Los partidos Fuerza Popular (FP) y Frente Amplio (FA), que representan los extremos derecho e izquierdo respectivamente en el abanico ideológico del Congreso, solo sumaron algunos aliados para llegar a 78 votos, nueve menos de los que se necesitaban para enviar al liberal Kuczynski a su casa.
Fundamental en la jornada fue el parlamentario Kenji Fujimori, de FP pero en rebeldía interna frente al liderazgo de su hermana Keiko, quien no solo se abstuvo sino que logró que nueve de sus correligionarios optaran por la misma vía.
Eso fue clave en el resultado, que dejó además 19 votos en contra de la moción -incluidos todos los 18 del partido oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK)- y 21 abstenciones, encabezadas por el movimiento izquierdista Nuevo Perú (NP), además de "los desertores" fujimoristas.
Kuczynski, de 79 años, era acusado de "incapacidad moral permanente" derivada de su supuesta conducta reiterativa de negar vínculos contractuales con Odebrecht, la gigante de la construcción brasileña, cuyas prácticas de corrupción remecen a 12 países, diez de ellos de América Latina.
La jornada, que se prolongó por cerca de 14 horas, comenzó con la participación del propio Kuczynski y de su abogado, el ex parlamentario y connotado constitucionalista Alberto Borea, quienes hicieron los descargos e insistieron en que la acción era "un golpe de Estado" promovido por FP, partido que le ha hecho radical oposición al Gobierno desde que comenzó el mandato en julio de 2016.
Kuczynski insistió en que si bien es cierto que una consultora de su propiedad, Westfield Capital, prestó servicios a Odebrecht, ello ocurrió cuando él estaba apartado de la firma en la primera mitad de la década pasada, y por tanto recién ahora se enteró de esos nexos.
El presidente admitió ser un desordenado y presentó disculpas por ello ante los peruanos, pero insistió en que a lo largo de sus 57 años de carrera profesional ha sido un hombre honesto.
Tras la presentación del mandatario y de Borea se inició una maratónica sesión en la que más de 100 parlamentarios expusieron sus puntos de vista. FP, FA y el derechista Partido Aprista Peruano fueron los más duros con Kuczynski, mientras que PPK tuvo a cargo la defensa enconada del gobernante.
NP y los partidos centristas Alianza Para el Progreso y Acción Popular también fueron críticos con el presidente, pero advirtieron que lo que estaba en marcha era un plan del fujimorismo para controlar todos los resortes del Estado.
En medio de la polémica, era notoria en los pasillos la desesperación de los legisladores por lograr más votos para sus causas e incluso fueron evidentes los enfrentamientos verbales frente a las cámaras entre Kenji Fujimori y varios de sus compañeros de partido.
Si Kuczynski hubiese sido destituido, el cargo le habría correspondido al primer vicepresidente, Martín Vizcarra, y en caso de que este no aceptara a la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz.
No obstante, el propio Kuczynski había anticipado la noche del miércoles que ni Vizcarra ni Aráoz aceptarían formar parte de un gobierno nacido de "una acción antidemocrática", por lo que la jefatura de Estado hubiera pasado al presidente del Congreso, Luis Galarreta, de FP.
A diferencia de los vicepresidentes, que en caso de haber asumido habrían tenido techo hasta julio de 2021, Galarreta hubiese estado obligado a convocar elecciones generales en 2018, posición que ponía en riesgo los escaños de los actuales parlamentarios.
En paralelo al proceso, en los últimos días, incluido este jueves, Lima fue escenario de movilizaciones populares en contra de la destitución, aunque los participantes, convocados por colectivos cívicos, aclararon que lo suyo no era apoyo a Kuczynski, sino rechazo al fujimorismo, sector que gobernó con mano dura de 1990 a 2000.
Fundamental en la jornada fue el parlamentario Kenji Fujimori, de FP pero en rebeldía interna frente al liderazgo de su hermana Keiko, quien no solo se abstuvo sino que logró que nueve de sus correligionarios optaran por la misma vía.
Eso fue clave en el resultado, que dejó además 19 votos en contra de la moción -incluidos todos los 18 del partido oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK)- y 21 abstenciones, encabezadas por el movimiento izquierdista Nuevo Perú (NP), además de "los desertores" fujimoristas.
Kuczynski, de 79 años, era acusado de "incapacidad moral permanente" derivada de su supuesta conducta reiterativa de negar vínculos contractuales con Odebrecht, la gigante de la construcción brasileña, cuyas prácticas de corrupción remecen a 12 países, diez de ellos de América Latina.
La jornada, que se prolongó por cerca de 14 horas, comenzó con la participación del propio Kuczynski y de su abogado, el ex parlamentario y connotado constitucionalista Alberto Borea, quienes hicieron los descargos e insistieron en que la acción era "un golpe de Estado" promovido por FP, partido que le ha hecho radical oposición al Gobierno desde que comenzó el mandato en julio de 2016.
Kuczynski insistió en que si bien es cierto que una consultora de su propiedad, Westfield Capital, prestó servicios a Odebrecht, ello ocurrió cuando él estaba apartado de la firma en la primera mitad de la década pasada, y por tanto recién ahora se enteró de esos nexos.
El presidente admitió ser un desordenado y presentó disculpas por ello ante los peruanos, pero insistió en que a lo largo de sus 57 años de carrera profesional ha sido un hombre honesto.
Tras la presentación del mandatario y de Borea se inició una maratónica sesión en la que más de 100 parlamentarios expusieron sus puntos de vista. FP, FA y el derechista Partido Aprista Peruano fueron los más duros con Kuczynski, mientras que PPK tuvo a cargo la defensa enconada del gobernante.
NP y los partidos centristas Alianza Para el Progreso y Acción Popular también fueron críticos con el presidente, pero advirtieron que lo que estaba en marcha era un plan del fujimorismo para controlar todos los resortes del Estado.
En medio de la polémica, era notoria en los pasillos la desesperación de los legisladores por lograr más votos para sus causas e incluso fueron evidentes los enfrentamientos verbales frente a las cámaras entre Kenji Fujimori y varios de sus compañeros de partido.
Si Kuczynski hubiese sido destituido, el cargo le habría correspondido al primer vicepresidente, Martín Vizcarra, y en caso de que este no aceptara a la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz.
No obstante, el propio Kuczynski había anticipado la noche del miércoles que ni Vizcarra ni Aráoz aceptarían formar parte de un gobierno nacido de "una acción antidemocrática", por lo que la jefatura de Estado hubiera pasado al presidente del Congreso, Luis Galarreta, de FP.
A diferencia de los vicepresidentes, que en caso de haber asumido habrían tenido techo hasta julio de 2021, Galarreta hubiese estado obligado a convocar elecciones generales en 2018, posición que ponía en riesgo los escaños de los actuales parlamentarios.
En paralelo al proceso, en los últimos días, incluido este jueves, Lima fue escenario de movilizaciones populares en contra de la destitución, aunque los participantes, convocados por colectivos cívicos, aclararon que lo suyo no era apoyo a Kuczynski, sino rechazo al fujimorismo, sector que gobernó con mano dura de 1990 a 2000.