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Política
El rabino Eliyahu, en una manifestación en Jerusalén
Esta hostilidad ha llegado incluso a la plaza pública, como los demuestra una serie de manifestaciones y peticiones para defender el "honor de las mujeres judías" amenazadas por la presencia de vecinos árabes, así como para denunciar "la invasión de inmigrantes" africanos.
El lunes, en Bat Yam, en la periferia de Tel Aviv, unos 200 residentes locales y militantes de extrema derecha, que acudieron de todo el país, manifestaron a gritos: "¡No permitiremos que los árabes se apoderen de nuestras muchachas!".
Esta manifestación se produjo después de que el ministro del Interior, Eli Yishai, del partido ultraortodoxo sefardí Shass expresara recientemente su inquietud ante el aumento de residentes árabes en Bat Yam, lo que calificó como "amenaza para la identidad judía de la ciudad".
El alcalde de Bat Yam, Shlomo Layani, de 45 años, denunció sin embargo públicamente esta manifestación, y declaró que le producía "vergüenza".
Al día siguiente, centenares de personas se manifestaron en un barrio popular de Tel Aviv exhortando a expulsar a los trabajadores clandestinos llegados de Africa.
Estas denuncias han sido alentadas por un manifiesto de rabinos que a principios de mes llamó a prohibir la venta o el alquiler de casas a los no judíos, lo que afecta en especial a la minoría árabe en Israel. El llamado generó una ola de críticas pero ninguna sanción.
Formaciones de extrema derecha, del entorno del movimiento de inspiración racista Kach (en principio ilegal), exhortaron el jueves por la noche en Jerusalén Oriental a apoyar a esos rabinos.
En este contexto, Netanyahu llamó el miércoles a sus compatriotas a la tolerancia.
"Estamos en un Estado de Derecho, respetamos a todas las personas, sean cuales fueren sus orígenes", subrayó Netanyahu en un mensaje público.
Para la portavoz de la Asociación Israelí para los Derechos Cívicos (ACRI), Ronit Sela, este aumento de la xenofobia se inscribe en un clima general de "deslegitimación" de la minoría árabe y de hostilidad hacia los no judíos, favorecida por la coalición en el poder que incluye a partidos populistas y ultraortodoxos.
Según ella, las tibias reacciones del poder, aunadas a las declaraciones "racistas y xenófobas" de algunos diputados favorecen proyectos de ley discriminatorios, incitando al odio y poniendo en peligro la democracia israelí.
Los árabes israelíes, descendientes de los 160.000 palestinos que permanecieron en sus tierras tras la creación del Estado de Israel en 1948, son más de 1,2 millones, o sea un 20% de la población total de Israel. Estos ciudadanos israelíes sufren discriminaciones, en especial en lo relativo al empleo y la compra de viviendas en localidades judías.
El diario de izquierda Haaretz pidió al presidente Shimon Peres que use su prestigio "para apagar las llamas del odio y del racismo que se propagan por Israel".
En cambio, el diario Yediot Aharonot, niega que se pueda comparar "automáticamente" este fenómeno con "el racismo", y refleja una oposición a la llegada de inmigrantes comparable a la que existe en Europa.
Israel empezó la construcción de una barrera de seguridad de 250 km a lo largo de su frontera con Egipto, para impedir la entrada de clandestinos.
El gobierno israelí prevé asimismo crear un gran centro de detención cerca de esta frontera para ubicar a miles de inmigrantes, en momentos en que 35.000 indocumentados han logrado radicarse en Israel desde 2006.
El lunes, en Bat Yam, en la periferia de Tel Aviv, unos 200 residentes locales y militantes de extrema derecha, que acudieron de todo el país, manifestaron a gritos: "¡No permitiremos que los árabes se apoderen de nuestras muchachas!".
Esta manifestación se produjo después de que el ministro del Interior, Eli Yishai, del partido ultraortodoxo sefardí Shass expresara recientemente su inquietud ante el aumento de residentes árabes en Bat Yam, lo que calificó como "amenaza para la identidad judía de la ciudad".
El alcalde de Bat Yam, Shlomo Layani, de 45 años, denunció sin embargo públicamente esta manifestación, y declaró que le producía "vergüenza".
Al día siguiente, centenares de personas se manifestaron en un barrio popular de Tel Aviv exhortando a expulsar a los trabajadores clandestinos llegados de Africa.
Estas denuncias han sido alentadas por un manifiesto de rabinos que a principios de mes llamó a prohibir la venta o el alquiler de casas a los no judíos, lo que afecta en especial a la minoría árabe en Israel. El llamado generó una ola de críticas pero ninguna sanción.
Formaciones de extrema derecha, del entorno del movimiento de inspiración racista Kach (en principio ilegal), exhortaron el jueves por la noche en Jerusalén Oriental a apoyar a esos rabinos.
En este contexto, Netanyahu llamó el miércoles a sus compatriotas a la tolerancia.
"Estamos en un Estado de Derecho, respetamos a todas las personas, sean cuales fueren sus orígenes", subrayó Netanyahu en un mensaje público.
Para la portavoz de la Asociación Israelí para los Derechos Cívicos (ACRI), Ronit Sela, este aumento de la xenofobia se inscribe en un clima general de "deslegitimación" de la minoría árabe y de hostilidad hacia los no judíos, favorecida por la coalición en el poder que incluye a partidos populistas y ultraortodoxos.
Según ella, las tibias reacciones del poder, aunadas a las declaraciones "racistas y xenófobas" de algunos diputados favorecen proyectos de ley discriminatorios, incitando al odio y poniendo en peligro la democracia israelí.
Los árabes israelíes, descendientes de los 160.000 palestinos que permanecieron en sus tierras tras la creación del Estado de Israel en 1948, son más de 1,2 millones, o sea un 20% de la población total de Israel. Estos ciudadanos israelíes sufren discriminaciones, en especial en lo relativo al empleo y la compra de viviendas en localidades judías.
El diario de izquierda Haaretz pidió al presidente Shimon Peres que use su prestigio "para apagar las llamas del odio y del racismo que se propagan por Israel".
En cambio, el diario Yediot Aharonot, niega que se pueda comparar "automáticamente" este fenómeno con "el racismo", y refleja una oposición a la llegada de inmigrantes comparable a la que existe en Europa.
Israel empezó la construcción de una barrera de seguridad de 250 km a lo largo de su frontera con Egipto, para impedir la entrada de clandestinos.
El gobierno israelí prevé asimismo crear un gran centro de detención cerca de esta frontera para ubicar a miles de inmigrantes, en momentos en que 35.000 indocumentados han logrado radicarse en Israel desde 2006.
