjuiciar a los que hacen esas amenazas”, dijo Sekaggya, quien aseguró que “aún existe un gran nivel de impunidad”.
Este pronunciamiento se dio después que Sekaggya visitara Colombia a mediados de septiembre para conocer la situación que atravesaban los defensores de los Derechos Humanos, a raíz de varias denuncias hechas por seguimientos y amenazas en su contra, y en la que instó al gobierno de Álvaro Uribe a implementar medidas para corregir con esta situación.
Sin embargo, en el marco de esta audiencia de Derechos Humanos, la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco envió a los congresistas James McGovern y Fran Wolf una carta en la que expresa los avances y compromisos del Gobierno de Colombia en la protección de los defensores de derechos humanos y la población vulnerable.
“El Gobierno de Colombia, desde el Presidente de la República y todas y cada una de las instituciones del Estado, reconocen el papel fundamental que desempeñan los representantes de los derechos humanos, en el fortalecimiento de la democracia, la libertad y las leyes, así como en promover y velar por el respeto de los derechos humanos”, dice uno de los apartes de la misiva.
No obstante, Sekaggya dijo que “ahora el Gobierno tiene que cumplir su promesa”.
La funcionaria de la ONU también pidió la destrucción de los archivos de inteligencia recopilados sobre los defensores de los derechos humanos, y que tiene en su poder el DAS.
Por otro lado, el congresista McGovern, quien presidió la audiencia, recalcó que Colombia ha compartido esos archivos “perjudiciales” con Estados Unidos y otros países, lo que ha hecho a Washington pensarselo dos veces antes de otorgar visados a los defensores de los derechos humanos e incluso poner a alguno bajo vigilancia.
“La supresión de los archivos tiene que hacerse. Es un asunto internacional”, coincidió Sekaggya.
Al Congreso norteamericano también comparecieron defensores de los derechos humanos colombianos y estadounidenses.
Uno de ellos, Reynaldo Villalba, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se quejó de que funcionarios públicos responsabilizan a las asociaciones de derechos humanos de realizar denuncias falsas, especialmente cuando atañen a los agentes del estado, como en los casos de ejecuciones extrajudiciales.
“Vemos que la situación de los defensores es verdaderamente grave. Es el papel del Gobierno protegerles y eso no ha ocurrido. El Gobierno ha hecho algunas cosas, pero no es eficiente”, dijo Kelly Nicholls, directora ejecutiva de la Oficina de Estados Unidos sobre Colombia, una asociación no gubernamental.
“El Gobierno debería investigar y enjuiciar a los que hacen esas amenazas”, dijo Sekaggya, quien aseguró que “aún existe un gran nivel de impunidad”.
Este pronunciamiento se dio después que Sekaggya visitara Colombia a mediados de septiembre para conocer la situación que atravesaban los defensores de los Derechos Humanos, a raíz de varias denuncias hechas por seguimientos y amenazas en su contra, y en la que instó al gobierno de Álvaro Uribe a implementar medidas para corregir con esta situación.
Sin embargo, en el marco de esta audiencia de Derechos Humanos, la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco envió a los congresistas James McGovern y Fran Wolf una carta en la que expresa los avances y compromisos del Gobierno de Colombia en la protección de los defensores de derechos humanos y la población vulnerable.
“El Gobierno de Colombia, desde el Presidente de la República y todas y cada una de las instituciones del Estado, reconocen el papel fundamental que desempeñan los representantes de los derechos humanos, en el fortalecimiento de la democracia, la libertad y las leyes, así como en promover y velar por el respeto de los derechos humanos”, dice uno de los apartes de la misiva.
No obstante, Sekaggya dijo que “ahora el Gobierno tiene que cumplir su promesa”.
La funcionaria de la ONU también pidió la destrucción de los archivos de inteligencia recopilados sobre los defensores de los derechos humanos, y que tiene en su poder el DAS.
Por otro lado, el congresista McGovern, quien presidió la audiencia, recalcó que Colombia ha compartido esos archivos “perjudiciales” con Estados Unidos y otros países, lo que ha hecho a Washington pensarselo dos veces antes de otorgar visados a los defensores de los derechos humanos e incluso poner a alguno bajo vigilancia.
“La supresión de los archivos tiene que hacerse. Es un asunto internacional”, coincidió Sekaggya.
Al Congreso norteamericano también comparecieron defensores de los derechos humanos colombianos y estadounidenses.
Uno de ellos, Reynaldo Villalba, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se quejó de que funcionarios públicos responsabilizan a las asociaciones de derechos humanos de realizar denuncias falsas, especialmente cuando atañen a los agentes del estado, como en los casos de ejecuciones extrajudiciales.
“Vemos que la situación de los defensores es verdaderamente grave. Es el papel del Gobierno protegerles y eso no ha ocurrido. El Gobierno ha hecho algunas cosas, pero no es eficiente”, dijo Kelly Nicholls, directora ejecutiva de la Oficina de Estados Unidos sobre Colombia, una asociación no gubernamental.
